Ante el déficit que atraviesa la Caja de Profesionales, por el cual se prevé que en 2024 ya no habría fondos para pagar las pasividades, el directorio del instituto y el Poder Ejecutivo acordaron el 24 de mayo conformar una comisión de trabajo con el objetivo de redactar un anteproyecto de ley de reforma. El plazo que se habían propuesto inicialmente era de un mes pero, al cumplirse ese tiempo, son varias las fuentes del directorio que indican que aún “no hay nada concreto”, que la discusión “no marcha mucho” y que las posiciones están “un poco lejos”. Otras voces entienden que, si bien el diálogo con el gobierno “se está estirando”, se viene “trabajando bien, tratando de ir sobre seguro”.
Según supo la diaria, en el directorio se acordó que hasta que no haya “un grado mayor de avance” en las negociaciones -que son con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, el de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto- no habría declaraciones a la prensa. Sin embargo, extraoficialmente, diversas fuentes de la Caja de Profesionales manifestaron que el Poder Ejecutivo se centra en “algunos ajustes paramétricos” que en el directorio del instituto no ven con buenos ojos.
En opinión de una de las fuentes, algunos de los cambios paramétricos propuestos “parecen razonables”, como elevar la edad de retiro a 65 años “para los más jóvenes”, pero cuestionó otros, como “aumentar las tasas de aportación” y “la proporción en que se calcula el salario básico jubilatorio”. Sobre esto último explicó que “hoy es el promedio de los tres últimos años aportados por el profesional” y que se propone elevar “al promedio de los últimos 18 años”, lo que implicaría en la mayoría de los casos una reducción del monto jubilatorio. En el régimen general del Banco de Previsión Social, que rige para la generalidad de los trabajadores, el cálculo se hace sobre los 20 mejores años de aporte o los últimos diez años.
“Al final termina siendo un juego de números: si subimos por acá, si bajamos por allá”, expresó una fuente, y agregó: “Nosotros creemos que los ajustes paramétricos son necesarios, habrá que subir la edad [de retiro], habrá que subir un poco la tasa de aportación, veremos si hay que poner algún impuesto adicional a los jubilados”. No obstante, consideró que “antes de votar cualquier ajuste paramétrico” debe “analizarse la posibilidad de salvar a la Caja por otros medios”.
Otra fuente también planteó que el Poder Ejecutivo “está muy fuerte” en su planteo de hacer un “recargo fuerte” al aporte de los afiliados pero que el directorio tiene una posición “unánime” en que no puede aceptar una medida de ese tipo. En esta línea, señaló que “los afiliados no pueden pagar todo” el déficit que acumuló la Caja de Profesionales en los últimos años y que “todas las partes”, incluido el Estado, deberían aportar.
La misma fuente explicó que la contribución del Estado podría ser resignando aportantes al Banco de Previsión Social para que pasen a la Caja de Profesionales -una de las propuestas a estudio, consiste en que sean afiliados de forma obligatoria los nuevos profesionales universitarios que se desempeñen como trabajadores dependientes- o, directamente, con un préstamo para salvaguardar la viabilidad del instituto mientras surten efecto las medidas incluidas en la reforma paramétrica.