Se cree que la tradición de una veda electoral existe en el sistema político uruguayo desde los años 40. Al menos hasta ese punto es que encontró registro el historiador Carlos Demasi, aunque cree que debe haber antecedentes en la década del 20. Duraba 24 horas, y no 48, pero el espíritu era el mismo que ahora: un momento de reflexión, para votar con la cabeza despejada, aunque más que nada “era bienvenido el descanso auditivo, porque era la época en que la mayor parte de la publicidad se hacía con parlantes en la calle, camiones y caravanas”, explicó Demasi a la diaria. Un día entero sin bombardeo de información.
“Era una costumbre que todo el mundo respetaba y al mismo tiempo todo el mundo denunciaba violaciones”, contó el docente, y añadió que los diarios también “hacían alguna picardía para meter algo sobre sus partidos”, lo que generalmente también era denunciado. Sin embargo, décadas después, en las caóticas elecciones de 1971, “alguien -no sé quién- de la Corte Electoral descubrió que en realidad ninguna norma establecía expresamente la veda electoral”; es decir, existían ciertas disposiciones de la corte, pero ninguna ley impedía hacer campaña hasta el último momento. “Por lo tanto, en 1971 fue la única vez que yo recuerde que se hizo propaganda hasta el día mismo de la elección”, relató Demasi. Campaña ininterrumpida hasta el momento en que cerraron los circuitos.
Hacia los 80, restablecida la normativa electoral, se promulgó la ley 16.019, que en su primer párrafo deja clara la norma: “La realización de actos de propaganda proselitista en la vía pública o que se oigan o perciban desde ella, o que se efectúen en locales públicos o abiertos al público y en los medios de difusión escrita, radial o televisiva, deberá cesar necesariamente cuarenta y ocho horas antes” del día de la elección.
Durante los 80 y 90 la normativa que regulaba la veda funcionaba bien, tal como en años anteriores. Sin embargo, el advenimiento del siglo XXI y la revolución digital en las formas de comunicarnos dejó la legislación, a entender de algunos, un tanto obsoleta. Para Demasi, por otra parte, el articulado sigue tan vigente como entonces: “Vos elegís conectarte a las redes en plena veda electoral, ver lo que pone un político. No me parece que haya perdido sentido ni tampoco que haya que perseguir a todo aquel que suba algo a una red social”.
No obstante, el ministro de la Corte Electoral José Korzeniak dijo entender que la normativa “necesita una adaptación”, en vista de que, “en función del objetivo y el interés de la norma, está resultando insuficiente”. En primera instancia, porque el régimen de veda electoral no prevé sanciones específicas. “En el período electoral pasado algunos medios de comunicación publicaron encuestas dentro de la veda, y eso está prohibido, pero como no hay sanción, no pasó más de una comunicación de la corte a los medios que las publicaron”, ejemplificó Korzeniak. En segundo lugar, entendió que hay una “imposibilidad” de controles en las redes sociales. “Nada impide que yo difunda en momentos de veda propaganda electoral, cuando en realidad no se podría hacer”, a pesar de que, para el ministro: “Tendría que haber una adecuación normativa para impedir que a través de redes sociales se viole lo dispuesto por las normas”. Sin régimen sancionatorio y sin control en internet, “es verdad que estas normas están quedando obsoletas”.
De todas formas, esto no es un problema típicamente uruguayo. Según Korzeniak: “Es un tema para reflexionar por parte de todos los sistemas electorales del mundo”. La solución, o algo parecido a ella, “tiene que ver con otros mecanismos coadyuvantes”, explicó el jurista, quien entiende que tendría que existir “educación para los electores de tal manera que tuvieran el suficiente criterio para discernir lo que ven en las redes sociales”.
La telaraña
En el discernimiento de lo verdadero y lo falso, justamente, yace el quid de la cuestión de las redes, mucho más grande que una veda de propaganda. “Pierde el sentido”, señaló la periodista Ana Laura Pérez. “Se supone que el sentido que hay detrás, tanto de la veda publicitaria como de la veda alcohólica, tiene que ver con esto del momento de reflexión y de pensar”, explicó, y agregó que además esto se puede ver como un “registro de otra época”, más “paternalista”, una mirada “desde los gobernantes, por la que yo necesito sacarte la propaganda para que vos tengas un rato para pensar y no te confundas, como si fueras un niño”.
Este momento de reflexión y paz mental, para Pérez, ya “no es posible” encontrarlo, y es acá cuando entra la cuestión de los contenidos, su moderación y que “las plataformas no tienen ningún interés en que se aplique legislación de los países donde operan sino que aplican la legislación, los usos y las costumbres de sus países de origen”, lo que resulta difícil de perseguir para la corte. Incluso, si la norma se actualizara, probablemente fuera para ir detrás de individuos puntuales que violaran la veda en sus redes sociales. Para citar uno de los ejemplos que dio Pérez en diálogo con la diaria: “Un dirigente político equis utiliza sus redes para poner un mensaje político durante la veda. Entonces la corte entiende que lo quiere perseguir como un caso, contacta al individuo y eventualmente lo bajará”, pero, ¿y la publicidad paga?, ¿y las cuentas que no tienen información personal? “¿A quién le vas a pedir que baje eso?”, se preguntó la periodista. “Ponele que yo creo una cuenta anónima para hacer correr una publicidad determinada, la corte no sabe de quién es esa cuenta. La plataforma no le va a dar bolilla, porque hay facturación”, añadió.
De todas formas, “si bien ha habido episodios, particularmente en las últimas elecciones”, Pérez entendió que no existen “elementos para pensar que haya habido una alteración de la decisión electoral a partir de la circulación de determinada información” en redes sociales. No obstante, lo que consideró “ridículo” es que, en la sensación de libertad que otorgan las redes, se haga circular información falsa “con la intención de alterar el resultado de las elecciones” y que un medio no pueda publicar una nota, con chequeo de información, por estar atado a la veda. “No sólo no se está respetando la intención original de esa legislación, sino que además se está generando un problema peor”, sentenció Pérez. Otra vez, el discernimiento.
“Lo que me preocupa como periodista es que alguien haga un video diciendo cosas que son mentira y no poder hacer una nota desmintiendo el tema”, sostuvo, y explicó que se produce “una lógica extraña”, en el sentido de que en otros momentos los canales de información tradicionales, como la televisión o la radio, evitaban seguir en tema y alternaban la información entre la cantidad de circuitos y la cantidad de habilitados. Sin embargo, hoy en día “se da que mientras los medios tradicionales se mantienen en ese esquema, por abajo circulan comentarios políticos, opiniones, capturas de encuestas que alguien consigue, muchas veces desde los mismos comandos políticos,y no sabés la veracidad de lo que te llega”, porque son los medios tradicionales los que mantienen los filtros de verificación. De todas formas, Pérez reconoció que “es verdad que uno se satura y la población en algún punto agradece el cambio de tema”.
Respecto de las alternativas, por un lado, la discusión sobre regular las redes sociales “implica cosas mucho más relevantes para los seres humanos y además es muy difícil”, basta con ver ejemplos de lo que ha pasado en el mundo entre países que intentaron regular el contenido de las redes sociales y cómo las multinacionales terminaron perjudicando a los estados. “La otra alternativa es el camino ruso, agarrar y apagar todo, que es un delirio”, sostuvo Pérez.