Los diputados y abogados de profesión Mario Colman (Partido Nacional), Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Eduardo Lust (Cabildo Abierto) recibieron a la diaria en el despacho del cabildante para hablar sobre el espíritu y los lineamientos del acuerdo en el que están trabajando para reformar el Código del Proceso Penal (CPP), con el propósito de presentar un proyecto de ley antes de fin de año. “El proceso abreviado modifica el concepto de justicia: hoy es llegar a un arreglo, no es llegar a la justicia”, afirma Zubía, en referencia a uno de los ejes centrales del nuevo código de 2017 que pretenden modificar.
Los legisladores oficialistas pretenden revisar también el alcance de las Instrucciones Generales para los fiscales; aumentar las garantías para las partes y determinar un plazo para la acusación fiscal que permita un mayor equilibrio con los plazos de la defensa. Además, analizan cambios en el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y aspiran a que su iniciativa sea el puntapié inicial de una nueva política de Estado. Si bien el tema aún no ha sido discutido en las bancadas, los legisladores tienen luz verde dentro del oficialismo para avanzar en una propuesta de reforma del CPP, y para ampliar el consenso antes de llegar a las comisiones planean abrir el debate a todos los partidos, incluida la oposición.
¿Por qué es necesario reformar el CPP? ¿Qué carencias o problemas identifican en su funcionamiento?
Colman: Nadie está señalando que se va a derogar el régimen acusatorio; estamos hablando de que es perfectible como toda obra humana. Creo que ha tenido un tiempo suficiente para ver qué cosas están bien y qué cosas están mal.
Lust: El diputado Colman y yo nos reunimos con el fiscal de Corte [Juan Gómez] y yo me reuní con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Chediak, que trabajó de puño y letra ese texto [en referencia al CPP vigente]; tampoco es algo que se nos ocurrió. Yo sé que todo es política, pero la postura nuestra es casi estrictamente jurídica.
Zubía: Una cosa es la idealidad en las reformas que hagamos y otra cosa es conectar con la realidad que tiene hoy la Fiscalía General. Ahí yo tengo una visión crítica de la acción del fiscal [Jorge] Díaz, a quien respeto como trabajador, inteligente y corajudo, pero él le ofreció al presidente [Tabaré] Vázquez el cambio de Código con los mismos fiscales que tenemos por el proceso escrito. No podés. Lo que te lleva en el proceso oral una audiencia para un fiscal puede representar dos o tres horas cuando no más, lo que antes el fiscal, por escrito, hacía en cinco minutos. La idealidad que podamos conformar vamos a tratar de bajarla a tierra para que sea potable y posible, e incluso en su momento manejaremos la creación de nuevos cargos o la reasignación.
Colman: En la reunión que tuvimos con el fiscal [de Corte] nos decía que son 657 funcionarios en 102 unidades del país. Ahí hay un déficit de fiscales. El sistema colapsó y se necesita la creación de más turnos, y también se tienen que crear fiscalías de género como contrapartida de los juzgados de género. Yo sigo defendiendo el régimen acusatorio, en el que hay un juez de garantías y un juez de juicio, pero es cierto que hay ciertas tensiones en esto que han derivado en algunos problemas que con perspectiva de una puesta en funcionamiento se pueden ver, como es el tema de las garantías y las Instrucciones Generales, que han sido resoluciones administrativas que terminaron modificando contenido legal, porque han limitado algunos aspectos de garantías o acceso a pruebas por parte de defensores.
Lust: Hay un tema que es clave: el derecho es esencialmente formal y la cuna de las formas son los plazos; no puede haber un error en el plazo. Vos podés discutir si esto fue un hurto o una rapiña, pero no si son 30 o 31 días. Hoy el plazo para acusar, el plazo para investigar, es una creación de los jueces y los fiscales porque han interpretado la ley en el sentido de que tienen un año, y el plazo no surge de ninguna norma. El proceso no tiene plazo, pero sí tiene un plazo el defensor, que son 30 días. Hay un exceso en el plazo que tiene el fiscal. Hemos hablado con autores del Código y algunos de ellos nos han dicho que están arrepentidos de algún texto que sugirieron para que el legislador aprobara. Eso también es un aliciente.
Colman: Estamos hablando de cuando ya pidió la formalización de la investigación, que ya tiene el caso estudiado.
¿Qué otros aspectos les parece necesario reformar?
Lust: La naturaleza jurídica de la Fiscalía, sin demolerla, queremos reverla un poquito. Con las Instrucciones Generales, que son actos administrativos que en la pirámide jurídica están en el suelo, han modificado textos de la ley. Que el fiscal de Corte diga “estos delitos no los investigamos”...
Zubía: Eso es muy grave; el fiscal de Corte se pone por encima del legislador y dice “yo voy a decir los delitos sobre los que hay interés”. Estamos pensando que habría que reestructurar las Instrucciones Generales porque en muchos aspectos llegan a superponerse con el plano legal.
Lust: Con las Instrucciones Generales, además, dependés mucho de la personalidad del fiscal. Díaz con esa herramienta podía decirle al fiscal “mire, esto es así”, y Gómez no. Un fiscal para apartarse de una instrucción tiene que fundarla, y tiene sanción.
