Con una reforma legal sobre la mesa a propuesta de la coalición multicolor, que ha sido muy crítica con la gestión de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en lo que va del período de gobierno, las organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos comienzan a analizar posibles candidaturas para el próximo Consejo Directivo, que deberá asumir en setiembre.
El artículo 39 de la Ley 18.446, que creó el organismo, establece que “podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos”, y el 41 habilita la reelección inmediata por un período; incluso, la norma plantea que se procurará que algunos integrantes del Consejo Directivo “sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH”.
Los miembros del Consejo Directivo son elegidos en principio por dos tercios del total de componentes de la Asamblea General, pero si no se alcanza esa mayoría especial para cubrir todos los cargos en dos votaciones sucesivas, el proceso comienza de nuevo y basta con la mayoría absoluta del total de componentes. Esto fue lo que sucedió en la elección del primer Consejo Directivo, en 2012, cuando los cuatro directores propuestos habían sido votados por mayoría especial, salvo la exfiscal Mirtha Guianze, por lo que fueron necesarias tres sesiones. En la última votación del Consejo Directivo, en 2017, hubo acuerdo político, y fueron votados en una primera instancia.
Son varias las organizaciones sociales que ven con buenos ojos la posibilidad de que los actuales directores Wilder Tayler y Mariana Mota continúen en el cargo por otros cinco años, sobre todo, por la evaluación positiva que hacen de su trabajo en la búsqueda de detenidos desaparecidos. El Consejo de la Fundación Mario Benedetti informó en una declaración a la que accedió la diaria que avala “la continuidad de Mariana Motta y Wilder Tayler para garantizar la continuidad del trabajo realizado y su correcta transición”, en el entendido de que “la actuación de la INDDHH es muy positiva, en especial, respecto de la colaboración con la investigación de los delitos referidos a detenidos desaparecidos y violaciones de otros derechos humanos”.
Por otra parte, el Consejo de la fundación plantea que “las reformas respecto del organismo deben surgir del seno de la institución”, y estima que “resulta importante para reforzar el trabajo que se realiza contar con una infraestructura edilicia en todo el territorio que facilite las acciones fuera de la capital”.
Crysol, incluso, planteó en una carta que envió al presidente Luis Lacalle Pou su intención de que Tayler y Mota continúen encabezando el trabajo de las excavaciones si no llegan a ser reelectos. En diálogo con la diaria, el presidente de la asociación de ex presos políticos, Gastón Grisoni, ratificó que Crysol “respalda” el trabajo de Tayler y Mota y está afín a su continuidad, pero también informó que a nivel del colectivo manejan el nombre de Daoiz Uriarte, exdiputado frenteamplista, como posible candidato “propio”.
Grisoni señaló que la idea surgió del propio Uriarte, que pidió “respaldo” a la asociación, con la que tiene un vínculo de larga data. Uriarte es un ex preso político “vinculado a la INDDHH desde hace muchos años” y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República, recordó Grisoni, por lo que opinó que “puede ser una gran contribución”. No obstante, aclaró que la idea de Crysol es ampliar la discusión sobre los nombres a otras organizaciones, y destacó también que “tiene que haber candidaturas equilibradas incluso desde el punto de vista del género”.
Grisoni hizo hincapié en la necesidad de formar “espacios de diálogo e intercambio de opinión para tratar de llevar adelante posturas comunes, que unifiquen y fortalezcan” a las organizaciones sociales “en un contexto muy negativo, donde lo que está en riesgo es la continuidad de la INDDHH o un vaciamiento sustancial”. Explicó que este contexto negativo se refleja en la “intención declarada de Cabildo Abierto de eliminarla [la institución]”, que “marca la cancha en muchos aspectos al actual gobierno”.
Familiares ve con “preocupación” ideas de “quitar potestades”
Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo a la diaria que la asociación promoverá que Tayler y Mota sigan en el directorio de la INDDHH “si se mantienen las reglas de juego actuales” en su funcionamiento, pero aclaró que procuran conocer el contenido de la reforma que tiene en mente la coalición antes de plantear candidaturas, “porque para nada sirve que sigan a cargo de la búsqueda sin potestades para investigar”. En ese sentido, Errandonea adelantó que Familiares no va a proponer candidaturas “si se le recortan las potestades a la institución y queda como un elemento decorativo”, porque “no está dispuesta a avalar un cambio así”.
