Tras casi 12 horas de sesión, cerca de las 3.00 de la madrugada del martes, la interpelación a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, culminó sin consecuencias, al recibir el respaldo de los senadores de la coalición. La instancia había empezado a las 15.00, a cargo del senador del Frente Amplio (FA) Mario Bergara, y tenía como asunto central conocer de qué manera el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset logró obtener un pasaporte nacional que le permitió salir de la prisión en Dubái, incluso cuando estaba siendo investigado por la policía a nivel internacional.

Durante su exposición, Heber informó que el sábado tomó conocimiento de un intercambio vía correo electrónico entre la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y la Policía Científica, mediante el cual se buscó “apurar” el trámite de tres pasaportes, entre ellos, el de Marset, y que hay una investigación en curso por ese hecho. En la tarde, a poco de haber comenzado la interpelación, la diaria informó de la primera destitución por el caso Marset: el número dos de la DNIC, Alberto Lacoste.

En la interpelación se conoció otro dato nuevo: los subsecretarios Maciel y Ache se comunicaron dos veces, en setiembre y noviembre de 2021, para hacer “averiguaciones” sobre la situación de Marset, a pedido de la Dirección Nacional de Drogas. La segunda comunicación entre ambos -en las que Maciel preguntó si Marset seguía detenido en Dubai- se llevó a cabo el 3 de noviembre, según informó la delegación del gobierno en el Parlamento, es decir seis días después de iniciado el trámite del pasaporte.

Las actuaciones “fueron funcionales a los intereses” de Marset

Bergara repasó los hechos ocurridos y las irregularidades que existieron según el FA, rechazó la explicación dada hasta el momento por las autoridades sobre que los hechos se circunscriben a un decreto de 2014 y sostuvo que el accionar de la administración fue “funcional” a los intereses de Marset. Es que el trámite realizado, según Bergara, no tuvo en cuenta las características “excepcionales” del hecho y de quien pedía el pasaporte, y el ágil resultado en la entrega del documento uruguayo permitió a Marset salir de Dubái antes de que Paraguay pidiera su requisitoria.

“En este momento, en algún lugar del mundo, está suelto un narcotraficante uruguayo, con extenso prontuario y señalado por varios delitos, con investigaciones abiertas en varios países. Hoy continúa prófugo de la justicia internacional gracias a que obtuvo un pasaporte, en plazos menores a los que el sentido común hubiera indicado en un caso de tanta complejidad. [Las actuaciones] fueron funcionales a los intereses de esa persona para evitar ser deportado. El pasaporte fue emitido en condiciones difíciles de entender por su celeridad”, dijo Bergara al comenzar la interpelación.

El senador frenteamplista consideró que se trata de “un escándalo de proporciones, que afecta la reputación y la credibilidad de Uruguay”, y que, “lejos de asumir responsabilidades, las autoridades hasta el momento se han dedicado a minimizar el problema que enfrentamos y trasladan la responsabilidad a gobiernos anteriores”. Aclaró, entonces, que la sesión se centraría en la responsabilidad de las autoridades, y no en los procesos criminales que tenga Marset en Uruguay y en otros países.

“Si logran explicar si hubo errores y asumen responsabilidades, estamos bien, es lo que la ciudadanía merece y sería la mejor forma de alejar suspicacias, [pero] si continúan ensayando excusas y minimizando el problema, deberemos evaluar como FA acciones políticas. Si lo anterior sucede, no sólo se afecta la reputación del país sino la confianza de la ciudadanía en las autoridades y las instituciones. La necesidad de explicaciones no es del FA, sino de la sociedad uruguaya”, indicó Bergara.

“¿Cuál era el interés del Estado uruguayo para actuar de esa forma?”

El miembro interpelante continuó repasando los hechos, y consideró que “cada acción desarrollada y sus consecuencias aparecen como esenciales y funcionales a las necesidades de Marset” para salir de la prisión en Dubái. “Se trataba de la solicitud [de pasaporte] de un conocido narcotraficante que era investigado internacionalmente y estaba preso por intentar entrar con un pasaporte falso. Tenía un profundo prontuario criminal, vaya si son condiciones peculiares, excepcionales e imprevistas. No era cualquier caso”, dijo Bergara.

A su vez, el legislador recordó que el Ministerio del Interior trabajó en coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y con Paraguay. “Era un caso muy excepcional, delicado, cargado de circunstancias no previstas. Paraguay había evitado ofrecer un salvoconducto y había transmitido esas particularidades a Uruguay”, señaló.

Además, repasó que “funcionarios uruguayos” en Dubái “pidieron indicaciones de cómo actuar a la cancillería”. De allí, surge que “había que tomarse más tiempo y ser cautos”, sostuvo Bergara replicando los hechos conocidos a través de la prensa, y concluyó: “Resulta difícil de comprender cómo en estas circunstancias la cancillería desconoció la opinión de los profesionales que estando cerca proponen una razonable cautela. Hoy deberíamos irnos de aquí con una explicación clara”.

