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Daniel García Pintos y Raúl Mermot al finalizar el acto en la Plaza de la Bandera.

Foto: Federico Gutiérrez

Manifestantes piden a Lacalle Pou que decrete como fecha oficial el homenaje “a los caídos en defensa de las instituciones democráticas”

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Este jueves se realizó un acto en la plaza de la Bandera, que contó con la presencia del expresidente Julio María Sanguinetti, legisladores de Cabildo Abierto y Daniel García Pintos.

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Leído por Andrés Alba.
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Este jueves se realizó un acto en homenaje al “Día de los Caídos en la Lucha por la Defensa de las Instituciones Democráticas”, que se conmemoró desde 1985 hasta 2006, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez emitió un decreto para dejar sin efecto la anterior disposición firmada por Julio María Sanguinetti, que había instaurado de forma oficial dicha conmemoración.

El exdiputado colorado Daniel García Pintos, quien encabezó el homenaje en la plaza de la Bandera, opinó que el próximo año el presidente Luis Lacalle Pou debería estar presente. “Es el Estado el que debe reconocerle lo que hicieron por nuestros muertos, defendiendo las instituciones democráticas y la República. (Debe hacer) un homenaje a sus empleados, que dieron la vida para defendernos a todos”, expresó en rueda de prensa, según consignó Telemundo,

Participaron en el acto integrantes del Centro de Estudio de Derechos Humanos del Uruguay –novel grupo conformado, entre otras personas, por García Pintos y Graciela Rompani, viuda del expresidente Jorge Pacheco Areco–, de la Asociación Toda la Verdad y de la organización Familiares de “Prisioneros Políticos”, vinculada a procesados y condenados por crímenes de la dictadura que están recluidos en la cárcel de Domingo Arena. También estuvo presente el secretario general del PC y expresidente, Julio María Sanguinetti, y los senadores de Cabildo Abierto Raúl Lozano y Guillermo Domenech.

García Pintos criticó a la Justicia y, en especial, al fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien aplica la “máquina del tiempo de las pruebas y de los testigos” a los militares procesados por delitos durante la dictadura y los juzga a partir de “indicios”. “Una vez mandaron preso a uno porque un supuesto testigo dijo que lo recordaba porque tenía los ojos claros. Es terrible. La Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad no tiene razón de ser en nuestro país”, señaló.

Para el exdiputado, que hasta hace poco integraba las filas de CA pero se define como colorado y pachequista, “ahora a nuestros presos políticos, que fueron quienes defendieron las instituciones, todos viejos, (...) los procesan por delitos comunes pero hablan de lesa humanidad. (...) No pueden ir a esperar a un nieto a la puerta de la escuela. Es terrible, gente que no cometió ningún delito. Les aplican delitos comunes que prescribieron hace 20 años pero marchan presos igual mientras siguen las investigaciones”.

A su juicio, la coalición debe aprobar un proyecto de ley para que no puedan ir a prisión. Sobre el proyecto de CA que propone la prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles, y que beneficiaría en especial a los represores presos en Domingo Arena, opinó: “La prisión domiciliaria es importante y ayuda, pero hay un tema: cambian una cárcel por otra”.

En la misma línea opinó la diputada de CA Elsa Capillera, quien concurrió al acto y dijo a la diaria: “no puede ser que después de 50 años sigamos en la misma”. “La gente que no encuentra a sus desaparecidos y otros que van presos injustamente. Hay culpables, no voy a decir que los militares no fueron culpables de algunas cosas, pero no todos”, apuntó. La diputada contó que este jueves leyó un dictamen en el que figura la declaración de una persona sobreviviente del terrorismo de Estado que dijo que su victimario “tenía los ojos igual a los que tenía en esa época, pero ni siquiera sabía el nombre ni nada. El que les abría el portón para ir al patio está preso hoy, que no tenía nada que ver con las cosas que pasaron. Me parece que eso es lo injusto”, señaló.

La conmemoración surge a raíz de los hechos sucedidos el 14 de abril de 1972. Ese día el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) mató al subcomisario Oscar Delega y a su chófer, el agente Carlos Leites, en las calles Rivera y Soca, y organizó un atentado en Las Piedras que dio muerte al capitán de corbeta de la Armada Ernesto Motto. También el MLN asesinó al exsubsecretario del Interior Armando Acosta y Lara. Los tres eran acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte. Ese mismo día, las Fuerzas Conjuntas (militares y policías) mataron a seis integrantes del MLN.

El presidente Juan María Bordaberry pidió al Parlamento que declare el “estado de guerra interno” y, en el período de facto, en 1975, decretó el 14 de abril como el “Día de los caídos en la lucha contra la sedición”. Cuando asumió como presidente en 1985, Sanguinetti decretó oficialmente la conmemoración, pero le cambió el nombre y pasó a ser el “Día de los Caídos en la Lucha por la Defensa de las Instituciones Democráticas”.

Capillera explicó que estos hechos son “parte de la historia y uno no la puede borrar” y contó que asistió al acto para informarse sobre lo que pasó, porque como legisladora tiene que “conocer las dos partes. “Creo que está bueno saber e informarse sobre cuáles fueron las cosas que realmente pasaron. Yo tengo 50 años [y no tengo] ni idea de lo que pasó. Ahora que estamos en esta situación y en este lugar que ocupamos, me parece que es muy importante conocer las dos partes”, manifestó.

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