Este martes continuaron las novedades en torno a lo ocurrido en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), suceso calificado como “un error” por el presidente Luis Lacalle Pou el lunes. El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, atacó al gobierno por la “falta de profesionalismo en la conducción”, a raíz de la votación de apuro en el Parlamento de un proyecto de ley para que el Estado no perdiera millones de dólares en hipotecas que estaban por vencerse.
La Mesa Política del FA recibió a la directora en la ANV de la fuerza política, Verónica Dodera. Allí presentó información sobre lo ocurrido, como lo adelantado por la diaria el viernes, acerca de que la ANV archivó un expediente que advertía sobre los efectos de dos artículos de la ley de urgente consideración (LUC) en el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias.
Según informó días atrás El Observador, a raíz de estos cambios normativos hubo 5.000 hipotecas próximas a prescribir, lo cual supondría una pérdida millonaria para el Estado. Pereira dijo este martes que el FA “advirtió en la discusión de la LUC sobre las dificultades para la ANV”, y que todavía “nadie sabe qué créditos” hubieran sido afectados, “si fueron 50 millones de dólares o 400 millones [que estuvieron en riesgo]”. Para el líder de la fuerza política, “eso se llama falta de profesionalismo en la conducción de un organismo del Estado”.
Agregó que debería haber “acciones más contundentes del Poder Ejecutivo” ante lo ocurrido. En los últimos días hubo voces oficialistas, como el colorado Ope Pasquet, que reclamaron la remoción de las autoridades de la ANV, el presidente cabildante Klaus Mill y el vicepresidente, el nacionalista Gustavo Borsari. Lacalle Pou dijo el lunes que hubo “un error”, pero que ameritaba “un tirón de orejas”, pero no “la roja”.
El cese... en abril
Este martes el presidente de la ANV informó que el exgerente general del organismo, que archivó el informe sobre las consecuencias de los cambios en los plazos de hipotecas, fue separado del cargo. Se trata del coronel retirado Gustavo Fernández, de Cabildo Abierto (CA).
Según Mill, la remoción “fue por varias irregularidades que no vienen al caso”. El 16 de junio Búsqueda había informado sobre la salida de Fernández; sin embargo, según lo que había recogido el semanario con base en fuentes, el cambio se debía a “temas internos de CA”.
Sobre la fecha de la remoción también habló Pereira: “Hoy se comunica que un gerente renunció hace dos meses, en abril. ¿Qué tiene que ver con un suceso político de julio? Está difícil para interpretarlo”. Además, señaló que el directorio “fue advertido por jurídica del organismo y no se tomó en cuenta, hubo falta de apego y desidia”. Aseguró que el FA, ante hechos así, procede de otra forma: “Con un error de este volumen en el FA no seguirían al frente de la ANV”.
Según explicó Mill en declaraciones consignadas por Telemundo, fue en abril de este año que la gerencia de créditos informó sobre el peligro de las hipotecas próximas a vencerse. “A fines de mayo, primeros días de junio, se le comunica al Ministerio de Economía y al Ministerio de Vivienda”, indicó Mill, y agregó que “paralelamente, también se le pide al área de crédito cuál es la cantidad de créditos que están implicados”.
Fue en junio que los jerarcas tuvieron “conocimiento del monto”, que está en torno “de los 400 millones de dólares, afectados 2.560 créditos aproximadamente”.
“Lo que normalmente se hace es avisar al directorio que hay algo. En este caso no se hizo”, añadió, y reiteró que “esa persona no está más en el cargo”, Consideró, además, que “esto que sucedió” se debe “más a una no experiencia”, y que “el tema está cerrado”.
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“Hay responsabilidad evidentemente de los jerarcas”
El diputado del FA Gustavo Olmos recalcó este martes en una rueda de prensa que “lo que pasó en la ANV es una muestra de ineptitud e incompetencia del presidente y el vicepresidente” del organismo, y que no comparte las palabras de Lacalle Pou: “No puede ser que lo que merezca un riesgo de 400 millones de dólares sea un tirón de orejas”.
El diputado precisó también que “hay varias constancias en actas de reclamos de la directora por parte del FA sobre esta situación, advirtiendo que los plazos avanzaban y que no se tomaban medidas, que nunca fueron respondidos”.
Los artículos 463 y 467 de la LUC reducían el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias de 20 a diez años y establecían un período de dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley para comenzar con las prescripciones. Esto abarcaba hipotecas que estaban a punto de caducar, lo que implicaba pérdidas millonarias para el Estado uruguayo. Ante esto, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley con carácter grave y urgente para aplazar la disposición por cuatro años más.
El legislador señaló que la pérdida “no sucedió, es cierto, pero hay responsabilidad, evidentemente, de los jerarcas”.