La defensa de lo común en el contexto urbano

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Transitamos una coyuntura en la que resulta necesario habilitar espacios de reflexión y discusión que nos permitan alimentar un proyecto común de transformación.

El abordaje de determinadas problemáticas debe trascender la discusión sectorial meramente defensiva, reactiva. La resistencia es necesaria pero no suficiente. ¿Qué podemos hacer para no quedar inmóviles al borde del camino?

Las dinámicas territoriales expresan los dolores y las urgencias a su propio ritmo. No esperan el momento “adecuado”, no admiten retóricas vacías ni aguardan las respuestas que provengan del esperado tiempo de la “autocrítica”.

El hambre irrumpe como un dolor profundo en el centro de las entrañas de niños, niñas y adolescentes.

Las violencias institucionales se manifiestan de diversas formas. La Policía cuenta hoy con potestades represivas discrecionales no sólo respaldadas por las mayorías legislativas, sino también con el respaldo de 51% del electorado; es decir, 1.108.360 ciudadanas y ciudadanos otorgaron su voto al “No derogar 135 artículos de la LUC” y con ello respaldaron las peligrosas disposiciones que plantea y valores que encarna. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero no ayuda desconocer en el análisis el impacto de lo que significa, en términos materiales y simbólicos, el respaldo mayoritario recibido a una norma que entre otros aspectos instaura las semillas de un Estado policial, con disposiciones similares, por ejemplo, a lo planteado en la ley de Seguridad Ciudadana colombiana.

Al mismo tiempo, se ha instaurado paulatinamente una suerte de política criminal por parte de las autoridades de educación que persigue a la disidencia, a la manifestación pacífica de ideas y a la protesta social. La Policía patrulla las fachadas de instituciones académicas en busca de “sediciosas” maestras, estudiantes y militantes sociales que pretenden mantener viva la memoria histórica contra el terrorismo de Estado o manifestar expresiones pacíficamente a políticas educativas regresivas. Las ocupaciones de liceales son rápidamente “neutralizadas” y a lo lejos vuelven a sonar los versos de Violeta Parra en la voz melódica de Mercedes Sosa acariciando peligrosamente nuestro presente: “Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría / Son aves que no se asustan de animal ni policía / Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría”.

Asistimos a un tiempo en el que se cuestiona abiertamente la institucionalidad, la pertinencia de la protección de los derechos humanos y se busca insistentemente identificar la “carga ideológica” que acompaña cualquier alegato en su nombre.

Nuestra democracia constitucional hoy se ve amenazada, es frágil y en los últimos meses ha sido salvajemente atacada, con persistencia y temeridad. Los enemigos “silenciosos” de la agenda de derechos y de sus garantías, valiéndose de diversos mecanismos, recursos y relatos, alimentan diariamente –¿sin darse cuenta?– un contexto proclive a las regresiones autoritarias.

El carácter autoritario de la coalición de gobierno es matizado por diversos medios de la mano de una estrategia de comunicación gubernamental que ha logrado “apagar” algunos fuegos, redirigir las discusiones y manipular a las audiencias.

¿Por dónde empezar a nombrar el conjunto de acontecimientos que nos atraviesan y que lesionan profundamente nuestra comunidad política?

¿Por qué el insistente cuestionamiento a instituciones como la Fiscalía General de la Nación o la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo atenta contra el Estado de Derecho?

¿Por qué importa defender la laicidad y su potencia democrática cuando es torpemente utilizada para cercenar libertades como la sindical y la de expresión?

¿Por qué importa el juzgamiento de represores y violadores de derechos humanos y sus cómplices? ¿Qué está en riesgo cuando aceptamos los discursos negacionistas en el seno de nuestro Parlamento?

¿Por qué importa defender el orden constitucional y la no regresividad de derechos tutelados a partir de políticas públicas?

Cuando nos aprestamos a responder estas preguntas, surge la necesidad de atender nuevos cuestionamientos.¹

Lo que nos ha dejado la coalición de gobierno en estos más de 24 meses de gobierno es un país astillado, roto, hecho jirones. Con total cinismo e impunidad se hacen concesiones peligrosas que hipotecan nuestro presente y nuestro futuro.

¿Cómo puede explicarse que toda la operación logística de las importaciones y exportaciones del país que se realizan en contenedores se haya otorgado a una única empresa? Katoen Natie se hará cargo de la gestión de todas las mercaderías que se importarán y exportarán al país en contenedores durante los próximos 80 años.

¿Cuál fue el precio para no hacer llamado a licitación, para no escuchar ofertas de otros actores logísticos nacionales e internacionales?

