En la noche del último domingo, sin resultados finales sobre el referéndum pero con una tendencia que mostraba que el Sí no alcanzaría los votos necesarios, tanto el presidente Luis Lacalle Pou en su conferencia de prensa como Fernando Pereira, que lideró, primero desde el PIT-CNT y luego desde el Frente Amplio (FA), la campaña para la derogación parcial de la ley de urgente consideración (LUC), pusieron el tema sobre la mesa: la próxima gran definición del país y asunto de discusión política será la reforma de la seguridad social.
Fue algo anunciado desde la campaña electoral con distintas propuestas por parte de todos los partidos, y el gobierno al asumir marcó los plazos, que pretendía que fueran ágiles: la LUC creó una comisión de expertos que en el borrador del proyecto tenía como plazo de actuación diciembre de 2021, y en la negociación con los socios de la coalición se limitó a dos períodos de 90 días –así salió del Parlamento–. De todas formas, se votaron varias prórrogas y el trabajo terminó durando 13 meses, y finalizó efectivamente a finales de 2021, cuando se aprobó un documento con recomendaciones.
Tanto al finalizar la primera parte del trabajo del grupo de 15 expertos, que fueron designados por partidos y sectores sociales, como al culminar el documento final, que se votó ya con el referéndum en el horizonte, las posiciones se mantuvieron incambiadas: nueve votos de la coalición y el de los empresarios, por un lado, los tres del FA más el PIT-CNT y la organización de jubilados por otro. Estos últimos realizaron variadas críticas a las recomendaciones y visiones que incorporó el documento aprobado por el oficialismo.
Sobre esa base trabaja ahora el Poder Ejecutivo, que prevé enviar en las próximas semanas un proyecto de ley al Parlamento. En los temas previsionales, el Ejecutivo tiene iniciativa privativa, por lo que se trata de leyes que no pueden ser revocadas vía referéndum, y un plebiscito para modificar la Constitución y dejar sin efecto total o parcialmente la reforma tendría la dificultad de que la población se expediría en 2024 sobre una ley que ya fue aplicada y generó consecuencias.
Bajo esta coyuntura, se abren varios caminos a nivel político y los actores de los distintos partidos ya están viendo el tablero y cómo se moverán las fichas, siendo que cada postura desencadena hechos posteriores. Así surge de una ronda de consultas que realizó la diaria con distintas figuras de los partidos de cara a la reforma previsional.
Coalición: los “riesgos” electorales y los “moderados” del FA
En los días pos referéndum hubo dos frases que resonaron en el ámbito político y están ligadas al futuro debate previsional. El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dijo en un diálogo informal en el comando del No que captó el diario El País que con el resultado electoral “lo bueno es que a todos nos pone nerviosos; somos conscientes de que con cualquier error perdemos [en 2024]”.
A su vez, el senador blanco Jorge Gandini dijo en Fácil Desviarse en Del Sol FM que tenía “dudas” sobre el escenario político hacia la reforma, porque sin acuerdos con el FA el gobierno debería asumir los costos: “El sueño del pibe del FA es que votemos una ley antipática”, que eso influya electoralmente en 2024, y después “disfrutar” los beneficios de la reforma en términos de las finanzas públicas.
La idea de Gandini es vista con atención en la coalición, que calibra ese escenario sin perder de vista y dejar de remarcar que se trata de una reforma prioritaria y que está dentro de los compromisos para el período. “Siendo sincero el tema político está siempre sobre la mesa” al debatir asuntos tan prioritarios y con tanta sensibilidad social, “máxime cuando se acerca la elección” de 2024, dijo a la diaria el senador de CA Guillermo Domenech. Puso el énfasis en que cualquier reforma debe salir con “amplio consenso de todos los partidos políticos” y que debe apuntarse a una equidad: “Que no haya jubilaciones de privilegio y tampoco de miseria”.
El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez, al igual que Domenech, remarcó que están a la espera del proyecto que surja del gobierno, y que los socios de la coalición darán una devolución, lo que sugiere que puede haber cambios tanto en lo previo como luego dentro de la negociación parlamentaria. Resta definir por qué cámara ingresará el proyecto, y si habrá una comisión especial para tratarlo o se fusionarán comisiones ya existentes.
“El riesgo electoral siempre existe, pero hoy el compromiso con la reforma es el mismo que al comienzo del gobierno”, dijo Rodríguez del PC. En ese marco, recordó que, tanto el expresidente Tabaré Vázquez como el exministro de Economía Danilo Astori, afirmaron en el período pasado la necesidad de hacer cambios previsionales, y planteó como llamativo que hoy “haya actores del FA que se quieren alejar de la posibilidad de una reforma”. Sostuvo que “ya están haciendo oposición” incluso antes de conocer el proyecto de ley, “utilizando la reforma desde un punto de vista político”.
Por esa misma línea fue Gandini, quien dijo a la diaria que, en virtud del referéndum y otros acontecimientos políticos, hay “una mayor influencia que antes” en el FA de las “corrientes más duras” del movimiento sindical.
