El directorio de la Caja de Profesionales Universitarios se reunió este jueves para analizar la respuesta del gobierno a las medidas que habían propuesto para dar sustentabilidad a la caja hasta 2026, puesto que se estima que el instituto podría continuar sin cambios solamente hasta 2024.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, declaró a la diaria que, de las seis posibles medidas que presentó la CPU, el gobierno decidió dar su visto bueno a dos, una vinculada a incrementar la tasa de aportación que hacen los activos y otra a crear una contribución cercana a 7% de los ingresos nominales por parte de los pasivos.
Igualmente, señaló que con respecto a la tasa de aportación de los activos se sugirieron algunas modificaciones. La propuesta del directorio era pasar de 16,5% a 18%, y el Poder Ejecutivo propuso elevarlo a 22,5%. Con respecto a este tema, Mieres dijo que el monto del aumento “está en discusión”.
“Nos parece que si la Caja está en crisis, el colectivo de la Caja es el que tiene que asumir el reequilibrio”, señaló el ministro. “La Caja es autónoma, y por tanto su funcionamiento y su equilibrio tienen que ver con el colectivo al que representa”, agregó.
No obstante, la presidenta de la CPU, Virginia Romero, manifestó a la diaria que el directorio decidió rechazar por unanimidad la propuesta del Poder Ejecutivo de aumentar la tasa de aportación gradualmente hasta llegar a 22,5%. La medida que entonces contaría con el visto bueno de ambas partes es la de la contribución de los pasivos.
“Nosotros seguimos en diálogo con el Poder Ejecutivo. Después de que nos presentan esta propuesta, al no aceptarla, le vamos a presentar otras alternativas”, apuntó. Entre las medidas que estuvieron analizando, manejaron la posibilidad de incorporar al proyecto de ley “exprés” que presentarán al Parlamento algún cambio en el modelo paramétrico, algo que habían pensado para más adelante de la reforma. “Siempre hablábamos de que esta era una ley exprés para asegurar la sustentabilidad de la Caja hasta 2026, porque esto es nada más que una medida que permitiría pasar el 2024”, pero se requiere una “reforma verdadera” a largo plazo, expresó Romero.
Las medidas que quedaron por el camino
El gobierno rechazó cuatro posibles medidas, entre ellas, dos vinculadas a los timbres profesionales. Al respecto, Mieres declaró que la idea es “no aumentar los costos a la ciudadanía”. También rechazó cobrar anualmente a los socios declarados en no ejercicio libre de la profesión, porque “no tiene sentido que la gente tenga que hacer un pago anual que, además, no mueve la aguja”. En este sentido, consideró que aplicar esta medida sería “como una penalización”. Finalmente, también se rechazó derivar al instituto lo aportado por el impuesto a la asistencia de la seguridad social de los jubilados profesionales, ya que “tampoco tiene mucha lógica”. Mieres consideró que si la CPU recibiera su “cuota parte” de este impuesto “enseguida” las demás cajas paraestatales irían “a pedir su cuota parte”, y el impuesto terminaría “descuartizado”.
Mieres quedó a la espera de una devolución del directorio acerca de las respuestas que le dio. “A partir de entonces seguiremos avanzando, con la certeza de que tiene que ser rápido porque la Caja necesita una respuesta”, aseveró. En última instancia, en caso de que se llegue a un acuerdo, tanto el instituto como el ministerio presentarán de forma “conjunta” un proyecto de ley al Parlamento.