El gobierno que dice defender la libertad en los más mínimos detalles tomó la decisión de sentenciar a toda la ciudadanía a pagar un peaje a una única empresa durante 80 años. Cuando los niños y niñas que nacieron en 2022 sean abuelos y sus nietos les regalen algo, ese regalo habrá pagado su peaje a un monopolio: el gobierno de la coalición entregó en un solo paquete las libertades de quienes habitamos este país y lo habitarán en los próximos 80 años.

Tampoco reviste ningún tipo de fundamentación el otorgamiento de licencias de internet a tres grandes empresas de cable en Montevideo –Montecable (Canal 4), TCC (Canal 10), Nuevo Siglo (Canal 12)–, generando un desbalance importante, incidiendo en la concentración de poder y en la capacidad de presión política de los dueños de los “tres grandes” canales.

Esta decisión va de la mano del desmantelamiento de “lo público”, de la construcción de un relato con ayuda de los grandes medios hegemónicos, al tiempo que afecta seriamente el acceso a la ciudadanía digital, dañando principios básicos de los procesos de democratización de internet.

Este clima de corrupción y falta de transparencia convive con nuevas formas de criminalidad que se disparan y crecen. La violencia se instala en los territorios de manera inusitada. En nombre de la (in)seguridad se rodean barrios y se estigmatiza a sus habitantes.

La emergencia en materia de vivienda ha seguido profundizándose. Las propuestas de campaña que consistían en la construcción de 60.000 viviendas y la erradicación de los asentamientos irregulares siguen siendo propuestas incumplidas. Al tiempo que referentes de la Coordinadora de Asentamientos cuentan las batallas que libran al criar a sus hijos entre las cañadas, las ratas y la mierda, se denuncian las condiciones de vida de más de 200.000 personas en los 600 asentamientos del país y las dificultades que enfrentan más de 4.000 personas en situación de calle, y se declara de Interés Nacional la construcción de una isla artificial en Punta Gorda. Ominosamente se abre la brecha de la desigualdad, mientras se proyecta un holograma distópico sobre nuestro Río de la Plata.

Criminalización de la protesta, de la pobreza, persecución de las militancias, mercantilización de la vida, de los derechos, privatización de nuestros bienes comunes.

La suma de todos estos elementos en el contexto que habitamos da cuenta de las tensiones y disputas que libramos cotidianamente en nuestros territorios frente a los poderes disciplinadores.

¿Es posible pensar estrategias populares ante esta ofensiva en el marco de una discusión sobre la Reforma Urbana?

Fucvam en plena década de los 90 abrió un camino antes impensado en el marco de esta discusión, aportando reflexiones sobre los fenómenos urbanos en general y las luchas urbanas en particular; sobre las formas de desestabilizar la mercantilización de la vida, de transformar los procesos económicos y sociales que reemplazaban el valor de uso de los espacios urbanos por su valor de cambio, de la lógica implacable del capitalismo, de los mecanismos que impulsa para controlar las propias crisis que produce, para “amortiguarlas” criminalizando la pobreza y negando ciudad.

El programa político alternativo convocado en el documento “Reforma Urbana” de Fucvam apostaba a aportar elementos para la construcción de un debate amplio en la lucha por la construcción de una ciudad alternativa.

Se trataba de transformar los procesos políticos que monetizaban el espacio urbano e impulsar otras formas de ejercer la ciudadanía, de implicarse activamente en la defensa de lo común.

Precisamente como nos recuerdan Lavat y Dardot, la reinvidicación de lo común ha nacido “en las luchas sociales y culturales contra el orden capitalista y el Estado empresarial”; constituye un término central de la alternativa al neoliberalismo, y representa el principio efectivo de los movimientos que han resistido a la dinámica del capital y han dado lugar a formas de acción y a discursos originales.²

Se juega mucho en el horizonte. La capacidad de respuesta del movimiento social es la carta más luminosa que tenemos sobre la mesa. No estamos condenados a vivir en el mundo que vivimos, lo sabemos.

Tenemos que recorrer el marco doloroso que nos va bordeando, traspasarlo, expandirnos y (re)pensar creativamente nuestras militancias y formas de resistencia.

Siguiendo a Gilles Deleuze, “no hay tiempo para la espera o para el temor, hay que buscar nuevas armas”. Esas armas siguen estando en las propuestas transformadoras, en la forma en que elijamos alimentarnos, amarnos, vincularnos, cuidarnos, hacer ciudad, defender lo común y la vida.

Son las tramas que los movimientos sociales sostienen no sólo en el resistir sino en el hacer y construir la política de lo común.

Empecemos por ensayar cuáles son las propuestas políticas que nos unen, para encendernos ante las emergencias que atravesamos, desde nuestros barrios y ciudades, para tachar y repensar, para discutir y rescribir la historia.

Para tocar la tierra, pisarla, compartirla.