Crysol, la asociación de ex presos políticos, envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que expresa su “malestar y rechazo por los incumplimientos de las disposiciones legales en materia de atención en salud a las víctimas del terrorismo de Estado durante su administración”.
En concreto, Crysol hace referencia al cumplimiento del artículo 10 de la Ley 18.596, de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, que establece que los ex presos políticos “tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia” prestaciones médicas “que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica”, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Desde la asociación señalan que esa ley y otras disposiciones legales “tienen plena vigencia”, pero el Poder Ejecutivo, por diversas vías, ha incumplido con sus obligaciones. Por ejemplo, se advierte por la “falta de pago a los proveedores, lo que en la práctica ha llevado a que no se suministren las prestaciones odontológicas, oftalmológicas y similares”; “supresión de la atención en salud mental”; “atrasos injustificados para las autorizaciones de servicios cuando se solicitan”; “excesiva lentitud en las fiscalizaciones, lo cual dilata en el tiempo los plazos de atención”; “enormes demoras por falta de personal para consultar a los especialistas en ASSE”.
El problema, advierten en la misiva, es que los ministerios de Salud Pública y Economía y Finanzas han “reducido a la mínima expresión” las prestaciones, “sin modificar las normas legales, por la vía de los hechos, con diferentes excusas”. A su juicio, estos recortes se han dado “en el marco de una menor presupuestación económica durante su gobierno”.
Por estos motivos, solicitaron a Lacalle Pou “que imparta las directivas necesarias a los ministerios y servicios pertinentes para poner fin a esta situación a la mayor brevedad posible”.
El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la diaria que “este gobierno se siente más cercano a los terroristas de Estado y a los nostálgicos del proceso que a las víctimas”. En ese marco, ha “promovido la prisión domiciliaria, el resarcimiento a las víctimas de la violencia no estatal, etcétera”, y si bien “no ha modificado para nada la legislación vigente en materia de resarcimiento a las víctimas del terrorismo de Estado, hay muchísimos mecanismos por los cuales trabar el funcionamientos de las leyes si existe la voluntad política”.
“Al cabo de tres años tenemos enormes dificultades para poder acceder a la atención en salud en el marco de lo que estableció la Ley 18.526, sobre todo lo que tiene que ver con atención oftalmológica, odontológica y auditiva y otros insumos referidos a una población de la tercera edad para arriba, porque el promedio de edad de nuestro colectivo anda en los 75 años, y somos los que hacemos uso de esa normativa”, acotó.
Según indicó, los ex presos políticos no pueden acceder a esas prestaciones porque “desde hace años no les pagan a los proveedores y nadie quiere hacerse cargo”. Grisoni agregó que no tiene “mayor expectativa” con la carta, pero decidieron enviarla para que “conste que pasaron estas cosas” y no se pueda decir “que no se sabía”