El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se reunió con las tres organizaciones que nuclean a conductores de aplicaciones digitales —como Uber— y les anunció que tiene previsto enviar un proyecto de ley al Parlamento para modificar algunos aspectos de la regulación laboral de los choferes. Aunque el texto no tocará el tema del régimen de relación con la aplicación, lo que está en debate tras varios fallos favorables a los conductores en la Justicia, ni los aspectos de regulación del sistema de transporte que corresponden a la Intendencia de Montevideo (IM), es bien valorado por los trabajadores porque avanza en aspectos relativos a la seguridad laboral, las condiciones de trabajo y la atención en salud.
La reunión fue el miércoles pasado y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se presentaron representantes de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA), la Unión de Conductores Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay (Uctradu) y el grupo Unidos. Entre otras cuestiones, llevaron “temas que preocupan” a los sindicatos del sector, como “el bloqueo de conductores que están en regla por parte de Uber sin derecho a réplica ni explicación”, así como “la petición de un ámbito tripartito con las empresas de aplicaciones”.
Esto último es uno de los aspectos positivos de la nueva normativa que prevé enviar al Parlamento el MTSS, explicó a la diaria el presidente de ACUA, Gerardo Sastre. “Se generaría una tripartita en el MTSS para que la desconexión no sea arbitraria, que el conductor tenga una explicación y derecho a defensa”, señaló. Estas desconexiones ocurren por variadas razones, desde denuncias de un cliente por una mala experiencia de viaje hasta la clonación de la tarjeta de referencia del trabajador.
Por otro lado, Sastre sostuvo que el proyecto de ley que les presentó Mieres daría “un mayor control de la actividad”, si bien “queda por fuera la cuestión del grado de dependencia, que seguirá resolviéndose en la Justicia”. La empresa Uber plantea que el modelo de negocio es con conductores asociados, que no tienen dependencia de la aplicación, mientras que los trabajadores reclaman que hay ligación a la compañía, y hubo fallos favorables para los conductores que han presentado reclamos. De todas formas, con la nueva legislación se llevaría un registro “de las horas trabajadas”, y se avanzaría en aspectos de “seguridad y salud laboral”, dijo el presidente de ACUA.
Mieres dijo a los sindicatos de conductores de aplicaciones que pretende enviar el proyecto a la brevedad, y los trabajadores le plantearon la necesidad de aprobarlo en paralelo a la nueva regulación de la actividad que estudia la Junta Departamental de Montevideo. Es que hasta agosto rige una amnistía que mantiene las reglas iniciales para la actividad y posterga la aplicación de la nueva regulación de 2019. La IM elevó a la Junta algunos cambios en la normativa, que igualmente implicaría que unos 1.200 conductores queden inhabilitados por el cambio en las condiciones, dijo Sastre.
Se estima que hay activos entre 2.000 y 2.500 trabajadores dentro de las aplicaciones de transporte. Uno de los cambios que planteó la IM, impulsado por los sindicatos de conductores, es la posibilidad de crear cooperativas entre choferes para permitir así a más personas acceder a un vehículo propio.
Con la nueva legislación aprobada por la Junta, la IM debería realizar un llamado para que ingresen 1.500 conductores nuevos. “Es algo que queremos hablar, porque faltan conductores pero no por eso [por la no apertura del registro]; habrá que pedir informes para evaluar y que los que entren sea para tener una fuente laboral digna, porque hoy tenemos muchos problemas”, manifestó Sastre.
Entre otras cuestiones, enumeró que el conductor permisario de un registro no puede enfermarse ni tomarse licencia, ya que “no hay una opción de conductor temporal”, además de que los costos fijos para pagar el Banco de Previsión Social, los impuestos y el seguro del auto —más caro que el de un vehículo común— son elevados. Por esto, aseguró que hoy día “el trabajo es precario” en el sector.
Otro reclamo que plantean los conductores y por el que tuvieron contacto con las autoridades del gobierno es ser incluidos en la modalidad de leasing, que brinda facilidades de financiación para la compra de vehículos destinados al trabajo. “El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un informe positivo de la asesoría tributaria, pero de todas maneras no fue incluida en la Rendición de Cuentas” esta disposición, señaló el presidente de ACUA, quien remarcó que la legislación vigente les exige cambiar el coche cada seis años.