Al finalizar la interpelación a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, la coalición respaldó los argumentos brindados por los jerarcas y el Frente Amplio (FA) pidió que “den un paso al costado”. La convocatoria de los jerarcas fue promovida por la oposición para conocer los motivos que permitieron al narcotraficante Sebastián Marset obtener un pasaporte uruguayo que le permitió salir de la prisión en Dubái mientras era investigado a nivel internacional.
En la moción de resolución de la oposición se señala que las explicaciones de los ministros “son absolutamente insatisfactorias e inaceptables” y “que, ante la evidencia expuesta, resulta injustificable que los ministros declaren que nadie sabía quién era el solicitante del pasaporte hasta marzo de 2022, fecha en que se dio la requisitoria internacional, a pesar de estar siendo investigado por la propia Policía”.
También se señala que no puede obviarse los contactos que existieron en noviembre entre “los subsecretarios de ambas carteras, así como la reunión mantenida entre la subsecretaria de la cancillería, Carolina Ache, y Alejandro Balbi, representante del actual prófugo de la Justicia, lo cual fue reconocido en sala”.
Al igual que los argumentos esgrimidos en sala, el FA sostuvo que ni con el “decreto de 1993 ni con las modificaciones introducidas en el de 2014 debió expedirse el pasaporte a Marset, puesto que ambos decretos daban margen a las autoridades para negarlo”, por lo cual consideraron que los argumentos de las autoridades son “inadmisibles”.
La oposición planteó que las autoridades “no se hicieron cargo del cúmulo de errores cometidos” y “debieron asumir su responsabilidad política en lugar de esgrimir meros argumentos administrativos y burocráticos”. En suma, el FA concluyó que los ministros “no cuentan con la confianza de este cuerpo, por lo cual corresponde que den un paso al costado”.
En tanto, los senadores de la coalición encontraron “absolutamente satisfactorias las explicaciones” de los ministros y la subsecretaria Carolina Ache, ya que esclarecieron “su actuación”, demostraron “que en ningún momento se constató irregularidad y que la situación que se ha vivido fue fruto de los defectos existentes en la presente normativa”. Por este motivo, y dado que la coalición tiene mayoría, la interpelación concluyó sin consecuencias políticas.
Asimismo, el oficialismo resaltó que el gobierno lleva adelante “una firme política de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y que para evitar la reiteración de casos como el que motiva estas actuaciones, debe implementarse un cambio de normativa que imposibilite casos análogos, cosa anunciada por los ministros durante esta interpelación”.