El sábado a las 10.30 estudiantes de Magisterio se encontraban realizando pintadas en la fachada del centro educativo. La intención: reclamar con pintura por más presupuesto, darle la bienvenida a la generación 2022, manifestar su postura en contra de la censura y escribir la frase que muchas veces se encontró en las paredes de los institutos normales María Stagnero de Munar y Joaquín R Sánchez: “No seremos maestras al servicio del privilegio, seremos maestras al servicio del pueblo”.
Pero según narró a la diaria Elina Moreno, integrante del Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), la intención se vio interrumpida 20 minutos después, a las 10.50, cuando dos patrulleros arribaron a la sede de Magisterio, en la calle Soriano y Minas. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a la diaria que la denuncia a la Policía fue efectuada por la directora del centro educativo, Edilia Pozzo.
En el lugar había alrededor de 20 estudiantes, no sólo de Magisterio sino también de otros centros, y los policías eran cuatro: dos varones y dos mujeres. Moreno contó que los uniformados manifestaron que estaban “en falta” por pintar “un edificio público” y solicitaron los datos de una persona “que se hiciera responsable”. “Pero en principio nuestra respuesta fue negativa a dar los datos porque no queríamos pasar por lo del año pasado del juzgado. Nos aseguraron que no íbamos a declarar, pero que tenían que dejar un acta de por qué los habían llamado”, explicó.
De acuerdo a Moreno, ante la negativa de los presentes, los policías manifestaron que iban a llamar a más patrulleros y que el acto podría considerarse desacato. En consecuencia, los estudiantes decidieron en conjunto dar los datos, pero sólo tomaron los de seis personas. La demanda de refuerzos se canceló. De todas formas, los policías argumentaron que, a pedido del juez, tenían que ir a la comisaría a declarar. Fue así que, poco después de las 11.00, mientras la Policía Científica fue al centro para tomar fotografías de la fachada, tres estudiantes se dirigieron a la seccional 2ª. Ante la falta de abogados presentes, no dieron declaraciones, firmaron y ahora aguardan a ser llamadas a declarar en el correr de la semana.
“Es bastante impactante que tenga que venir la Policía a algo que era realmente muy pacífico y que se ha hecho históricamente en Magisterio”, afirmó Moreno. Si bien dijo que no les sorprendió, apuntó que es “bastante violento simbólicamente”. En una línea similar, la consejera estudiantil del Consejo de Formación en Educación, Génesis Gallardo, dijo a la diaria que “hay una deslegitimación del papel de la comunidad educativa y los estudiantes respecto a los edificios que habitan”. Para Gallardo, “desde el discurso oficial se pasa por arriba lo que los estudiantes quieren decir”. “Los muros son una herramienta de expresión, y desconocer eso apelando a un marco legal es olvidar la historia”, resaltó.
Entre la libertad de expresión y lo impoluto
Para Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, los muros “no son muros: son las fachadas de establecimientos públicos”. En diálogo con la diaria explicó que se está desarrollando un plan llamado “Recuperación de edificios emblemáticos de la educación”, que con una inversión de 1.200 millones de pesos –entre este año y parte de 2023– implica la limpieza y pintura de las fachadas, además de arreglos en las infraestructuras.
En contraposición, Moreno señaló que, tras la vuelta completa a la presencialidad, en diversos centros se evidencian “techos que se llueven, ventanas rotas, estudiantes que pasan frío”, además de que “se dan becas a muy pocas personas, y muchas compañeras dejan de estudiar” por esa ausencia. “La inversión que hacen es en tapar los muros y no en arreglar las condiciones”, apuntó.
Silva se puso al tanto de la situación de Magisterio luego de que el senador por el Frente Amplio Sebastián Sabini denunciara el hecho en Twitter. “El gobierno criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión”, escribió el senador.
Hoy sábado, estudiantes de magisterio estaban realizando una pintada, les pidieron los datos y que tenían que ir a declarar bajo amenaza de desacato, fueron a jefatura y firmaron.
— Sebastián Sabini (@tatisabini) April 2, 2022
El gobierno criminaliza la protesta social y recorta la libertad de expresión. pic.twitter.com/Aluhisy0ai
En conversación con la diaria Sabini remarcó que “lo más cuestionable” es que la Policía haya intervenido a pedido de la institución. Para el senador, llamar a la Policía con el fin de “parar una pintada es la peor decisión que se puede tomar en un centro educativo”. En ese sentido, remarcó que si el suceso hubiera sido catalogado como desacato, luego los estudiantes “no pueden ejercer la docencia en las instituciones públicas: hay que medir cuáles pueden ser las consecuencias de una denuncia de ese tipo”, puntualizó.
Tanto el senador como las estudiantes hablan de “persecución” y ataques a la libertad de expresión. Sin embargo, Silva manifestó: “Yo desafío a cualquier estudiante o a cualquier docente a que demuestre si hay persecución, porque lisa y llanamente no la hay”, y agregó que “no hay una oposición entre respetar la fachada y afectar la libertad de expresión”.