En las últimas semanas, el mercado regulado del cannabis ha vuelto a estar sobre la mesa. El primer lugar, por la comparecencia de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, donde el secretario nacional de Drogas, Daniel Radío, cuestionó el presupuesto de 40 millones de pesos previsto en el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento a fines de junio.
En segundo lugar, porque este lunes se hizo pública la intención de legisladores de Cabildo Abierto (CA) de proponer la derogación de la ley de control y regulación del cannabis, aprobada en 2013, luego -además- de que el líder de CA, Guido Manini Ríos, cuestionara en diálogo con radio Oriental que la SND “juega a competir con los narcotraficantes, a ver quién vende la droga mejor y más barata, y no a terminar de una vez por todas con el consumo de drogas”. Al mismo tiempo, diputados cabildantes han retomado viejos cuestionamientos contra los clubes de membresía.
Este lunes, Radío respondió a estos cuestionamientos y se refirió al tema presupuestal durante una entrevista con Desayunos informales. “No se si la sociedad tiene asumido si quiere una SND y para qué la quiere, porque en función de que definamos eso efectivamente la vamos a dotar de recursos o no, y le vamos a dar el rol que tiene que tener o no”, cuestionó, y reconoció que le costó “un poco de trabajo terminar de definir cuál era, al final del camino, el rumbo hacia el que confluyen todas las distintas actividades que la SND realiza”.
En ese sentido, dijo creer que les corresponde “ser el organismo rector en política de drogas”, que “todas esas otras actividades son tributarias a este rol principal” y que “definir las políticas implica qué tipo de abordajes deben tener los tratamientos, qué tipo de prevención hay que hacer, que tipo de inserción social hay que hacer, cuál tiene que ser nuestra política de drogas y nuestro debate en el mundo respecto de este tema”.
“Tenemos definida una estrategia nacional para el quinquenio; con más recursos se hacen más cosas”, agregó, y se refirió al reclamo de campañas de concientización por parte de la SND: “Se reclaman campañas. No estoy seguro de qué significa esto; si uno dice ‘campaña publicitaria’ es una cosa, y si uno dice ‘campañas en escuelas y liceos’ es otra cosa”, entendió el jerarca.
Si bien la ley obliga al organismo a generar estas campañas en escuelas y liceos, algo que también han reclamado legisladores cabildantes, Radío entendió que “hay que hacerlas igual” cuando “tenga recursos”, y explicó que “el presupuesto anual de la SND equivale a medio día de ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]”.
Por otra parte, Radío fue consultado por la diferencia presupuestal que señaló en la comisión: mientras que a la SND se le dan 40 millones de pesos, al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se le otorgan 400 millones para el tratamiento de personas con consumo problemático de drogas. “Unas cuantas cosas hacemos junto con el Mides; lo que no se coordinó es cómo se destinaban esos recursos ni a dónde [iban]”, argumentó, y entendió que “si yo soy el organismo rector pero no tengo el recurso, el Mides no me va a venir a preguntar a mí cómo aborda la problemática; eso estaría bárbaro si después tuviéramos incidencia sobre cómo se abordan estos problemas”.
Cuestionamientos
“Yo no tengo ningún contencioso con Cabildo, capaz que Cabildo lo tiene conmigo”, sostuvo Radío respecto de las críticas desde CA, y entendió que hay “cuestiones de forma y de contenido”.
“Cabildo Abierto, y en particular el senador Manini Ríos, tienen toda la legitimidad para cuestionar lo que yo estoy haciendo. El Parlamento tiene que controlar al gobierno, hace bien el senador Manini Ríos en criticarme todo lo que entienda pertinente, y yo revisaré”, agregó, y sostuvo que “hace bien” en expresar sus cuestionamientos.
En la parte de “contenido”, Radío insistió con que “la gente tiene derecho a tener distintas opiniones”; sin embargo, apuntó, “lo que hay que manejar bien es la información, hay que ser serios, porque después de que uno maneja bien la información, puede tomar posiciones distintas”, pero “no hay que tergiversar”.
En este sentido, Radío se refirió al argumento sobre el aumento del consumo desde que fue aprobada la ley. “¿Eso es verdad o es mentira? Es las dos cosas”, explicó: “El consumo de cannabis en Uruguay no ha parado de aumentar, y cuando se aprueba la ley de regulación del cannabis esa curva de ascenso no se quiebra, no tiene ninguna incidencia neta”, aunque “sí hay una diferencia por edades, y ese es el otro dato: no es verdad que ha disminuido la edad del inicio de consumo en Uruguay”, sino que “ha aumentado”.
“¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos la ley de cannabis? ¿Habría aumentado o habría disminuido? No podemos saberlo porque no podemos hacer historia contrafáctica”, entendió Radío, pero sostuvo que “sí podemos comparar con los países donde no hay regulación del cannabis. ¿Qué pasa en Chile? El consumo de cannabis ha aumentado mucho más que en Uruguay. ¿Qué pasa en Argentina? Aumenta más o menos igual que en Uruguay”, expuso.
El presidente Luis Lacalle Pou se pronunció este lunes sobre la posibilidad de derogar la ley de regulación del cannabis. Dijo que si bien la ley “es mejorable y perfectible”, en este momento “proponer cambios, en lo personal”, no parece necesario.
Otro de los argumentos que no se sostienen, según Radío, es que “no se consiguió sacarle mercado al narcotráfico”. En este sentido, explicó que “Rivera es el departamento con más delitos y crimen vinculados al narcotráfico, justo donde no tenemos farmacias” donde se expenda cannabis. En este sentido, añadió que se puede dividir a los usuarios de cannabis en tres comportamientos: “Un poco más de un tercio que consume del mercado regulado, un poco menos de un tercio que va al narcotráfico tradicional y un resto que es el que consume a partir de lo que hemos dado a llamar el ‘mercado gris’, que es en general el cannabis que se produce de manera regular pero que se comercializa de manera irregular”.
“Dicen que no se logró desplazar al narcotráfico, [pero] hoy hay dos tercios del mercado que no consumen del mercado ilegal”, continuó, y sostuvo que “hay sectores de las dos coaliciones que coinciden en que esto hay que hacerlo para combatir el narcotráfico, y yo creo que eso no es verdad, en realidad para lo que hay que regular el cannabis es para respetar el derecho de las personas a consumir sin necesidad de vincularse con el crimen organizado”.
¿Funciona? ¿No funciona?
Sobre la Ley 19.172 en sí, Radío entendió que “no se puede decir que no funciona”. “Antes se quejaban porque teníamos cola en las farmacias, hoy tenemos stock en las farmacias. No le debe gustar tampoco porque preferiría que no hubiera stock, hay stock para abastecer; no tenemos suficientes farmacias, es verdad, tenemos que pensar alternativas y las estamos pensando”, explicó, y recordó que desde su llegada a la SND se subió de 14 a 25 el número de farmacias expendedoras de cannabis estatal.
“El objetivo es que la gente no vaya al mercado negro”, insistió, y sostuvo que no le preocupan los intentos de CA por derogar la ley. “Los insto a seguir adelante con sus convicciones”, añadió. Reconoció que “la ley necesita algunos cambios” y dijo coincidir “en algunas cosas” con el presidente de la República, como, por ejemplo, en “eliminar el registro de consumidores”.