La Confederación de Cámaras Empresariales tuvo el lunes su primera asamblea del año; se reunieron los presidentes de las 26 gremiales que forman la organización, entre ellas las principales del país como la Cámara de Industrias, de la Construcción y la Asociación Rural, entre otras. Allí se realizó “una puesta a punto” del panorama económico, social y político, al tiempo que se analizaron diversos acontecimientos de la realidad nacional.
En una declaración posterior al encuentro, la confederación planteó “su preocupación por la situación que atraviesan los mercados internacionales y que repercute a nivel local”, en referencia a los coletazos del conflicto bélico iniciado por Rusia. Se advierte que “las recientes subas de los productos primarios tienen un efecto directo en los productos procesados”, por lo que se “siguen de cerca las posibles acciones que el gobierno determine para contener la inflación”.
Frente a este panorama, se pide “impulsar la inserción internacional” del país en busca de “nuevos mercados”, además de “promover la obra pública, que genera mucho empleo”, y acompañar las medidas que tiendan a “mejorar los negocios y la competitividad del país”.
En agregado, se menciona que en 2019, en tiempos de campaña electoral, las principales gremiales propusieron “una serie de reformas estructurales impostergables que el Estado debía llevar adelante” para “el avance del país”. Pasado el tiempo, la confederación decidió conformar “un equipo de técnicos especialistas” que “evaluarán los avances que hubo, actualizando propuestas para mejorar los resultados y poder llevar adelante las reformas que aún no se hayan hecho”.
El presidente de la organización empresarial, Juan Martínez, señaló en diálogo con la diaria que algunas reformas pedidas por el sector privado se realizaron, otras “están sometidas a la opinión pública” -en alusión al referéndum sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC)- y otro grupo está “frenado”. Mencionó como pasos “impostergables” procesar “la reforma de la seguridad social, la reforma del Estado, y generar los cimientos para una reforma educativa que prepare y motive a los jóvenes para los nuevos desafíos laborales”. En estos temas consideró que “estamos estancados”.
Consultado sobre si la instancia electoral del 27 de marzo impactará en ese horizonte de reformas, dijo: “No debemos distraernos en temas políticos y todo lo que implica el referéndum, el país debe avanzar. Más allá del resultado electoral, creemos que Uruguay no se puede dar el lujo de seguir demorando reformas indispensables para crecer más, tener más empleo y un mejor nivel de vida”.
La LUC y los combustibles
Entre las medidas recomendadas por el sector empresarial y que se han aplicado, Martínez mencionó la creación de una regla fiscal que limita el gasto público en función del crecimiento de la economía y el déficit fiscal, y la nueva fórmula de ajuste del precio de los combustibles, que “es una manera de transparentar y ordenar las cosas, eliminando subsidios o subvenciones ocultas” en el precio final. En ambos casos se trata de artículos que se encuentran dentro de los 135 que se podrían derogar en el referéndum de triunfar el Sí.
El representante empresarial aclaró que la confederación no fija postura de cara a la votación, “porque la actividad gremial debe ser apolítica, y damos libertad de acción a cada uno”. Igualmente, dejó claro que hay “acuerdo” con los puntos antes mencionados que están sometidos a consulta popular.
Respecto al tema de los combustibles, apuntó que “la coyuntura” internacional, con una suba del barril de petróleo desde inicio del año, “marcó un impacto negativo” que derivó en dos aumentos en febrero y marzo que totalizaron más de cuatro pesos en las naftas y el gasoil. En los meses previos y de acuerdo a la fórmula que toma como referencia el precio de paridad de importación (PPI), también debió haber aumentos, pero el gobierno decidió no trasladarlo al público. “Con este mecanismo o cualquier otro, este o cualquier gobierno debió aumentar los precios; aunque hoy nos dé negativo, entendemos que es el camino”, expresó Martínez.
El sistema elegido por el gobierno e incluido en la LUC prevé ajustes mensuales de los combustibles, y la suba del barril a nivel internacional -situación que se agravó en los días posteriores a la invasión rusa, aunque ayer el valor volvió a ubicarse por debajo de 100 dólares- hace prever un nuevo ajuste al alza a inicios de abril. “Uruguay debe reponer combustibles para su producción y recompra a valores altos, lo que de alguna manera se debe trasladar [al precio final]. Eso pega en un potencial aumento del boleto, de otros precios y le pega al consumidor, por eso debemos trabajar para que el impacto sea lo menor posible. La apuesta debe ser a que los ingresos del Estado vengan por el incremento de las exportaciones por los altos precios internacionales”, manifestó.
En esa línea, Martínez señaló que del diálogo con los presidentes de las cámaras empresariales surgió que los sectores volcados a la exportación están “muy bien” en esta coyuntura, mientras que los abocados al mercado local “no tanto”.
“Un aumento de los combustibles sin dudas va a afectar la producción nacional, suben los costos internos, y acompañado de un dólar a la baja o estable nos hace perder competitividad. Lamentablemente el mercado interno termina pagando las consecuencias de todo esto y el impacto más negativo es en la inflación”, analizó.
Respecto a un eventual acuerdo voluntario de precios entre el gobierno y las cámaras empresariales para contener la suba de los alimentos, Martínez dijo que lo ve “difícil”, porque como medida “tiene un efecto relativo y muy cortoplacista”, además de que “pone en un brete a las pequeñas empresas” que tienen menos margen para absorber costos que las de mayor tamaño.
Aclaración: en la primera versión de esta nota decíamos que la Cámara de Comercio y Servicios integra la CCE, pero no es así. Disculpas a los lectores y a los involucrados.