El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados para dar información sobre el estado de situación de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, luego del ingreso por designación directa de una treintena de militantes nacionalistas, la renuncia del entonces titular de la delegación uruguaya, Carlos Albisu, y la posterior interpelación por este asunto a dos ministros en el Parlamento. Paganini, que asumió el cargo recientemente, tras la salida de Francisco Bustillo, se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.
No obstante, el diputado frenteamplista Nicolás Viera, integrante de la comisión y encargado en su momento de la interpelación, dijo en rueda de prensa que el canciller informó que el presidente de la CTM, el nacionalista Martín Burutarán, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, el colorado Nicolás Albertoni, renunciaron en noviembre a sus cargos en el organismo binacional. Pese a ocupar un puesto en la cancillería, Albertoni tenía un cargo en la CTM. En tanto, Burutarán había ingresado de manera directa, pero pasó a ocupar la presidencia de la CTM tras la renuncia de Albisu; por lo tanto, Burutarán continuará como presidente –el cargo político– hasta el fin del período de gobierno.
Según Viera, Paganini también informó sobre “algunas decisiones relacionadas a renuncias y cambios de contratos” en Salto Grande. Para el canciller, ya hubo 23 “soluciones” con relación a los 36 cargos que durante la gestión de Albisu ingresaron por designación directa. Para Viera, en cambio, “de esos 36 cargos la solución definitiva fue sólo para siete [cargos], que son los renunciantes a ser empleados de CTM”.
El diputado de la oposición remarcó que el Poder Ejecutivo aún no ha cumplido totalmente con la moción que, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó al término de la interpelación, que exigía el cese inmediato de todos los contratos firmados de manera discrecional desde abril de 2020. “El Parlamento pidió el cese de los 36. Sabemos que el marco jurídico complejiza esa decisión, pero nos parece que es muy poco para la magnitud de la situación”, subrayó Viera.
“Escándalo absoluto”
El legislador señaló que “en las últimas horas” la delegación uruguaya de Salto Grande tomó resoluciones que “incrementan el costo y el mal uso de los recursos públicos”, y comentó que se firmó un convenio colectivo “mordaza” con el sindicato, que lo obliga “a no hablar del tema”, a cambio de un aumento salarial de “4% sobre el IPC [Índice de Precios al Consumo]”, algo que “ningún funcionario público ni privado del país tiene, y en año electoral un escándalo absoluto”.
Sin embargo, según Viera, Paganini “asumió que eso es un error” y sostuvo que el Poder Ejecutivo “va a rever” los términos del acuerdo firmado con los trabajadores. “Entendemos en esa actitud del ministro [Paganini] un cambio rotundo de talante respecto del anterior ministro [Bustillo]; por lo menos ahora hay alguien que se hace cargo con sinceridad de que el Poder Ejecutivo está en un problema”, señaló Viera.
Paganini: “La responsabilidad política la asumió Albisu”
Un par de horas después, tras comparecer ante otra comisión del Parlamento para explicar la posición uruguaya en el conflicto entre Israel y Palestina, Paganini habló acerca de las designaciones directas que continúan en sus cargos, a pesar del pronunciamiento unánime de la Cámara de Diputados. Al respecto, sostuvo que “hay 23 casos que ya se han resuelto”, ya sea mediante renuncias o a través de cambios de “una situación de contratación permanente a una contratación por un año a término y renovable”, lo cual “no condiciona a la futura administración” de Salto Grande.
En ese sentido, el canciller dijo que “hay que destacar” que se trata de personas que “aceptan voluntariamente cambiar su situación”. “Están renunciando a derechos adquiridos”, señaló, ya que al tratarse de un organismo binacional el Poder Ejecutivo no tiene “la posibilidad de destituirlos”.
Por último, Paganini sostuvo que “la responsabilidad política la asumió el presidente de la CTM que renunció”, en referencia a Albisu, y a la solicitud, por parte del Frente Amplio y Cabildo Abierto, de que también dejen sus cargos los tres miembros de la delegación uruguaya: Burutarán, Nicolás Irigoyen y Daniel Arcieri, quienes todavía permanecen en sus puestos.
Sobre la firma del convenio colectivo, el jerarca afirmó que, en realidad, se trata de un “preacuerdo” firmado entre la delegación uruguaya de Salto Grande y el sindicato. Si bien confirmó que el gobierno lo está “revisando”, dado que el ajuste salarial “no estaría de acuerdo a las pautas que el [Poder] Ejecutivo ha tomado para la administración pública”, aseguró que nunca dijo en comisión que fuese “un error”. “Todavía no me pronuncié sobre el fondo del asunto”, subrayó Paganini. No obstante, señaló que el ministerio está evaluando “las posibilidades legales que tenemos de influir” en la modificación del convenio. “Probablemente haya alguna recomendación a la CTM en estos días”, apuntó.