“Obviamente es una coincidencia, no se puede manejar el timing de las declaraciones en Fiscalía, pero que el presidente estuviera fuera del país es una situación complicada”, consideró el politólogo Daniel Buquet, al referirse a la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou durante la crisis más importante de su gobierno. Aunque su presencia en el exterior le puede servir para elaborar una respuesta “con más tranquilidad”, el tiempo que Lacalle Pou pasa sin pronunciarse “lo perjudica a él y al gobierno”, afirmó.
Mientras que el Frente Amplio (FA) tomó “una posición crítica, severa y responsable”, los legisladores del oficialismo “no están logrando responder de manera contundente, e incluso generan mucho desconcierto”. A la vez, los medios de comunicación “hablan de esto casi exclusivamente” y tanto dentro como fuera de ellos “no hay dos opiniones al respecto”, ni una postura que defienda al excanciller. “Está todo el mundo atacando a Bustillo, sin que el gobierno nos diga, salvo la renuncia: resolvimos el problema”, observó Buquet.
Por su parte, el politólogo Antonio Cardarello recordó que en “las anteriores crisis” vinculadas a las renuncias de otros ministros o al caso Astesiano el presidente alegó “que su confianza había sido traicionada o que no tenía conocimiento de lo que pasaba”. En esta ocasión, dada la repetición de sucesos y la implicancia de su asesor de confianza, Roberto Lafluf, “es mucho más difícil justificarse”, opinó.
En ese sentido, “el silencio me parece que viene de ahí, de pensar bien cuál tiene que ser la respuesta”, declaró Cardarello. Del otro lado, lo que se espera es “que la reacción del presidente sea tomar medidas fuertes: destituir a quien tenga que destituir o pedir la renuncia”, y además que realice un “mea culpa”, apuntó.
Cardarello también rememoró la campaña de Lacalle Pou en 2019, en la que se destacó la idea de que el actual presidente “se iba a hacer cargo y no iba a deslindar responsabilidades” pues “el último responsable de todo era él”. Aunque no directamente, esta afirmación fue retomada por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien tras lo sucedido expresó que “el superior siempre es responsable por omisión o por acción”, y que “por no saber es responsable igual”.
Respecto a las declaraciones de la oposición, Buquet dijo que, pese a que el FA “se pronunció primero muy rápido”, su postura fue “sobria y prudente”, dado que no buscó “fogonear una crisis institucional”, pero tampoco se abstuvo de exponer “la gravedad de los acontecimientos”. Asimismo, Cardarello evaluó que los frenteamplistas actuaron “de la forma esperable, en un sentido bien republicano y de lealtad institucional”.
Erosiones
La posibilidad de que se realice un juicio político a Lacalle Pou se ha colado en distintos análisis de la situación. Sin embargo, ninguno de los politólogos entrevistados por la diaria consideró que esto vaya a suceder.
Para Buquet, “institucionalmente se mantiene la estructura del gobierno constitucional, las instituciones democráticas”. Aquí y ahora “no está en juego la continuidad de ninguna de ellas” y eso se observa en tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial “funcionan y están cumpliendo sus competencias”, afirmó. Aun así, “lo que sí hay claramente es una crisis política del gobierno” y “obviamente estamos ante situaciones suficientemente complicadas como para que puedan escalar a una crisis institucional”, añadió. De acuerdo con el politólogo, hablar en “esos términos” sería posible “si hubiera un planteo de destitución del presidente”.
Sobre la imagen de Lacalle Pou, Buquet consideró que esta sólo se vio afectada “significativamente” con el caso Astesiano. Dado que el hecho de entregarle un pasaporte a un narcotraficante “tiene un costado parecido” al del exjefe de seguridad presidencial, es probable que esta polémica también lo perjudique. De todos modos, “depende de cómo se transmite el mensaje”, advirtió.
Asimismo, Cardarello dijo que “es difícil que se concrete” un juicio político, no sólo porque las mayorías exigidas “son muy grandes”, sino porque implicaría circunstancias “muy duras”. Al igual que Buquet, el politólogo evaluó que lo que está sucediendo “no parece ser una crisis que afecte al sistema democrático”, sobre todo porque “nadie piensa que la democracia esté en riesgo”.
Los eventos de este tipo “ayudan a erosionar la credibilidad del sistema” y alimentan la idea de que “todos los políticos mienten y gobiernan en beneficio propio”, alertó Cardarello. Según lo expuesto, algunos estudios internacionales arrojan que en Latinoamérica “hay un porcentaje de personas que estarían dispuestas a aceptar un régimen autoritario si les garantiza ciertos beneficios”. Si bien Uruguay “todavía es el país de América Latina en donde la democracia es el sistema preferido por lejos”, el nivel de confianza en ella “ha disminuido”, relató.
“También generaría erosiones si se comprobara que detrás de esto hay un sistema de corrupción generalizado y eso querría decir, como ha pasado en otros países latinoamericanos, que el narcotráfico, como dice el politólogo Juan Pablo Luna, perfora el Estado”, agregó Cardarello. Por eso es importante que el Poder Ejecutivo dé “señales claras de que conductas de este tipo no se toleran”, señaló.
Además, “creo que el sistema de partidos en su conjunto tiene que avanzar y trabajar en una ley de financiamiento de los partidos políticos. Es una buena señal de búsqueda de transparencia para darle a la ciudadanía”, subrayó.