Zubía: La instrucción número 10 habla de negociación entre el defensor y el fiscal. Con la nueva integración del Consejo Honorario están en vistas de rever esas instrucciones, y lo que ellos no modifiquen nosotros vamos a proponer modificarlo. ¿Cómo utilizaron la palabra “negociación” en términos de justicia? Semánticamente da una impresión espantosa.
Colman: Estos son puntapiés para escuchar las campanas de todos; son los titulares que se pueden llegar a abordar: Instrucciones Generales, plazos para acusar, garantías del proceso, el juicio abreviado, las declaraciones en la sede policial. Creemos que esto puede ser mejorado, y vamos a escuchar a los diferentes actores. Nosotros tres tenemos la voluntad de caminar hacia mejorar ciertos aspectos en los que hemos advertido que hay dificultades.
Lust: Tenemos que escuchar a los que trabajan. Hay una frase de Rousseau que dice que el legislador es, en principio, incapaz de hacer una ley sabia, y que así como el arquitecto estudia el suelo antes de construir un edificio, el legislador debe consultar al pueblo antes de dictar una norma, para ver si es capaz de soportarla.
Zubía: Que quede claro que vamos a tener en cuenta la situación de necesidad de mano de obra a nivel de los fiscales cuando tratemos este proyecto.
Colman: 5% son juicios orales, el resto son todos acuerdos que se hacen en Fiscalía.
Zubía: [El exministro de la Suprema Corte argentina Eugenio Raúl] Zaffaroni dijo: “antes había procesados sin condena, ahora hay condenados sin juicio”. Que lo diga Zubía, que es el facho... Pero lo dice Zaffaroni. El juicio acusatorio, si bien tiene sus ventajas, en otros países también está con serias dificultades.
El proyecto no se va a quedar, entonces, en una reforma del CPP, sino que plantea una reestructura de la Fiscalía.
Lust: La parte orgánica está incluida en el proyecto, la estructura de Fiscalía hay que verla sin dinamitarla; no se puede derrumbar el edificio, pero se puede hacer un parrillero arriba.
Zubía: Yo voy a proponer una reestructura.
Colman: Yo tengo que llamar a Azucena [Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas] primero.
Zubía: No queremos que nos pase lo de Díaz, que transformó el proceso penal pero se olvidó de que con los mismos fiscales no puede caminar. Vendió al proyecto por ser barato y le salió el tiro por la culata porque empezamos a ver las fallas. Lo otro es mayor garantismo con presencia de jueces.
Lust: Nosotros sabemos que los jueces penales no tienen casi trabajo porque se han convertido en homologadores de los acuerdos y 5% hace el proceso oral; cuando hay uno es noticia.
Zubía: Los fiscales no tienen carga horaria tope, pueden llegar a trabajar 18 horas. El juez y el defensor de oficio, sí.
En cuanto a los procesos abreviados, ¿el problema es el instrumento en sí o es el contexto en el que se enmarca lo que hace que funcione mal?
Zubía: El proceso abreviado modifica el concepto de justicia: hoy es llegar a un arreglo, no es llegar a la justicia. A mi juicio, el instrumento tiene defectos, porque no puede abarcar determinados delitos que no pueden resolverse en tres horas; hoy un homicidio simple se puede resolver en tres horas. ¿En tres horas decreto una prisión de diez años?
Lust: Los abogados ya no te dicen “te voy a defender”, sino “te voy a hacer llegar al mejor acuerdo”.
Zubía: Para mí los delitos importantes no pueden ir por abreviado, hoy hay una fase intermedia entre el abreviado y el oral que es el proceso extraordinario, que es un resumido que la LUC impulsó. Lo ideal sería llegar a procesos intermedios, para que delitos intermedios tengan procedimientos intermedios, los delitos sencillos tengan el proceso abreviado y los delitos gravísimos, el proceso oral, quizá con otra simplificación.
Colman: Hay modificaciones que son mejorables desde el punto de vista técnico y que no requieren mayor inversión o presupuesto, pero somos conscientes de que hay un déficit que viene desde que se implementó esta reforma. Veremos qué es lo posible.
Lust: Hemos sugerido si no estaría bueno que en los delitos de lavado de activos, que necesariamente involucran a narcotraficantes o capitales que vienen del extranjero, no se permita el proceso abreviado, sino que se realice el juicio, y frente al público por lo menos va a quedar que “a estos los juzgan”. Hoy no se puede hacer: el que lava dinero dice “sí, lavé, te dejo esto y me llevo aquello”. Las fiscalías con las que hemos hablado nos dijeron que les parecía muy interesante, pero que hay que nombrar fiscales de lavado de activos que no hay, y tenemos que tener un equipo de economistas. Hablamos con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado [de Activos], que tiene un buen equipo, nos dijeron que estarían dispuestos a poner a colaborar su personal técnico. Es un proyecto de alto vuelo que podría mejorar lo que hemos visto que no está funcionando. La idea es tratar de mejorar, sin pensar que lo que está es horrible.
