El ambiente al inicio de la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados parecía indicar que la aprobación del proyecto de ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia –conocido como “ley Gapiia”– iba a ser un trámite. Su impulsora, la diputada del Frente Amplio (FA) Cristina Lustemberg, se reunió en la previa con todos los partidos con representación parlamentaria e incluso con el presidente de la República, y su iniciativa llegó al pleno desde la Comisión Especial de Población y Desarrollo con el apoyo de todos sus integrantes. Sin embargo, si bien el proyecto se aprobó, finalmente, por 76 votos en 86, hubo idas y vueltas que retrasaron la votación, además de generar algunos cambios en la redacción.
La modificación más notable fue en un pasaje del artículo 5 del proyecto, en el que, en principio, se hablaba de “desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a las familias, la información y la educación en materia de acceso a la anticoncepción y a los derechos sexuales y reproductivos”, pero, luego de los reparos presentados por representantes de la coalición al término “anticoncepción”, este fue quitado y el proyecto aprobado habla sólo de “derechos sexuales y reproductivos”.
El proyecto
Señal del apoyo con el que salió el proyecto de la comisión es que no hubo un informe en minoría, sino uno solo, en mayoría, a cargo de la propia Lustemberg. Existe, leyó la diputada, “una secuencia general o esquema del desarrollo infantil similar para todos los niños y las niñas, pero la velocidad, las características y la calidad del mismo varían en función del ambiente”, y es la “interrelación armónica” entre lo genético y el ambiente lo que “posibilita el despliegue de las máximas potencialidades de cada niño o niña, desde la primera infancia y durante su infancia y adolescencia”.
En este sentido, se entiende que “el Estado tiene que ser garante, en tanto en los casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres” se debe “actuar desarrollando todas las acciones que resulten necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Por eso, el proyecto promueve, a través de una unificación de las políticas en esta materia, “transversalizar” la atención a estas poblaciones en materia de salud, desarrollo social y educación, con la articulación del presidente de la República.
Como señaló Lustemberg en su informe, el proyecto “ordena la política pública de infancia y adolescencia, le da prioridad, incorpora una mirada distinta de diseño y ejecución presupuestal”, al tiempo que establece “mecanismos para medir, evaluar y monitorear en tiempo real con estándares de calidad adecuados a los niveles de atención” y profundiza “la coordinación de las sectoriales de atención y determina sistemas de información únicos”, al tiempo que “apunta a la universalización de la atención y las prestaciones”.
“Resulta claro que las acciones coordinadas permiten mejorar la planeación, priorizar la inversión, ampliar coberturas y mejorar la calidad de los programas, para atender a quienes realmente se debe atender y en mejores condiciones”, sentenció.
“Nefasto” y “antifamilia”
Mientras Lustemberg finalizaba la lectura del informe, el diputado Rodrigo Albernaz, de Cabildo Abierto (CA), repartía un documento bajo el título de “Breve resumen del nefasto proyecto de ley”. En términos generales, según el texto de Albernaz, el proyecto “busca centralizar en un Gabinete estatal todas las políticas referidas a la primera infancia y adolescencia”, lo que coloca al Estado “como único garante de los derechos de los niños y adolescentes y dándoles a las familias una participación mínima”, lo que califica de una “filosofía de Estado controlador”.
Más adelante, en su texto, Albernaz entiende que es un proyecto promotor del “aborto y la anticoncepción” puesto que “se promueve de forma explícita la anticoncepción y el aborto”, aunque “no se escribe la palabra ‘aborto’ sino su eufemismo ‘derechos sexuales y reproductivos’”, que para el legislador cabildante “también generalmente incluye ideología de género”.
El artículo al que se refiere Albernaz es el 5, en su numeral 2, literal d, el cual habla de “desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a las familias”, así como “la información y la educación en materia de acceso a la anticoncepción y a los derechos sexuales y reproductivos”.
Al mismo tiempo, Albernaz anota que “de forma explícita el proyecto establece una visión única de la infancia y adolescencia”, lo que considera que “es contrario a la libertad de cada familia a defender sus criterios éticos, en educación y salud”, además de tratarse de un proyecto “antifamilia”.
“Las palabras ‘familia’, ‘familias’, etcétera, aparecen en general acompañadas de un deber, o de un dato que debe medirse o de una capacidad que debe generarse o en complementación con alguna política estatal, pero no como centro de deberes y derechos sobre los niños y adolescentes”, y busca “centralizar los datos” porque “se crea un plan de integración de información (artículo 17), lo cual atenta en general contra las libertades básicas inherentes al núcleo familiar”, sostiene Albernaz. A su entender, esto es “muy peligroso” porque “todo el proyecto apunta al control desde el Estado y a la centralización e imposición de criterios desde afuera de la familia, con sus correspondientes controles y castigos implícitos”.
A la negativa, aparte de Albernaz, se sumaron los diputados nacionalistas Rodrigo Goñi y Álvaro Viviano y el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente César Vega, según supo la diaria. El diputado Eduardo Lust, excabildante y ahora independiente, planteó que por “un tema de conciencia personal” no podía “acompañar un proyecto que diga que el Estado va a asesorar en la anticoncepción”, mención que finalmente se terminó suprimiendo.