El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, recibió el lunes en su oficina a la organización autodenominada Familiares de Prisioneros Políticos, en el marco de una serie de reuniones que el grupo -integrado por allegados a procesados y condenados por crímenes de la dictadura- viene realizando desde hace varios meses; por ejemplo, con el presidente de la República, que los recibió el 8 de febrero.
En un comunicado que difundió este jueves, la organización planteó que solicitó a Petit que denuncie públicamente “la falta de garantías y la desigualdad en la aplicación del derecho sustancial a que se ven sometidos los prisioneros políticos”, con el argumento de que sus familiares se encuentran en un “estado de indefensión jurídica, social, física, psíquica y emocional” producto de la reclusión. Consultado por la diaria sobre qué respondió a este pedido, Petit afirmó: “Si no digo públicamente lo que me piden que haga, es porque he decidido no hacerlo. Tan sencillo como eso. Ellos tienen todo el derecho del mundo de pedirme que yo haga o diga una cantidad de cosas; ustedes verán qué pasos damos nosotros. Por ahora, hasta acá estamos”.
Petit no quiso manifestar públicamente su opinión sobre el uso del mote de prisioneros políticos, aunque dijo tener una apreciación que les transmitió en esa reunión a los familiares. “Les comenté lo que me parece, pero no me parece que corresponda hacer un debate”, expresó.
Por otra parte, el comisionado parlamentario señaló que su oficina atiende a la situación de todos los privados de libertad “desde el punto de vista humanitario”, y acotó que visitó “varias veces” la cárcel de Domingo Arena. “El principio de nuestra oficina es que el delito queda afuera y lo que entra es la persona”, manifestó. Aunque consideró que en el caso de la cárcel de Domingo Arena las condiciones de reclusión “son muy razonables”, coincidió con la organización en “el impacto que tiene la cárcel en una persona de edad avanzada, que es real. Aun en una buena cárcel [el privado de libertad] tiene una cantidad de dificultades y una falta de asistencia, de estimulación, de cercanía con los seres queridos y sus pertenencias, que muchas veces genera un proceso de deterioro más acelerado de la persona”.
En línea con lo anterior, Petit planteó que “la legislación actual tiene varios artículos que deberían ser activados, en muchos casos, con más frecuencia” para “poder procesar la atención a las circunstancias sociales que pueden tener, sobre todo, personas de avanzada edad, que obviamente son una población muy vulnerable”. De todos modos, hizo énfasis en que ya “existen las normas para poder habilitar la prisión domiciliaria” y que no comparte el proyecto de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años de forma “automática”. “Les comenté mi posición, les expliqué mi razonamiento de por qué me parecía que no debía ser un mecanismo de oficio, que implicaba de hecho un automatismo, que me parecía que debía ser estudiado caso a caso. Ese caso a caso es lo que humaniza la aplicación de la norma jurídica”, añadió.