Bergara se refirió a lo dicho por Heber en defensa del accionar del gobierno, al plantear que en el procedimiento se cumplieron los pasos del decreto de 2014. Ese decreto “no establece plazos”, sostuvo el miembro interpelante, y contempla “un marco legal para demorar la entrega [del pasaporte]”, que permita “analizar el caso con mayor detenimiento”. Sin embargo, “el apuro y la escasa cautela fueron un denominador común” en el accionar de las dependencias del Estado, dijo.

“Le damos vuelta al asunto una y otra vez, y no logramos entender por qué se actuó así, desconociendo indicadores de riesgo claramente visibles. ¿Cuál era el interés del Estado uruguayo para actuar de esa forma?”, indicó el legislador opositor y preguntó particularmente sobre el rol del abogado Alejandro Balbi, quien mantuvo una reunión con la vicecanciller Carolina Ache.

Bergara sostuvo que “un elemento clave a aclarar” es si hubo “discrecionalidad para entregar el pasaporte en un mecanismo exprés y personalizado, adaptado a las peculiares necesidades del solicitante, que pretendía hacerse del documento antes que la deportación lo alcance”. Cuando Ache tomó la palabra, y al igual que días atrás, aceptó que se reunió con Balbi, en representación de Marset, pero negó que haya interferido de forma alguna en el trámite del pasaporte.

“Lo recibo en mi despacho, me hace la consulta sobre cuándo sale la valija diplomática para Emiratos Árabes, le digo que ya salió y que sale una vez al mes. No hay más que eso”, sentenció la subsecretaria.

Guillermo Maciel, Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés y Francisco Bustillo, en conferencia de prensa, en el Parlamento (22.08.2022).

Guillermo Maciel, Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés y Francisco Bustillo, en conferencia de prensa, en el Parlamento (22.08.2022).

Foto: Ernesto Ryan

Heber: “Ni trámite exprés ni falta de coordinación con cancillería”

El primer ministro en responder fue Heber, quien habló bajo la mirada atenta del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que estuvo cerca de media hora en las barras de la cámara alta. “Se habló de falta de coordinación entre ministerios y que hubo un trámite exprés. Tenemos elementos de sobra tanto en mi intervención como en la del canciller para demostrar que no es así. Ni trámite exprés ni falta de coordinación con cancillería”, comenzó Heber.

El jerarca informó del “mail” que involucró a la DNIC y la Policía Científica, y luego hizo hincapié en la “importancia” de “situarse en el tiempo” para evitar confusiones; específicamente, distinguir “la realidad en octubre de 2021, noviembre y marzo de 2022”. “Con el diario del lunes es fácil decir por qué no se actuó de esta manera. El senador Bergara confunde tiempos dando por válidas algunas instancias de requerimiento del señor Marset que no era la situación a octubre”, sostuvo Heber.

Tanto Heber como Bustillo remarcaron varias veces que en el tiempo en que se realizó el procedimiento para tramitar el pasaporte Marset no tenía causas abiertas en Uruguay. Las implicancias del narcotraficante “para nosotros empiezan el 3 de marzo de 2022, que sale la requisitoria de Paraguay estableciendo alerta roja por Marset”, señaló Heber.

El ministro del Interior repasó que, tras conocer el caso, preguntó “cómo podemos darle pasaporte a una persona presa en el exterior y ahora detenida en Paraguay”. Enseguida, relató: “Fuimos a averiguar y se establece en el decreto de 2014 que se elimina lo que antes establecía el decreto del año 93, donde sólo se necesita, para poder otorgar [el pasaporte, consultar] las causas abiertas en nuestro país. Naturalmente fuimos a averiguar y no tenía causas abiertas. Casualmente, en 2020 todas las causas se cerraron”.

“Lo que queda claro es que si estaba vigente el decreto del año 93 no salía con el pasaporte. Con el nuevo decreto Marset está libre. [Ahora] vamos a reparar una omisión que no advertimos, que este decreto permitía que con antecedentes en el exterior se diera el pasaporte. Una barbaridad que queremos corregir cuanto antes”, cerró Heber.

“No corresponde tener conocimiento de cada trámite administrativo”, dijo Bustillo

Heber, y con posterioridad Bustillo, repasaron en forma cronológica los hechos y señalaron que la información la fueron obteniendo luego de hacerse público el caso de Marset, ya que negaron cualquier conocimiento previo. “Ni nosotros ni la cancillería teníamos información de que Marset tramitaba un pasaporte, lo digo a nivel de las autoridades políticas”, dijo Heber.

