Tal como lo anunció en noviembre el presidente Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para “atraer talentos” del exterior para desempeñarse en el área de las tecnologías de la información. El texto, que propone beneficios fiscales para radicar profesionales en el país ante la falta de personal capacitado en el sector, ingresó al Parlamento en diciembre y todavía no ha sido tratado formalmente, pero desde el oficialismo aseguran que es “prioridad absoluta”.
El proyecto tiene sólo cuatro artículos. El primero establece que los “técnicos y profesionales” de la industria tecnológica que lleguen a Uruguay “como consecuencia de contratos de trabajo en relación de dependencia” podrán elegir tributar –con relación a las rentas de trabajo– el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) “y no beneficiarse del sistema previsional vigente”, “no existiendo en tal caso la obligación de realizar los aportes correspondientes”. El IRNR grava las rentas de fuente uruguaya obtenidas por personas físicas y otras entidades residentes en el extranjero y la tasa general es de 12%.
El segundo artículo establece que esa opción “podrá realizarse por única vez” con un plazo máximo de cinco años. El tercero “designa como responsables sustitutos del IRNR a los empleadores de quienes hayan realizado la opción dispuesta”, y el cuarto dispone que la opción “regirá para contratos laborales iniciados hasta el 28 de febrero de 2025”.
Según la exposición de motivos, el objetivo del proyecto es “la radicación en Uruguay de talentos del exterior”, tanto uruguayos como extranjeros, para que estos “capaciten a los talentos locales”, generando así “un círculo virtuoso de generación de empleo de calidad”. Se advierte que en el último tiempo el sector ha tenido un crecimiento “significativo” que “no ha sido acompasado por la oferta de recursos humanos especializados”.
Con base en estudios de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), el texto apunta que “la gran mayoría de las empresas del sector tienen una demanda insatisfecha” de personal. Faltan más que nada programadores, aunque también “se encuentran dificultades” para contratar “técnicos, testers, administradores de bases de datos y data architects”. Según el proyecto, esto genera “inestabilidad” en la plantilla de trabajo, lo cual a su vez “limita” el crecimiento del sector.
Goñi: “hay que cubrir” al menos 3.000 puestos de trabajo
En diálogo con la diaria, Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología que estudiará el proyecto, dijo que se trata de una “prioridad absoluta”. Afirmó que “la sociedad uruguaya está necesitando, por lo menos transitoriamente, más personas para seguir desarrollando esta industria” y que, a su entender, “no hay suficiente conciencia” sobre la “oportunidad excepcional” que ofrece el sector, con “demanda de empleo garantizada”, dado que al “no poner medios en formación la estamos desaprovechando”.
Goñi indicó que por lo menos “hay que cubrir” el número “conservador” de 3.000 puestos de trabajo. Si bien mencionó que siempre hay que “buscar desarrollar nuestros propios recursos”, sostuvo que “las urgencias exigen probar este tipo de instrumentos”. “¿Cuánto soluciona? Habrá que ver, pero es un intento que vale la pena hacer, porque no hacerlo implica resignarse a un freno en el desarrollo”, expresó.
Consultado sobre la posibilidad que abre la iniciativa de pagar IRNR en lugar de aportes a la seguridad social, dijo que es “un incentivo que los que están en el sector entienden que puede funcionar”. Puntualizó que en cualquier caso, “como probablemente estemos ante situaciones transitorias”, quienes opten por ese régimen “después perfectamente pueden dejarlo e ir al régimen general”.
El diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, también integrante de la comisión, dijo a la diaria que aún no tiene una “opinión formada” sobre el proyecto. No obstante, señaló que la falta de personal capacitado “es un problema real”. “Las alternativas de capacitación local, como Jóvenes a Programar [del Plan Ceibal], han perdido impulso. Por allí hay una pista de cómo enfrentar el problema”.
En entrevista con El País, el presidente de la CUTI, Carlos Acle, afirmó que el proyecto es “una herramienta más para atraer inversiones y empresas” a Uruguay, similar a las que han implementado otros países, como Portugal. “Es clave para la promoción del país. Si queremos promocionarlo como hub tecnológico y de innovación, tener este tipo de herramientas nos parece fundamental”, expresó. Según números de la CUTI, el sector representa 3,3% del producto interno bruto y ocupa más de 16.000 puestos de trabajo.
Por lo breve del articulado y, sobre todo, por “la celeridad que las circunstancias exigen”, Goñi augura un rápido tratamiento del proyecto en la comisión. Su idea es recibir únicamente al Ministerio de Economía y Finanzas y “aprobarlo cuanto antes”. “Estos temas son políticas de Estado”, manifestó, poco después de opinar en Twitter que en Uruguay “hace falta un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para transitar la era tecnológica”.
La formación en Uruguay
En términos de puestos de trabajo, la proyección del sector “supera ampliamente el nivel proyectado de egresados”, advierte el proyecto. Existen además “diferencias significativas entre la preparación que ofrece el sistema educativo formal y los requerimientos del sector tanto a nivel nacional como internacional”.
Héctor Cancela, director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), señaló a la diaria que en el sector “hay un déficit crónico” que, posiblemente, “siga aumentando”. Planteó algunas razones: “El tipo de empleo que se ofrece en Uruguay suele ser de muchas horas semanales, poco compatible con terminar los estudios formales. Los estudiantes comienzan a trabajar muy pronto y un porcentaje alto no se recibe ni tiene interés en hacerlo”.
Por otra parte, indicó que el aumento de la cantidad de estudiantes “no ha tenido un correlato en una mayor asignación de presupuesto” para la Udelar. A modo de ejemplo, señaló que la carrera de Licenciatura en Administración de Sistemas de Información “está aprobada pero no se ha implementado” por “falta de presupuesto”.
En cuanto al nivel de formación, Cancela mencionó que el sistema educativo formal “siempre va a apostar a formar gente con perfiles flexibles”, que puedan “seguir aprendiendo y adaptándose” a los cambios tecnológicos. A título personal sostuvo que esto “les sirve a las empresas” en el largo plazo, pero en el corto “también les interesa traer gente ya capacitada en tal o cual tecnología”.
“En general, el nivel de formación en Uruguay es igual o superior al de otros países de la región. La gente formada en Uruguay es muy buena y la CUTI lo ha reconocido como una fortaleza del país. Nunca escuché a la CUTI decir ‘traigamos gente del exterior porque está mejor formada’”, afirmó Cancela.
En ese sentido, Acle reconoció que actualmente hay un proceso de formación que “va funcionando y va creciendo”, pero señaló que mientras tanto “este tipo de ley puede ayudar a cubrir esta brecha que tenemos hoy de cantidad de gente”.