La comisión de Asuntos Laborales del Senado avanza en el estudio del proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) que busca reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales a partir del cuarto año de vigencia de la ley. Este jueves fue el turno de opinar en la comisión del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, y de la delegación del PIT-CNT.
Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte, formó parte de la delegación de la central sindical e indicó, en diálogo con la diaria, que si bien están de acuerdo con la iniciativa y es “una reivindicación de la central sindical desde hace bastante tiempo”, podría “tener algunas mejoras”.
Por ejemplo, “en el proyecto de ley figura que se va a ir reduciendo las jornadas semanales de 48 horas de a dos años por año que pase”; esto provoca que se parta “de un mismo piso de 48 horas semanales”, lo que “no es cierto para todos los trabajadores”, porque hay varias “ramas de actividad” que “trabajan 44 horas semanales, como los sectores de comercio y servicio”. Entonces, tomar el mismo piso para todos “genera que, por ejemplo, un trabajador que hoy trabaja 44 horas semanales, para pasar a 42, va a pasar tres años porque tiene que esperar que vayan bajando los otros”.
“Lo correcto sería que cada uno arranque del promedio que tiene, ya que muchos trabajadores están por debajo de esa cifra”, y que no lo hagan “de un supuesto ficto”. Según un estudio del Cuesta Duarte, explicó Castellanos, en los aproximadamente 1.100.000 trabajadores que hay en Uruguay en la formalidad, “el promedio da que se trabaja 39,5 horas por semana”. Para el dirigente, esto funciona como una respuesta “para aquellos que dicen que una rebaja del horario va a ser de gran impacto”, puesto que “hacer una norma general de esos pisos mínimos no significaría un impacto casi apocalíptico”.
Asimismo, Castellanos respondió a las consideraciones hechas por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con respecto a que la reducción horaria debería ir acompañada de “un aumento de la productividad”. Desde la central sindical están “abiertos” a discutir el tema, señaló Castellanos, por entender que es “una herramienta para el desarrollo”, pero tampoco lo ven “contradictorio con la rebaja del horario”, sino que “puede ir conjuntamente en forma de andariveles”. “Está demostrado que en los problemas de competitividad en Uruguay el tema del trabajo es un porcentaje que no llega a 20%” y la mayoría “están relacionados con la tecnología, la capacitación y otras variables”.
Por su parte, Ramos contó a la diaria que durante su comparecencia ante la comisión explicó que en el sector público “hay una heterogeneidad horaria muy grande”, con “distintos estatutos”, además de tener “todo el tema de las autonomías”, como en el caso de “los gobiernos departamentales”. En segunda instancia, está “el tema de que una cosa es lo que se declara frente al BPS [Banco de Previsión Social] y otra cosa son las horas efectivamente trabajadas”, y apuntó que se debe analizar también “si no afecta el índice medio de salarios”.
El presidente de la comisión, el senador frenteamplista Daniel Caggiani, entendió, en diálogo con la diaria, que, como propuso el PIT-CNT, “habrá que bajar a tierra en qué sectores de actividad se puede trabajar de esta manera como está planteado” o si, por el contrario, “necesitan un tiempo diferente”. Por el momento, señaló, no hubo “indicadores oficiales ni del Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Economía”, que “no han dado ni un solo dato, sólo opiniones”. “Los datos que hay son de estudios internacionales que dicen que la cantidad de horas efectivas de trabajo en el sector público y el privado están en menos de 40 y, por lo tanto, esto no tendría una afectación global”, agregó Caggiani.
En el oficialismo “hay buena disposición”, pero también críticas
La senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi dijo que en el oficialismo no están en contra de la “idea del proyecto” y que “hay buena disposición”, pero advirtió que “hay que estudiar muy a fondo [la iniciativa] para tratar de que los puestos de trabajo que por la robotización y por la tecnología se liberen tengan ocupación en otros trabajos”, y que no se “puede caer en un esquema rígido de que trabajo menos y gano más”.
Bianchi consideró que es “peligroso” hacer “tabula rasa” en el caso de los empleados públicos, porque se trata de un sector en el que hay “mucha diversidad”, aunque “no se tienen los datos bien procesados”. Asimismo, a su entender, es un proyecto que “reduce el ámbito de la negociación colectiva”, que de por sí es “un espacio muy rico” porque “podés ir analizando industria por industria, trabajo por trabajo, rama por rama”, entonces, “si vos ponés que [la ley] es de orden público, no se puede pactar en contra de eso”, remarcó.