El directorio de UTE aprobó recientemente una resolución que implica otorgar beneficios en la tarifa de energía eléctrica a las empresas Industria Papelera Uruguaya Sociedad Anónima (Ipusa) y Efice SA, luego de recibir una carta enviada por el titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini. La resolución no sólo provocó la molestia de la directora vocal del Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, que votó en contra de la medida, sino los cuestionamientos del senador opositor Alejandro Sánchez, quien presentó un pedido de informes a la empresa pública y otro a la secretaría de Estado.
En 2018, durante el último gobierno del FA, el Poder Ejecutivo exhortó a UTE, por medio de un decreto, “a instrumentar un programa de beneficios comerciales” a grandes consumidores, asociado al “mantenimiento o aumento de los puestos de trabajo”, entre otras condiciones. El 2 de agosto, la carta firmada por Paganini y dirigida a la presidenta del ente, Silvia Emaldi, indicaba que los programas con beneficios fueron prorrogados hasta diciembre de 2021, pero no posteriormente, lo que “generó que algunas empresas electrointensivas decidieran negociar con UTE contratos de compraventa de energía eléctrica como grandes consumidores del mercado mayorista de energía eléctrica, buscando mantener los niveles de competitividad alcanzados con los programas de beneficios referidos previamente”.
Según supo la diaria, en la misiva Paganini señalaba que si bien ya existe un “acuerdo entre las partes sobre las condiciones contractuales”, aún no se firmaron, y “el perjuicio económico que ha ocasionado a estas empresas durante el año 2022 el no estar recibiendo los descuentos comerciales en los programas de beneficios antes mencionados ha sido muy importante”. Así las cosas, exhortó a otorgar “descuentos comerciales durante el año 2022” a las empresas “amparadas en los programas prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2021 y que se encuentran en proceso de negociación” de los contratos.
La resolución que finalmente tomó el directorio de UTE el 8 de agosto, en la que se autorizaron los descuentos, indica que hay dos empresas en estas condiciones, es decir, negociando esos contratos y que hayan sido beneficiarias de los programas, que son Ipusa y Efice, y que el monto a destinar para los beneficios comerciales será por los meses de 2022 [lo que implica una retroactividad] y hasta la firma de los acuerdos, para lo que se estima un costo del orden de los 2.800.000 pesos mensuales.
Cardona explicó a la diaria que estos contratos de compraventa de energía al por mayor los hacen los llamados consumidores con calidad de clientes libres, que son quienes cumplen determinados parámetros técnicos establecidos en una reglamentación de hace ya dos décadas y que pueden por comprar su energía en el mercado mayorista. Hasta el momento no hay empresas con esa capacidad de abastecer de energía a otras, como lo hace UTE, pero, por ejemplo, algunos privados ya anunciaron su intención de cerrar contratos con un parque fotovoltaico que construye la empresa Ventus en Salto. En ese contexto, señaló la vocal del FA, cuando un gran consumidor anuncia a UTE su intención de cerrar un contrato para que otro privado le suministre la energía, el ente ofrece un contrato de compraventa con beneficios en la tarifa, pero la reciente decisión añade que, mientras esos contratos no se rubriquen, las empresas obtengan un beneficio previo. Sin embargo, desde el FA se señala que las empresas amenazan con irse a un mercado privado que, al menos por ahora, es ficticio.
En la justificación de su voto negativo a esta decisión, y con respecto a la retroactividad planteada, Cardona se preguntó “cuál es la motivación por la cual UTE debería resignar ingresos ya percibidos y devolverlos a un cliente”. “Estas empresas, durante el 2022, ya produjeron o dejaron de producir lo que entendieron conveniente, y este ‘regalo’ que el MIEM pretende que UTE apruebe no garantiza que aumente la producción, se exporte más o se generen o mantengan puestos de trabajo. Es lisa y llanamente una donación, sin ningún condicionamiento o contraprestación”, apuntó.
En paralelo, en su pedido de informes al MIEM, Sánchez preguntó los motivos por los que no se extendió la vigencia del decreto de 2018 y por qué se exhortó a UTE a “extender las bonificaciones solamente” a quienes hayan sido beneficiarios y actualmente se encuentren en negociación. También preguntó por qué el MIEM “no entendió necesario exigir a estas empresas el cumplimiento de los requisitos previstos en el decreto”, como mantener los puestos de trabajo. El pedido de informes que envió a UTE contiene otras preguntas, aunque es de similares características.
En diálogo con la diaria, manifestó que “parece muy extraño que el ministro esté promoviendo frente al directorio de UTE una rebaja tarifaria para dos empresas”, señaló. “No es un decreto, no es una resolución del ministerio; le dice a la UTE: ‘tengo estos dos amigos, bájeles la luz’, y UTE además lo aprueba, lo cual es terrible”, agregó.