En la zona de El Jagüel, en Maldonado, se encuentra el centro Carpei del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), que atiende a niños niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años con problemas severos de salud mental. Funciona en dos modalidades: por un lado, realiza una atención integral en salud mental, y por otro atiende episodios agudos, puntuales.
Carpei fue objeto de la mayoría de las denuncias consignadas en varios informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).
Entre castigos excedidos -con encierros que van más allá del tiempo previsto-, abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte tanto de funcionarios como entre pares, desde marzo de 2020 que el MNP monitorea y realiza el relevamiento de estas situaciones, sobre las que ha informado repetidas veces tanto al INAU como a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.
El INAU tiene actualmente 19 denuncias procesadas con expediente, y otras cinco que no tienen proceso con expediente. Si bien también analizó otros cinco centros, 64% de todas las denuncias recabadas por el MNP corresponden a Carpei.
Si bien hubo sucesivos pedidos de informe a la institución y más de una sesión del directorio del INAU en la que se abordó el tema y se definieron “objetivos institucionales” a seguir, así como la desvinculación de funcionarios involucrados en los abusos, no hubo mayores novedades.
Al menos así fue hasta el 16 de febrero, cuando un informe de la División Jurídica del INAU llegó al directorio. En el informe, según consignó TV Ciudad y confirmó la diaria, reunieron todas las denuncias previas dirigidas a Carpei y recomienda rescindir el contrato con la empresa, lo que implicaría relocalizar a los 24 niñas, niños y adolescentes que hoy están en el centro.
Posturas distintas en el INAU
Pasado poco más de un mes de que el informe de Jurídica llegara al directorio, el jueves la directora por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, presentó un pedido para que se encomiende “a las áreas pertinentes” organizar a modo de medida cautelar “el traslado en forma urgente” de los menores que se encuentran en Carpei “en un plazo máximo de siete días a contar desde la notificación de esta resolución”, en el entendido de que la propuesta de Jurídica de rescindir el contrato no es acorde con quienes serían los “verdaderos sujetos de derecho” de la atención de este tipo de centros.
“¿Cuál es el bien jurídico que pesa más? ¿El contrato con la empresa o los sujetos de derecho?”, se preguntó Argenzio, que insistió con que esta situación viene desde hace más de “tres años”. Finalmente, el directorio resolvió que esta propuesta “sea considerada en el marco del seguimiento que se realiza con relación al contrato con la empresa Carpei”.
Según Argenzio, el traslado se haría evaluando “cada una de las realidades de estos sujetos de derecho” y así decidir “hacia dónde se los debe derivar” en este plazo de una semana propuesto, puesto que “estamos frente a una emergencia”.
“Si estamos antes situaciones de vulneraciones de derechos humanos no podemos decir ‘bueno, no tenemos cupo’; es responsabilidad del instituto, y el INAU tiene el presupuesto y la capacidad técnica para hacer ese análisis en forma urgente”.
Por su parte, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo a la diaria que no puede “adelantar” cuál será “la decisión final” respecto a Carpei, aunque “está claro que hay un informe de Jurídica categórico” que tiene su propio peso, pero decidió esperar a ver “de qué manera la empresa responde a esa alimentación jurídica antes de tomar la decisión final”.
Asimismo, indicó que “desde que todo esto comenzó” el INAU ha realizado “un seguimiento estrecho” de la situación. “De hecho, se suspendieron las derivaciones de niños al área de agudos, y en los hechos también están suspendidas las derivaciones a medio camino, o sea que estamos notoriamente en una etapa de transición”, aseguró Abdala, que se mostró “sorprendido” porque el informe de Jurídica “fue más allá” de lo esperado.
En definitiva, Abdala es partidario de esperar al descargo que le corresponde hacer a la empresa. “La decisión definitiva tiene que ver con los aspectos contractuales y jurídicos, y eventualmente puede dar lugar al fin de la relación”, señaló; mientras tanto, se está “supervisando la situación y previniendo cualquier situación de vulneración de derechos”.