La Caja de Profesionales Universitarios dio a conocer el anteproyecto de ley que la semana pasada le presentó al Poder Ejecutivo con el objetivo de reformar el sistema y sanear sus cuentas. Incluye cambios, como el aumento de la edad de retiro, la disminución de los haberes jubilatorios, el incremento en la tasa de aportación de los activos y la creación de una nueva tasa que deberían pagar los pasivos. También agrega algunos beneficios que son destacados por las autoridades, como la mejora del subsidio por maternidad, que se eleva a 100% del sueldo ficto.

De todas formas, esta no será la última versión del texto. Antes de que ingrese al Parlamento, es probable que el Poder Ejecutivo modifique algunos puntos y, una vez en el Palacio Legislativo, se le podrá hacer cambios en ambas cámaras. Por eso, para las autoridades de la Caja se vienen épocas de negociación. Es que la institución requiere, aun con esta reforma y hasta que comience a tener efectos, un salvataje económico transitorio que ronda los 20 millones de dólares anuales para no seguir gastando sus reservas, que disminuyen desde hace años. Según pudo saber la diaria, desde la Caja dan por hecho que, a cambio de ese dinero, el gobierno les exigirá un esfuerzo mayor a sus usuarios.

Con respecto a la edad mínima de retiro, el anteproyecto propone elevar a 65 años la requerida para configurar causal jubilatoria común, aunque prevé una etapa de transición para quienes actualmente están cerca de llegar a los 60, la edad prevista en la ley vigente. El texto dice que “quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley cuenten con 57 años de edad o más, permanecerán amparados por el régimen legal que se modifica”, es decir, el actual. Además, “quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tengan entre 51 y 56 años de edad” tendrán una “etapa de transición”: los afiliados de 56 años podrán retirarse a los 61; los de 55, a los 62; los de 53 o 54, a los 63; y los de 51 o 52, a los 64.

Más allá de esto, es de prever que las jubilaciones pasen a ser menores que las actuales por dos motivos. Por un lado, se calcularán en base a un promedio de los sueldos fictos de los últimos 18 años y no de los últimos tres como se hace hoy, lo que en la mayoría de los casos resultará en un promedio inferior. Por otro, la tasa de reemplazo (relación entre jubilación e ingresos en actividad) mínima pasará de 50% a 45%, con un nivel intermedio de 47% para quienes tengan de 51 a 56 años cuando entre en vigencia la reforma.

De todas formas, existirá la posibilidad de sumarle puntos porcentuales a esa tasa de reemplazo, retirándose con más de los años mínimos de servicio o con más de la edad mínima requerida.

En el cálculo del sueldo básico jubilatorio también habría un período de transición para las personas de 51 a 56 años, ya que, al momento de aprobarse la ley, a quienes tengan 57 se les seguirían tomando como referencia los últimos tres años de actividad. Con 51 o 52 años, se considerarían los últimos 15; con 53 o 54, los últimos 12; con 55, los últimos nueve; y con 56, los últimos seis años.

La tasa de aportación, es decir, el porcentaje del sueldo ficto que se les cobra a los activos, también se incrementaría, del actual 16,5% a 19%. En este momento, los profesionales anotados en la primera categoría, con un sueldo ficto de 27.363 pesos, aportan 4.515 a la Caja, y con el nuevo régimen pasarían a aportar 5.199. Por otro lado –y sólo para los nuevos socios afiliados–, habría una escala de sueldos fictos de 15 categorías, con intervalos menores, a fin de “incentivar el aporte de los profesionales recién egresados” y disminuir el impacto del cambio de categoría en las más bajas, “con un ficto menor que el vigente y subidas menos pronunciadas”.

A su vez, el anteproyecto dispone la creación de una “prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja”, a cargo de los jubilados y pensionistas de la institución. Las tasas de este aporte se calcularían con una escala medida en bases de prestaciones y contribuciones (BPC). Los jubilados y pensionistas que reciban hasta seis BPC –unos 31.000 pesos en valores de diciembre de 2022– no pagarían, y quienes ganen de seis a diez BPC –unos 51.200 pesos– aportarían 2%. A partir de ahí, la escala sube cada cinco BPC, con tasas de 6%, 8% y hasta 10%. No obstante, esa tasa sólo la pagarían los ya jubilados o los que se retiren con el régimen hoy vigente –mayores de 57 años, o mayores de 51 en su respectiva proporción–, pero no quienes se jubilen con el nuevo régimen.

En otro tramo del anteproyecto también se prevé una medida que afecta a quienes no son afiliados a la Caja pero hacen uso de los servicios de los profesionales, ya que se establece el aumento del costo de algunos timbres.