Con algunos cambios, la Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad el proyecto de ley de empleo integral, que fue presentado por el Poder Ejecutivo a mediados de marzo. Al incorporar determinadas modificaciones en la redacción, la iniciativa, que había sido aprobada en el Senado días después del 1º de mayo, volverá a tratarse en la cámara alta para su sanción definitiva.
Al momento de la votación, la diputada del Frente Amplio (FA) Sol Maneiro sostuvo que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “no nació de la nada”, sino “de años de experiencia acumulada, de políticas que funcionaron y de otras que no llegaron a quienes más las necesitaban”, así como de “escuchar a trabajadoras y trabajadores, a organizaciones, a técnicos, a empresas”. “Y nació, sobre todo, de la convicción de que el trabajo es un derecho, no un privilegio”, resaltó.
En términos generales, el proyecto –por el cual el equipo económico ya accedió a destinar diez millones de dólares– establece un régimen de estímulos para la contratación de trabajadores por parte de las empresas. En el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años en una situación de desempleo continuo superior a tres meses se otorgará un subsidio de hasta un cuarto de las retribuciones mensuales del trabajador, que aumentará hasta un tercio en el caso de las mujeres.
Del mismo modo, se disponen subsidios para personas afrodescendientes, trans, en situación de discapacidad y recientemente liberadas del sistema carcelario. En este último caso se propone que las empresas que contraten a “personas puestas en libertad hasta tres años de su liberación” podrán acceder a “un subsidio de hasta el 80% de las retribuciones mensuales del trabajador”.
Maneiro señaló que “los incentivos económicos solos no alcanzan” y, en ese sentido, apuntó que el proyecto también contiene “dos medidas que son tan importantes como el subsidio”. Por un lado, la prohibición de “los horarios rotativos para jóvenes contratados bajo este régimen”, cuyo propósito es “reconocer que un joven que estudia no puede aceptar un trabajo que le cambie el turno cada semana”. Por otro lado, se establece que “los menores de 18 años tienen un tope de 20 horas semanales”, porque, sostuvo, “el trabajo no puede competir con la educación”.
Con respecto a la anterior ley de empleo, la diputada del FA apuntó que “el 80% de las contrataciones se concentraron en Montevideo”, algo que “no es aceptable para una política de alcance nacional”. Destacó que el proyecto presentado por el gobierno “incorpora una perspectiva territorial concreta” mediante la habilitación de “contratos de hasta tres meses para actividades zafrales o de temporada estival”.
“Esta ley no resuelve todo. El desempleo estructural de ciertos colectivos no desaparece con una sola norma, pero lo que sí hace es poner en marcha un conjunto de instrumentos claros, accesibles y con respaldo presupuestal concreto. Da un paso, y en política social los pasos importan porque se construye sobre ellos. Y lo hacemos con la certeza de que cuando el Estado actúa con claridad y decisión política, las cosas cambian”, concluyó Maneiro.
Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional (PN) Pedro Jisdonian dijo que, con relación al “objetivo general” del proyecto, “todos compartimos la aspiración de generar más oportunidades” en materia de empleo para aquellos sectores de la población con mayores dificultades.
Sin embargo, el legislador del PN también sostuvo que “una cosa es el discurso y otra cosa es el articulado”, y señaló que el proyecto aprobado en el Senado tiene “una contradicción difícil de explicar”, ya que “mientras la exposición de motivos habla de fortalecer las políticas activas de empleo”, hay algunos artículos que “reducen beneficios, eliminan colectivos protegidos y debilitan instrumentos que hoy ya existen y funcionan”. A modo de ejemplo, Jisdonian mencionó que no se contempla a colectivos que actualmente tienen “instrumentos específicos de apoyo para su inserción laboral, como, por ejemplo, las personas migrantes, las personas clasificadoras de residuos registradas y las mujeres en situación de violencia basada en género”.