El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) aún se mantiene a la espera de que el gobierno anuncie las eventuales modificaciones al anteproyecto de ley que le presentó en diciembre. El texto, que consiste en una reforma que abarca tanto a activos como a pasivos, aún no ingresó al Parlamento, pese a que las autoridades de la institución paraestatal han declarado en reiteradas oportunidades que las reservas que quedan aguantan hasta el segundo semestre de 2024, y luego, si no hay cambios, correrá riesgo el pago de las jubilaciones y pensiones.
Esta situación ha generado un marco de incertidumbre en el directorio, que aprobó el anteproyecto por una mayoría de cuatro votos afirmativos contra tres negativos, aunque luego un integrante pidió la reconsideración y la proporción pasó a ser de cinco a dos, pero hay confianza en que el Poder Ejecutivo enviará el texto a la brevedad al Parlamento, ya que es conocedor de la situación, entre otras cosas porque durante 2022 hubo una comisión de trabajo conjunta para definir los lineamientos de la reforma.
Consultado por la diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, señaló que el gobierno presentará el proyecto para su discusión parlamentaria “después de la discusión de la reforma general”, que ahora está en la Cámara de Diputados. Sobre eventuales cambios al texto que envió el directorio, dijo que esa es “la base” y que no se prevén grandes modificaciones, e incluso adelantó que “debería haber algún elemento que dé garantías de sostenibilidad, más bien de recursos”. Y es que desde la CJPPU han manifestado que aun con esta reforma y hasta que comience a tener efectos es necesario un salvataje económico transitorio que ronda los 20 millones de dólares anuales.
“Vamos a esperar a que se termine el debate sobre la ley general”, dijo Mieres, quien aseguró que, si se aprueba la reforma jubilatoria que se discute ahora en el Parlamento, no cambian “para nada” las necesidades que aún sigue teniendo la CJPPU, ya que la reforma general “lo que establece es un criterio de convergencia entre los distintos subsistemas” que apunta al “mediano plazo”, y “el problema de la caja es inmediato”.
“Si la CJPPU no se modifica ahora, no dura. Esa es la realidad de la situación. Está perdiendo patrimonio y termina de perder el patrimonio, por eso la ley es imprescindible”, expresó el ministro, y consultado acerca de los cuestionamientos de los usuarios, dijo que “las organizaciones gremiales de las distintas profesiones tienen muy claro cuál es la situación”.
Daniel Alza, vicepresidente de la CJPPU, dijo que el directorio quedó “a la espera” de lo que defina el Poder Ejecutivo, y si bien reconoció que “llama la atención que se demore”, también señaló que el gobierno “tendrá sus razones” por la “discusión del sistema previsional común”. Igualmente dijo que “preocupa que se vaya alargando” la espera porque se acerca 2024, “cuando se terminan las reservas”.
Discusiones previas y actuales
El anteproyecto presentado por el directorio incluye cambios como el aumento de la edad de retiro, la disminución de los haberes jubilatorios, el incremento en la tasa de aportación de los activos y la creación de una nueva tasa que deberían pagar los pasivos. También agrega algunos beneficios que son destacados por las autoridades, como la mejora del subsidio por maternidad, que se eleva a 100% del sueldo ficto.
Pero ya la discusión en la interna del directorio adelantó lo que luego serían las críticas de organizaciones de usuarios. Robert Long, director en nombre de los pasivos, integra la Asociación de Afiliados de la CJPPU, que días atrás emitió un comunicado en el que cuestiona la reforma propuesta. Entre otras cosas, el texto denuncia que el anteproyecto “no sólo no cumple con la finalidad que se supone es salvar la caja, sino que configura una continuidad de violaciones legales y constitucionales, que no dudamos serán anuladas al ser analizadas por los órganos competentes”.
“¿Alguien honestamente puede creer que este es el camino para mejorar la Caja Profesional?”, pregunta la asociación, que “rechaza enfáticamente” la propuesta, por entender que se limita a “recortar beneficios de afiliados”. En diálogo con la diaria, Long dijo que la delegación de pasivos está en desacuerdo porque “no se respetan derechos adquiridos” y porque se crea “un nuevo impuesto” a los jubilados”.
También Fernando Rodríguez Sanguinetti, otro de los directores, dijo a la diaria estar en desacuerdo con el anteproyecto por entender que no cambia “el paradigma de funcionamiento de la caja” y “es imposible hacerla funcionar con más impuestos”. Además advirtió que con la reforma “más gente va a abandonar” la institución, principalmente los que aportan de forma voluntaria para tener una doble jubilación. Sanguinetti cuestionó que actualmente “se está pagando sobre fictos que ya a esta altura son casi ridículos, sueldos imaginarios que no cobra la gente”.
Por otro lado, una organización de usuarios activos de la CJPPU manifestó rechazo al proyecto. Se trata de un grupo que, cuando empezó a discutirse la reforma, a inicios de 2022, se movilizó en la puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese grupo espera conformarse oficialmente como la Asociación de Profesionales Universitarios del Uruguay, pero aún está en los pasos previos. Pablo de Barros, vocero del grupo, declaró a la diaria que están “absolutamente en contra del anteproyecto” porque plantea “un impuesto para los pasivos, que es algo que no tiene ni pies ni cabeza”, y porque está prevista una reducción de los haberes jubilatorios, mientras se aumenta el aporte de los activos. “No sólo vamos a pagar más sino que vamos a recibir muchísimo menos”, criticó.
“Pero lo más preocupante de todo esto es que, aun así se haga eso, la caja no sobrevive mucho tiempo porque está fundida y se va a tener que volver a caerles a los profesionales. Y lo que más nos da bronca es que el Estado nos obliga a pagar a la Caja Profesional, nunca nos dio la opción de elegir entre un sistema público o uno paraestatal”, dijo De Barros, y planteó que quieren “entrar a un sistema que sea seguro”, y para eso el grupo propone crear un sistema de ahorro alternativo.
“En Uruguay hay récord de profesionales pero la población no aumentó, quiere decir que los profesionales trabajamos menos porque somos muchos para atender a una cantidad de ciudadanos que no crece. Y ganamos menos que los profesionales de hace 20 o 30 años, sin embargo la caja te cobra como si estuviéramos 20 o 30 años atrás y fueras lo que se llamaba la famosa elite profesional, que no existe más”, sentenció.
Nuevo llamado a auditoría
En paralelo, la CJPPU volvió a convocar a una auditoría para evaluar la gestión de los últimos 15 años. En 2022 ya se había hecho un llamado similar en dos ocasiones, primero en agosto, cuando se desestimó la única oferta presentada, y luego en diciembre, cuando se declaró desierto por falta de interesados.
Según un comunicado que emitió la institución, el fin de la auditoría es “determinar eventuales responsabilidades de cualquier índole en la gestión y en la toma de decisiones y su posible nexo y/o correspondencia con la situación económico financiera actual”.