Colectivos vinculados a los derechos humanos comparecieron este miércoles ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, donde tratan el proyecto de ley de reparación económica y social a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976. La iniciativa surgió de Cabildo Abierto (CA), que solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley con este cometido.
Semanas más tarde, Presidencia redactó el texto y el Senado le dio media sanción a fines del año pasado. El Frente Amplio (FA) denunció que la iniciativa tuvo un tratamiento exprés para que la reforma de la seguridad social, que en ese momento estaba a discusión de esa cámara, se aprobara lo antes posible. Para algunos frenteamplistas, se trató de una moneda de cambio entre el gobierno y CA para que este partido aprobara la reforma jubilatoria, que hoy se trata en Diputados.
El oficialismo se apresta a aprobar el proyecto de reparación cuanto antes, pero la oposición quiere citar a más delegaciones para que opinen sobre el texto. Este miércoles fue el turno de la Asociación Toda la Verdad -organización que pide que se reconozca a las víctimas de la guerrilla-, de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la asociación de ex presos políticos Crysol y de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
A favor, pero con dudas
Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló a la diaria que solicitaron a los legisladores que aclararan “un poco” el proyecto de ley, ya que lo que está indicando es “como que quieren implantar la teoría de los dos demonios, con la que no estamos de acuerdo”. En ese marco, adelantaron que no comparten la fijación del período 1962-1976, puesto que quedan por fuera algunas víctimas. “Nos llama mucho la atención”, expresó, y recordó que los civiles no habían sido reparados económicamente, pero sí policías y militares en 1973, año en que comenzó la dictadura cívico-militar. “Por lo tanto, este proyecto de ley debe abarcar sólo a civiles”, indicó Montes de Oca.
A su vez, expuso que preguntaron si la iniciativa abarcaba también los hechos y delitos que cometió la Juventud Uruguaya de Pie. “Es muy ambiguo y poco explicativo lo que ellos quieren reparar; incluso hablan de reparación de bienes”, sostuvo, y añadió que lo que querían que quedara claro es que no es lo mismo los hechos que cometió el Estado, en los que “se agredió a toda la población”, que las acciones de particulares o grupos.
“No tenemos inconvenientes en que se repare a los civiles, pero no tenemos bien claro qué es lo que quieren reparar ni a quiénes [abarcaría la ley]. Si viene con nombre y apellido, no sabemos”, indicó, y resaltó: “Fueron más dudas que cuestionamientos”. Entre ellos, que no usen ese período como “excusa” para decir “que fue lo que provocó la dictadura”.
En tanto, desde Crysol entienden “razonable” que el Estado asista económicamente a los familiares de los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia que “vivió nuestro país y que no han sido resarcidos hasta el momento”. En el documento que presentaron ante los legisladores, y al que tuvo acceso la diaria, indicaron que les “preocupa mucho” el hecho de que se vuelva a resarcir “a víctimas de la acción de particulares, que ya lo fueron oportunamente por el Estado”.
“De acuerdo a la información que manejamos, la inmensa mayoría de las personas fallecidas ya fueron asistidas en su momento por el Estado. Los promotores de este proyecto de ley lo saben”, añadieron, y agregaron que les parece que la “verdadera intención” del documento “no es resarcir a los damnificados durante un período muy difícil en la vida del país, sino generar una operación publicitaria y mediática”.
Asimismo, sostuvieron que es una “evidente maniobra política y marketinera”, que repite el accionar de los “grupos neonazis a nivel europeo e internacional” para condenar “al olvido al holocausto del pueblo judío y a las luchas de los pueblos contra el fascismo”. Apuntaron que en este caso “se trata de amplificar al máximo posible los resultados siempre dolorosos del clima de violencia y de confrontación que se generó históricamente desde el poder, muy especialmente desde el 13 de junio de 1968, momento en que el presidente Jorge Pacheco Areco implantó las medidas prontas de seguridad”.
A su vez, indicaron que la teoría de los dos demonios “es una interpretación histórica destinada a exculpar a los responsables sociales y políticos del drama histórico que vivió nuestro país”: “Y este proyecto de ley, tan enérgicamente defendido en todos los canales de la televisión privada y estatal por los mismos que defienden a los principales criminales que conoce la historia de Uruguay, va en ese sentido, va en esa orientación: ocultar el terrorismo de Estado, invisibilizarlo, difuminarlo, poniendo el foco en aspectos dolorosos pero menores de la historia que se vivió”.
Otros puntos
Diego Burgueño, referente de la Asociación Toda la Verdad e hijo de Carlos Burgueño, asesinado por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros durante la toma de Pando, en 1969, también compareció ante la comisión y manifestó su respaldo al proyecto. “Venimos manteniendo desde el comienzo de nuestra lucha reivindicar un pasado que ha sido oculto, enterrado para la ciudadanía, y exponer sobre nuestros propósitos de por qué este proyecto de reparación histórica lo apoyamos”, sostuvo a la diaria.
Según Burgueño, se trata de un “mojón” en la historia que ha tenido “más avances”, no como en otras oportunidades, que se presentaron proyectos en el mismo sentido. “Esta vez, aparentemente, va a llegar más lejos. De todas formas, no pedimos una reparación económica, lo que pedimos es reparación histórica”, y afirmó que “sí se puede dialogar sobre un pasado que tenemos que mirar más allá de la punta de la nariz”.