“No se puede negar que cuanto más lejos [del ciclo electoral] mejor” para discutir una reforma, expresó Gandini. Igualmente, marcó que los cambios “se enfocarán en hacer al sistema sustentable en lo financiero”, lo que incluye medidas “que no necesariamente son las más populares”, por lo que se requiere “un sentido de Estado; si lo medimos desde el lado de la oportunidad [electoral], va a ser difícil encontrar acuerdos”.
Agregó que a diferencia de una reforma impositiva, donde el gobierno de turno ve crecer la recaudación, en este caso los potenciales alivios en las finanzas públicas por la reforma “lo van a ver el próximo gobierno y los siguientes”, entonces “la lógica” que debe primar es que cualquiera “que quiera gobernar debe saber que este es un problema que si no se resuelve ahora se agravará”. A su entender, lo más sensato “es hacer la reforma ahora, así gane el que gane [en 2024] ya tiene esto resuelto y encaminado”.
Rodríguez del PC recordó que en 1995, cuando se debatió la última gran reforma del sistema previsional –que, por ejemplo, creó las AFAP–, hubo “un apoyo tácito del astorismo” y también votos del Nuevo Espacio, entonces liderado por Rafael Michelini. “Esta es una instancia dentro del FA para que los moderados se muestren capaces de articular asuntos importantes. Sería algo bueno para el país contar con el apoyo de algunos sectores del FA, porque ensancharía la base de legitimación de la reforma”, expresó.
Para el FA, “la pelota” la tiene el gobierno
En la oposición predominan las visiones críticas con el proceso previo a la reforma que decidió encarar el gobierno. Los exministros Mario Bergara y Eduardo Brenta, hoy en el Senado –el segundo como suplente–, repasaron que en la comisión técnica de 15 miembros hubo una etapa inicial con intercambios entre las partes, y una segunda en la que se elaboró el documento con recomendaciones sólo por parte del oficialismo. Por esto, entienden que ese trabajo previo no tiene un amplio apoyo social y político para ser la base de la futura reforma.
“El FA hoy se para con una postura de discutir e intercambiar sobre este tema tan relevante, sobre la base de que hay una necesidad de abordar el tema de la seguridad social. Es razonable discutir en el Parlamento esto, pero el gobierno es mano”, manifestó Bergara. Sostuvo que “es necesaria una reforma”, pero debe verse “cuál” es la propuesta del gobierno y, fundamentalmente, “si incorpora criterios análogos para todos los institutos de seguridad social”. En el documento que emitió tras el trabajo del comité técnico, el FA cuestionó las escasas medidas para la Caja Militar, el subsistema con los números más deficitarios. “Sin ese eje va a ser difícil poder dialogar sobre el conjunto”, afirmó.
Brenta subrayó que “la responsabilidad [para avanzar en la reforma] claramente es del gobierno”, y es el que “tiene la pelota” en estos momentos. “El gobierno tiene mayorías y tiene que decidir primero en el seno de la coalición si lleva adelante un proyecto como el borrador [que surgió del grupo de técnicos] o lo guarda para evitar un eventual daño electoral. Esto último sería contradictorio con el discurso del presidente”, evaluó.
Complementó que el FA actuará “responsablemente” en el marco del debate parlamentario, bajo la base de que “no coincide” con medidas que forman parte de las recomendaciones surgidas del grupo técnico, como “subir la edad de retiro y reducir la tasa de reemplazo [el monto sobre el sueldo base que recibe una persona al jubilarse], porque son medidas regresivas que no se adaptan al nuevo mundo del trabajo”.
Domenech de CA se refirió al asunto de la edad de retiro –en el documento del oficialismo se recomienda una suba de 60 a 65 años de forma gradual, con un período de transición– y planteó: “Hay situaciones especiales. A un oficinista se le puede pedir un retiro a los 65 años, pero no es razonable para un trabajador de la construcción, que debe tener condiciones físicas particulares”.
Sobre los tiempos electorales del debate, Bergara aseguró que “son elementos de resorte del gobierno”, que debe definir “el momento para enviar el proyecto y su contenido”. El senador opinó que si bien “el gobierno tiene los votos para aprobar el sistema que quiera” en virtud de la mayoría parlamentaria, “este es un problema suficientemente relevante para procurar la mayor cantidad de acuerdos posibles”.
Para el exministro de Trabajo, las posiciones que tomaron los socios de la coalición luego del referéndum podrían plantear un escenario “con dificultades para avanzar en una reforma de estas características”, y marcó que en su opinión el gobierno no ha podido impulsar ninguna “reforma profunda” en el período. Acerca de las diferencias, dijo que CA está mostrando “una suerte de agenda propia” y analizó: “La impresión que tengo es que si dependiera de CA, no hay reforma”.
Domenech también habló acerca de los tiempos para zanjar este debate, mencionando antes en el orden de prioridades para la coalición resolver “el tema de la escalada de precios; primero hay que estabilizar la economía y la economía de los ciudadanos, y después sí ver temas tan difíciles como la previsión social”.