Errandonea, que es hermano de Juan Pablo Errandonea, detenido desaparecido en Argentina en 1976, aseguró que ve con “preocupación” la inminente reforma a la ley que creó la INDDHH, con base en las afirmaciones públicas de algunos políticos. “Pensamos que la INDDHH es una conquista social y que si es una modificación para perfeccionarla, para mejorar cosas, bienvenida sea, pero nos preocupan declaraciones de muchos legisladores que hablan de quitarle potestades”, sostuvo.
En general, Errandonea hizo una valoración “positiva” de los diez años de funcionamiento de la institución, y consideró que “ha sido importante en la medida en que ha marcado jalones y observado, con total independencia, funcionamientos incorrectos del Estado” cuando “no se respetan los derechos humanos”. En tanto, sobre las tareas de búsqueda que le confiere la ley, identificó algunas limitaciones por la falta de colaboración del Poder Ejecutivo, que “se compromete con la búsqueda de los detenidos desaparecidos pero hasta el día de hoy, que llevamos décadas buscando, no se les ha exigido a las Fuerzas Armadas decir la verdad, abrir todos los archivos y decirnos todo lo que pasó”, analizó, y subrayó que la INDDHH eso “no lo puede hacer, porque, en definitiva, la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas es el presidente en conjunto con el ministro de Defensa”.
“Defender la institucionalidad”
La secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, también manifestó su postura afín a la continuidad de Tayler y Mota, a quienes definió como “dos directores comprometidos con las causas de derechos humanos”. En conversación con la diaria, dijo que “sería muy importante que pudieran continuar una política que está recién encaminada, porque la institución es muy nueva”, y que sostenerlos, “con todo su conocimiento y con todo su compromiso con relación a las causas de los derechos humanos, sería muy importante”. Sin perjuicio de esto, aclaró que la secretaría procurará coordinar a nivel del Observatorio Luz Ibarburu “para salir con una voz común”.
También remarcó que es “fundamental defender la institucionalidad y que no cambie [el funcionamiento de la INDDHH] según las autoridades de turno”, lo cual, señaló, “es uno de los riesgos que se viven ahora en la elección de nuevas autoridades”. “Entendemos que es importante que haya una dirección que siga trabajando con el perfil que se ha trabajado y que tenga compromiso con las causas que se vienen llevando adelante”, afirmó Aguirre.
La dirigente sindical se refirió a las declaraciones del presidente de CA, el senador Guillermo Domenech, quien planteó que pese a que la intención de su partido es eliminar la institución, si se mantiene como tal, les gustaría tener un representante en el organismo “para imponer una nueva política”. Al respecto, Aguirre dijo que estas afirmaciones le generan “mucha preocupación, porque CA es un partido que oficialmente y públicamente está haciendo apología del terrorismo de Estado”, ante lo cual dijo que espera que el poder político no sea “tan contradictorio de poner dentro del directorio de una institución que tiene que defender los derechos humanos a alguien que se expide a favor de violarlos”.
Tayler: “No es el momento de discutir una reforma estructural”
Consultada por la diaria sobre la posibilidad de su reelección, Mota se limitó a señalar que tiene “como postura” no negarse a “la propuesta de los colectivos” que la quieren al frente de la INDDHH por otro período, pero resaltó que ha “insistido en que propongan otros nombres”, en el entendido de que “es muy improbable que pueda ir por un segundo periodo”, dada la composición del Parlamento con mayoría de la coalición.
En tanto, Tayler ratificó que su “compromiso” y el de Mota “con el tema desaparecidos es muy firme”, pero coincidió con la exjueza en que las posibilidades de que lo puedan reelegir “son remotas”. “Me doy toda la flexibilidad del mundo tanto para presentarme como no”, aseveró, y aclaró que puede influir en su decisión el contenido de la reforma de la ley: “Hay que saber a qué vas a contribuir y a qué no”, expresó. Por otro lado, recalcó la necesidad de que la competencia de la búsqueda siga en la institución: “hay un presupuesto aprobado por lo menos para cinco años y es importante que se honre este trabajo”.
Tayler explicó que las dificultades de una eventual reelección son evidentes: “Para hechos notorios no se requiere prueba. Es obvio que hay un grado de animadversión y de partidización de la INDDHH en los discursos que hemos visto por parte de las mayorías parlamentarias que no se compadecen con lo que puede ser una actitud como la que hemos tenido, que fue independiente de poderes políticos”. En agregado, consideró que ciertos actores políticos “quieren domesticar a la institución”. Por lo tanto, el abogado opinó que en “en medio del debate actual, de los ataques absolutamente furiosos que se han visto contra la institución, no es el momento de discutir una reforma estructural” porque “no puede salir algo bueno”.