Ustedes plantean una nueva reducción del proceso abreviado, pero dicen que no hay plata. ¿Qué porcentaje de las causas se van a llevar a juicio?
Lust: Nosotros pretendemos acortar la lista del proceso abreviado. El presupuesto del Poder Judicial es muy bajo, el gobierno tampoco es demasiado generoso; no lo ha sido históricamente. El año pasado la Corte vino a pedir 212.000 dólares para no cerrar 20 juzgados y confiamos en el juzgado y pasó, la Corte no los cerró. Tampoco vamos a pedir algo que sea inviable. El Inisa [Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente] tiene 270 millones de dólares y atiende a 270 niños por período, sale un millón de dólares cada uno. Yo le dije a la directora de CA que podríamos cerrarlo, mandar al niño al Sheraton e inscribirlo en los colegios privados de Carrasco: ese paquete vale 3.000 dólares. El dinero siempre está, hay que buscar la forma de transponer, sin pasar el techo que pone Arbeleche. No hay un tema de falta de dinero.
Colman: Hay líneas de trabajo que estamos comprometidos a abordar y hay otras que surgirán de la discusión.
Zubía: Estamos pensando en algo que tiene un olorcito a política de Estado, de los tres partidos de la coalición, y después eventualmente citar al Frente [Amplio] para que aporte. Queremos tener una concepción de mayor amplitud.
Lust: La Fiscalía tiene 657 funcionarios, 40 sedes y 30 vehículos, si este proyecto encarece algo no puede ser demasiado. El Poder Judicial tiene el dinero y la estructura para hacer el juicio, nunca dijo “yo no lo puedo hacer”, porque tiene los jueces, tiene el personal y todo el tablado armado.
Zubía: Otro tema es hasta dónde es aleatoria la designación y hasta dónde es voluntaria la designación del departamento sometido al fiscal de Corte. Ese es un tema tenebroso; no es que te toque al azar, hay un departamento que dice “este tema para tal fiscal”.
Lust: Hay compensaciones, hay de todo.
Zubía: Todo viene de que Díaz obtuvo una discrecionalidad muy grande y en esa discrecionalidad se generan problemas. No juzgo su figura histórica, pero el parto ya pasó.
La creación de cargos tiene que salir del Ejecutivo, no la pueden incluir en su proyecto.
Lust: Sí, [debe incluirse] en la Rendición de Cuentas o en el Presupuesto.
¿Qué les preocupa del rol de la confesión en los procesos abreviados?
Zubía: La doctrina en el anterior Código planteaba la confesión como un elemento probatorio de dudosa validez, porque la Policía apremiaba al individuo y la confesión era una prueba oscura. En el Código actual la confesión es la madre de la evidencia. Hoy no es la Policía la que apremia, pero hay un fiscal que dice: “Si no confiesa, la pena suya se va a ir al doble”. Hay que ponerse en posiciones racionales: una cosa es confesar un homicidio y otra es confesar un hurto.
Lust: Hay gente que dice: “Yo confieso, soluciono una cantidad de cosas con la confesión”, aunque mienta.
Zubía: Una anécdota: llega un chiquilín a decir: “Yo fui el que rapiñó en tal lugar”, la señora le mira la campera y dice “sí, es esa”. Lo ponemos en el espejo y la señora [la víctima] dice que el día de la rapiña la tenía cerrada. Le pedimos que se la cierre y no le cierra. Después de una larga indagatoria confiesa que era el primo: le habían pagado como sicario de cárcel para ir por el primo. ¿Esa anécdota no les genera algún tipo de duda sobre el proceso abreviado? Otro tema para discutir es la valoración de la prueba en temas de género. Se puede comprender las dos posiciones y es un tema que no está directamente vinculado con el proceso, pero sí en materia probatoria, vinculado a los delitos contra la mujer o contra los niños.
Lust: En este tema hay in dubio pro mujer, lo dijo el presidente de la Corte.
¿Con Díaz, el exfiscal de Corte, han hablado?
Lust: Yo no hablé con Díaz, pero es ineludible hablar con él, no es un enemigo nuestro.
Colman: Yo he hablado mucho y podría volver a hablar; capaz que es un tipo que está enamorado de su proyecto, pero también puede ser autocrítico.
Zubía: Yo le voy a pedir una entrevista a Díaz y vamos a compartir un café.
¿Creen que el proyecto puede salir en este período?
Lust: Tiene que salir, aunque sea que se vote en contra.
Zubía: La buena fe tiñe nuestra conducta porque estamos buscando la modificación de un proceso después de que pasó la LUC, no hay un alcance político inmediato.
Lust: El texto está, no tenemos que arrancar de cero, todos tenemos temas e los que coincidimos y algunos en los que tenemos diferencias, pero que tampoco nos cambian la vida. Podemos llegar a fin de año con un producto y después tenemos 2023 y 2024 para hacerlo más oficial y llevarlo a las comisiones. Tiempo tenemos.
Colman: La gente con la que he hablado ha estado bien dispuesta. No he hablado con nadie que me diga que el Código está perfecto. Abogados amigos, de izquierda y de derecha, todos te dicen lo mismo: hay cosas que hay que mejorar.