La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó este martes el proyecto de ley de “indemnización moral, social y económica” de víctimas “civiles, policiales, militares y sus familias” víctimas de grupos políticos armados, como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. El texto, enviado por el Poder Ejecutivo luego de que el Senado votara una minuta de comunicación a iniciativa de Cabildo Abierto (CA), salió de la comisión con los votos de los socios de la coalición de gobierno, ya que el Frente Amplio (FA) no acompañó la propuesta, y probablemente se aprobará este miércoles en el plenario.

El proyecto indica, en su exposición de motivos, que las víctimas y sus familias “han sufrido daños en su persona y bienes y se ha vulnerado su derecho a una indemnización pecuniaria por los daños ocasionados”, así como “su reparación moral”. “Es de justicia para estos compatriotas y sus familias, que han sido objeto de actos ilícitos y que como consecuencia de los mismos han sufrido la violación de sus derechos”, añade el texto.

El proyecto determina en su artículo cuarto que se “reconocerá a las citadas víctimas, la consideración de tales como dañadas en su persona y bienes, por la acción de los mencionados grupos y se ordenará la construcción de uno o varios memoriales dirigidos a su consideración como víctimas de acciones delictivas por motivos políticos”.

En su artículo sexto, el proyecto indica que se creará una comisión especial dentro del Poder Ejecutivo “que entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo”. En último término, será el Poder Ejecutivo el que defina quiénes podrán acceder a la prestación económica y cuánto les corresponderá cobrar.

Según supo la diaria, durante la discusión de este martes el senador de CA Guillermo Domenech planteó que se dejara estipulado en el proyecto de ley cuál debería ser el monto de las reparaciones económicas, algo que finalmente no prosperó. En concreto, Domenech propuso que estas víctimas recibieran un monto igual a lo establecido en la Ley 18.033 para víctimas de la dictadura, que son 8,5 bases de prestaciones y contribuciones mensuales, que son, en cifras actuales, algo menos de 44.000 pesos.

Sin embargo, en ese momento hubo quienes plantearon que, si se inscribía un monto que no había sido determinado por el Poder Ejecutivo, el proyecto, una vez aprobado, corría riesgo de declararse inconstitucional. Por este motivo, se decidió no establecer monto alguno.

Domenech declaró a la diaria que “hubiera deseado” que el proyecto avanzara hacia el plenario con el acompañamiento del FA, “en el ánimo de generar un ambiente de reconciliación, de superación de hechos del pasado”, pero lamentó la decisión final de la coalición de izquierda.

El senador de CA agregó que ya un proyecto de ley del expresidente Tabaré Vázquez, que finalmente no se aprobó, iba en el mismo sentido e incluía “una nómina de víctimas”, que son “entre 70 y 80”, la misma cantidad de personas que ahora podrían hacer su reclamo.

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, integrante de la comisión y quien también era partidaria de establecer el monto de las pensiones reparatorias, dijo a la diaria que votó a favor del proyecto porque “es hora de que se repare a las víctimas de los terroristas”, ya no del terrorismo de Estado, porque esas víctimas “ya están cubiertas”. “Hubo víctimas inocentes de todos los grupos terroristas que tuvo el país” y “tienen que ser reparadas también”, afirmó.

Del lado del FA, el senador José Carlos Mahía, que integra la comisión, manifestó a la diaria su opinión contraria al proyecto porque, en primera instancia, considera que fue hecho meramente “para cumplir acuerdos políticos internos de la coalición de gobierno”, por ejemplo, para aprobar la reforma de la seguridad social, con la que CA tenía diversos reparos.

En segundo lugar, dijo que el texto “tiene muchas inconsistencias, por ejemplo, no se sabe el número de personas que estarían amparadas bajo la norma que se proyecta” y “tampoco se conoce a ciencia cierta la definición precisa” de los requisitos para ser reconocidos por esta ley. También cuestionó que se delegue a una comisión del Poder Ejecutivo la resolución de quiénes podrían acceder a la prestación y de cuánto sería, porque “le da un nivel de discrecionalidad enorme”.

Por último, consideró que el proyecto “no tiene consistencia en cuanto al relato que supone”. “Por supuesto que si hay víctimas que no han sido reparadas, merecen serlo”, continuó, y agregó que ya hay personas a quienes el Estado les reconoció su situación, principalmente “militares o policías”. “Incluso en los gobiernos del FA se mantuvieron reconocimientos estatales a personas asesinadas durante el enfrentamiento con la guerrilla del MLN, fundamentalmente”. Para Mahía, el proyecto busca “reescribir en forma desbalanceada” la historia, “algo que no se debería hacer”, porque “una cosa es el enfrentamiento que hubo entre guerrillas y representantes del Estado, y otra cosa es el terrorismo de Estado, que fue lo que ocurrió durante la dictadura militar”. En este sentido, apuntó que “se puede mejorar” la herramienta de las reparaciones a las víctimas, “lo que no se puede es tergiversar”, lo que a su entender “es el sentido de este proyecto de ley”.