En tanto, Bustillo hizo una intervención más acotada que su compañero de gabinete, y mostró en una línea del tiempo los hechos y la actuación de la cancillería. “No hay un problema legal, hay un decreto que da cuenta de un marco jurídico perfectible”, sostuvo, y señaló que Marset no tenía causa abierta en Uruguay y que “no existió requisitoria hasta el 3 de marzo”. Explicó que el trámite del pasaporte, iniciado en octubre –un mes después de que fuera detenido en Dubái–, demoró “77 días desde que Marset fue detenido y 33 días después de la primera visita para tomarle las huellas”.

Sobre lo anterior, Bustillo aclaró que no hubo un viaje hasta la prisión de una diplomática, sino que la sede consular queda en la misma ciudad en que el narcotraficante estaba preso. En esta línea, negó que haya sido un trámite exprés, como sostuvo Bergara. “No hubo un trámite inusual y todo estuvo dentro de la asistencia consular” que se brinda a los uruguayos en el exterior, planteó el canciller.

“Esto fue un trámite administrativo” y “no corresponde tener conocimiento de cada trámite administrativo”, aseveró Bustillo, y añadió que “el pasaporte uruguayo no lo liberó” a Marset, porque accedió al documento a finales de noviembre y quedó libre en enero; “lo liberó la Justicia emiratí de portar un pasaporte falso”. “No hubo ninguna responsabilidad política”, sentenció.

Mario Bergara en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo (22.08.2022).

Mario Bergara en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo (22.08.2022).

Foto: Ernesto Ryan

Caggiani: los ministros parecen “del Reino de Bélgica”, porque “no se enteraron de nada”

Pasadas las 20.00, luego de un cuarto intermedio y de dos conferencias de prensa –del oficialismo y la oposición–, le tocó el turno de hablar al senador del FA Daniel Caggiani, quien dijo que el episodio de la entrega del pasaporte es “tristísimo” para la democracia uruguaya y “un escándalo”.

“Para mí, todo este episodio huele muy mal. Yo siento olor a podrido aquí. Soy franco. La sensación que tengo, y por las explicaciones que dieron la autoridades nacionales recién, es que se destapó una olla a presión. Acá hay una gran caja de Pandora de la que comenzaron a salir acontecimientos que estaban ocultos y que agravan aún más las importantes preocupaciones que llevaron, entre otras cosas, a convocar a los ministros hoy”, manifestó.

El senador señaló que no iba a discutir si el trámite del pasaporte “que hizo el gobierno a un narcotraficante es legal”, ya que no le “interesa” esa discusión, porque “en toda norma existen, para su aplicación e interpretación, por lo menos dos bibliotecas”. Pero “lo más triste de todo esto” es que “el gobierno interpretó la norma, no a favor de los intereses de la ciudadanía uruguaya y la seguridad del Estado uruguayo, sino a favor de los intereses del narcotraficante Marset, y eso es lo grave”.

Caggiani consideró que no fueron suficientes las explicaciones vertidas en la sesión y también criticó la reacción de las autoridades: “Ahora se está cortando por el lado más fino, como siempre se hizo en este país. La cabeza que rueda es la de la parte más baja de la pirámide. ¿No iban a hacerse cargo, señora presidenta?”, le preguntó a la presidenta de la cámara y vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Caggiani afirmó que los ministros uruguayos parece que son “del Reino de Bélgica”, porque “no se enteraron de nada, no sabían quién era Marset”.

Más adelante, se refirió a la reunión que mantuvieron Ache y Balbi en el despacho de la subsecretaria, y se preguntó “desde cuándo es normal que en Uruguay las autoridades del gobierno se reúnan con abogados de narcotraficantes”. “¿Eso no nos tiene que interpelar como sociedad? ¿Qué mensaje estamos dando como gobierno, Estado uruguayo y sistema político?”, inquirió.

Caggiani dijo que no recordaba una situación “de esta gravedad a nivel internacional” y, en ese momento, el senador blanco Gustavo Penadés gritó: “[Rocco] Morabito”, en referencia al mafioso italiano que en 2019 se escapó de Cárcel Central. “A nosotros se nos escapó Morabito, coimeó a los policías. Todavía la Fiscalía no encontró a nadie. ¿Pero saben lo que enaltece al exministro [Eduardo] Bonomi? Que le presentó la renuncia al presidente de la República. Acá cortaron por el lado más fino, por el subdirector”, respondió, a su vez, el diputado del Movimiento de Participación Popular.

Sobre el final de la interpelación, Bergara aseguró que el proceso que determinó la entrega del pasaporte a Marset fue “vergonzante” para nuestro país, y lamentó que los ministros no hubieran hecho autocrítica: “se parapetaron en la misma explicación que veníamos escuchando, en la de que el decreto de 2014 obligaba a actuar como se habló. No recuerdo ningún error reconocido en la comparecencia de ambos ministros, ellos piensan que todo lo que sucedió estuvo bien”. “Que los ministros no comprendan que este episodio afecta la credibilidad del país, nos parece realmente muy preocupante”, apuntó el senador de la oposición.