Está en el “Compromiso por el país”: la página 34 del documento programático que los cinco partidos de la coalición de gobierno firmaron antes de la segunda vuelta en noviembre de 2019 promete “considerar una eliminación gradual” del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), “en la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita”. Al enunciado se le agregó después el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aunque por ahora el gobierno no considera en ningún caso una eliminación de los impuestos.
El 2 de marzo el presidente Luis Lacalle Pou anunciará rebajas del IRPF y el IASS ante el Parlamento. Por esta razón, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, visitó el martes la residencia presidencial de Suárez y Reyes para definir junto al mandatario los detalles del “alivio tributario”. En ese contexto, economistas de distintos ámbitos criticaron la decisión del gobierno por diferentes motivos.
Gabriela Mordecki, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, dijo que se trata de “una rebaja impositiva en favor de los mayores ingresos del país, tanto activos como pasivos”, dado que actualmente pagan IRPF los salarios desde 39.620 pesos –aunque hay ciertas deducciones– y pagan IASS las jubilaciones desde 45.280.
Mordecki indicó que “solamente 30%” de los asalariados y rentistas tributa IRPF y, en el caso del IASS, “la proporción es todavía menor”, de alrededor de 25%. Por eso mismo, y en el entendido de que “siempre hay recursos escasos”, sostuvo que el objetivo de esta medida es “favorecer a 30% de la población que tiene mayores ingresos”, en detrimento de un posible beneficio impositivo para “los que menos ingresos tienen”.
A modo de ejemplo, mencionó que podría revertirse la reducción del descuento del IVA mediante pagos electrónicos, que en este período de gobierno se disminuyó de 4% a 2%. “Sería una medida efectiva que llega a la gente”, aseguró. Asimismo, apuntó que podría implementarse un “IVA personalizado”.
“La política económica en general siempre tiende primero a mejorar la capacidad de compra de los que menos tienen. El IVA es un impuesto que pagamos todos y que justamente los que tienen menores ingresos lo pagan más proporcionalmente [en comparación] a los que ganan más, que tienen otra capacidad de ahorro”, señaló Mordecki.
El director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Gonzalo Zunino, señaló a la diaria dos cuestionamientos, de corto y de largo plazo. En el corto plazo, afirmó que “la situación fiscal todavía no está lo suficientemente saldada como para pensar en reducciones impositivas”, puesto que aún persiste “un déficit relevante” y además existe “una amenaza de desaceleración del crecimiento”, apuntó. Según los últimos datos del gobierno, 2022 cerró con un déficit fiscal de 3,2% del producto interno bruto (PIB); en tanto, la estimación de crecimiento se sitúa en el entorno de 2% para 2023.
En el largo plazo, Zunino afirmó que bajar impuestos, “que además impactan básicamente en los ingresos más altos”, al mismo tiempo que se promueven reformas de largo plazo como la jubilatoria –que pretende “contener el gasto en pasividades”–, “parece desconectado de la realidad”.
En tal sentido, aseguró que una reducción del IASS “va en contra de lo que se está buscando hacer con la reforma previsional”, esto es, “tratar de evitar que las jubilaciones más altas tengan subsidios”. De concretarse la rebaja impositiva, “les sacás los impuestos que habías logrado poner, con lo cual estás fortaleciendo las transferencias, vía sistema previsional, a un conjunto de la población que en la reforma supuestamente le estás intentando reducir las transferencias”.
Zunino definió la decisión del gobierno como “apresurada” en términos de “la consolidación fiscal” y como “equivocada” en vista de “los desafíos de largo plazo que tiene Uruguay”, tales como aumentar el gasto en educación, en salud, y especialmente en las infancias, “donde hay un nivel de pobreza que es incompatible con el nivel de desarrollo que va alcanzando Uruguay”. La última medición del Instituto Nacional de Estadística marcó que la pobreza afecta a 10,7% de la población, pero entre los menores de seis años afecta a 22,5%.
“Uruguay tiene desafíos para los cuales necesita presupuesto y, en ese contexto, parece una contraindicación pensar en reducir la carga tributaria a los sectores más pudientes”, resaltó Zunino.
Las perspectivas a futuro
Sobre este tema opinó recientemente el economista Javier de Haedo, director del Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Católica, a través de Twitter: “No estoy de acuerdo por dos razones”, comentó; la primera, porque “implica asignar recursos a quienes perciben mayores ingresos en la sociedad, cuando hay otros sectores que los necesitan mucho más”, como la primera infancia. A su juicio, los recursos asignados hasta ahora por el gobierno en ese segmento de la población han sido “positivos pero insuficientes”.
La segunda razón, continuó De Haedo, es que “las finanzas públicas no admiten un deterioro fiscal permanente como el que se dará con esa decisión”. Apuntó que si bien tuvieron “un desempeño destacable” hasta setiembre de 2022, durante los últimos tres meses del año se observó “un deterioro inesperado”.
Al respecto, la semana pasada Arbeleche manifestó que el “alivio tributario” que se anunciará próximamente “se basa en un comportamiento que todo el gobierno ha tenido y que está dentro de estos lineamientos que llamamos la nueva institucionalidad fiscal”. Advirtió que las rebajas impositivas deben mantenerse “a lo largo del tiempo”, por lo tanto, “tenemos que tener en cuenta que en el resultado fiscal se mantenga esa rebaja tributaria”. Aseguró que “solamente un ejercicio muy responsable de las cuentas fiscales es lo que nos permite pararnos de esta manera”.
En entrevista con Doble click, Gabriel Oddone, economista de CPA Ferrere, comentó días atrás que “la señal de transmitir un relajamiento tributario” para los sectores de ingresos medios y medios-altos, en un contexto de una política monetaria todavía “en terreno contractivo” y en un escenario en el cual “probablemente al final de este período de gobierno haya una afectación de la distribución del ingreso”, no parece ser “el camino”. Sin embargo, aclaró que “está dentro del terreno de lo opinable”.
Mordecki añadió que “comprometerse a una baja [tributaria] para adelante” únicamente con base en el “resultado económico de un año”, a su entender, “no es la mejor política”. Señaló que se avizoran tasas de crecimiento “bajísimas” en comparación a las registradas en los últimos dos años. No obstante, expresó: “Tampoco podemos sacar conclusiones apresuradas, porque todavía no se sabe de cuánto va a ser la rebaja. Tal vez, en definitiva, es algo menor”.