El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) volvió a prorrogar el cobro por el uso del espectro radioeléctrico que deben pagar los titulares de servicios de comunicación audiovisual, conforme lo que establece la vigente ley de medios (19.307). Mediante un decreto, el MIEM fijó este lunes como nuevo plazo el 1° de enero de 2024.
El artículo 187 de la ley de medios, aprobada a fines de 2014, establece que “todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual para abonados satelitales, o que utilicen medios físicos para su distribución, deberán abonar anualmente el costo de renovación de su licencia”; el total a pagar equivale a 2,10 unidades indexadas por abonado por mes.
El director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, afirmó en X que la nueva prórroga supone “otro regalo para la TV comercial” por parte del gobierno, mediante una exoneración de “más de 33 millones de pesos sólo en 2023”. Señaló que “las empresas más grandes” –los canales 4, 10 y 12– “son las más privilegiadas”, por un total de 500.000 dólares en 2023 –unos 20 millones de pesos–. Con base en un pedido de acceso a la información, Gómez indicó que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) facturó entre enero y agosto de este año 22.101.880 pesos, de los cuales ya recaudó 4.326.702 pesos; tras la publicación del decreto, ese dinero será devuelto a las empresas de televisión.
Además, “hay que sumar el no pago anual de la licencia de TV paga, que beneficia a los que tienen más abonados: DirecTV, Cablevisión, Monte Cable, TCC y Nuevo Siglo”, agregó Gómez. Así, “el monto de la exoneración sería de 2.500.000 dólares sólo en 2023”, señaló. Desde la Ursec confirmaron a la diaria que la cifra “anda muy cerca”, dado que la recaudación por la licencia anual ronda los 80 millones de pesos.
Los argumentos del MIEM
El MIEM sostiene en el decreto que “la emisión simultánea en digital y analógico genera costos para los titulares de las autorizaciones, que deben mantener ambas modalidades de transmisión, y que cada vez es más difícil obtener repuestos para el equipamiento de transmisión analógica”. También señala que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, por el momento “hay poca penetración de los receptores de televisión digital”.
Por otra parte, el MIEM argumenta que los servicios de comunicación audiovisual “son de interés general”, por lo tanto, el Estado debe “asegurar el acceso universal” a estos para contribuir a “la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”. Se trata, añade la cartera, de “derechos reconocidos como inherentes a la persona humana”. Ante la consulta de la diaria para ampliar en los fundamentos de la decisión, desde el MIEM señalaron que “está todo en el decreto”.
No es la primera vez que el gobierno aplaza este cobro. A fines de 2020, el MIEM extendió el plazo hasta el 1° de enero de 2022, bajo el argumento de que, en el marco de la emergencia sanitaria, se habían dispuesto “diversas medidas dirigidas a mitigar las cargas que gravan a las empresas, con el objetivo de mantener y estimular los niveles de la actividad económica con el objetivo de preservar el empleo de los trabajadores”. En agosto de 2022, volvió a postergar el cobro hasta el 1° de enero de 2023 utilizando el mismo argumento, aunque la emergencia sanitaria había finalizado cuatro meses antes.
Silvia Nane: “Es un negocio subsidiado”
La senadora frenteamplista Silvia Nane, en tanto, dijo a la diaria que “esto forma parte de un esquema de subsidios que les han ido dando a los canales privados”. A su entender, la televisión privada “es un negocio subsidiado” con recursos estatales, “no hay otra lectura”.
Nane vinculó el nuevo aplazamiento con los permisos otorgados a mediados del año pasado a cableoperadores para ofrecer servicios de internet, así como con la modificación de las bases del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Sustentable, que terminó siendo adjudicado a producciones de los canales privados y observado por el Tribunal de Cuentas.
“Ahora consiguen no pagar un canon y que les subsidien la reconversión del negocio analógico al digital. Es como si el Estado hubiera salido a subsidiar a los videoclubes cuando se vino la producción digital. Te subsidian el riesgo de negocio. Un negocio privado tiene determinados riesgos, uno de ellos es la actualización tecnológica”, expresó Nane.
En tanto, en diálogo con la diaria, Gómez señaló que desde que rige la ley de medios “nunca se les llegó a cobrar nada” a las empresas de televisión privada. Mencionó que, si bien técnicamente se trata de una prórroga y no de una exoneración, “se va postergando en el tiempo y no van a pagar para atrás, o sea, nunca van a pagar retroactivo”. “En todos los países del mundo se les cobra. Están usando un bien público, que es el espectro, para hacer plata; es como usar el agua para pescar o usar la tierra para sacar minerales”, expresó Gómez.