El exministro de Seguridad Social Ernesto Murro realizó un balance sobre el proyecto de reforma jubilatoria, que aún continúa a estudio en la comisión especial de la cámara baja. El Frente Amplio (FA) ya había anunciado, previo a que se diera el debate parlamentario, que votaría en contra en general, pero que de todos modos acompañaría algunos artículos porque cree que beneficiará al sistema de jubilaciones y pensiones.
“Trato de dejar lo mejor posible la posición del FA y también hay opiniones personales”, apuntó Murro en diálogo con la diaria, quien agregó que ante la agilización del proyecto por parte del oficialismo se optó por elaborar este estudio para que se informe a la ciudadanía de qué va la propuesta del Ejecutivo.
Este último documento, elaborado por el especialista del FA a pedido de los legisladores y militantes de las bases, no escapa a críticas al proyecto que la mayoría de la coalición de gobierno espera aprobar cuanto antes, más allá de algunas rispideces internas, en especial, de Cabildo Abierto, que amenazó con no aprobar y dejarla para el próximo período gubernamental.
En síntesis, según entiende Murro, para el gobierno la seguridad social “es un gasto que hay que recortar”: “Quieren reducir el gasto” del régimen jubilatorio de BPS 20%, que se estima sean unos 1.200 millones de dólares, “sin mejorar los ingresos”, planteó. En ese marco, en el proyecto del gobierno “no se plantean alternativas de financiamiento” y se otorgan “excesivas” facultades para determinar acceso a derechos y montos a cobrar al Poder Ejecutivo y a la agencia reguladora de todos los organismos de la seguridad social. “Sin mejorar los ingresos, la razón, el sentido común, nos indica que las jubilaciones pagadas a partir de la reforma van a ser para la mayoría de la gente menores que las actuales. No hay otra”.
Murro apuntó que, en general, la mayoría de las personas van a cobrar menos jubilación, según estudios que hizo la fuerza política o el Centro de Investigaciones Económicas, en los que se concluye que “en 66% de las historias laborales se obtendría un beneficio más elevado con las reglas vigentes, en comparación a los obtenidos con el régimen establecido en la reforma”. O sea, dos de cada tres personas van a cobrar menos, simplificó.
Según el exjerarca, el proceso del proyecto se desarrolló en estos últimos tres años, en los que “se ha recortado el gasto en pasividades en general y peor para las de menores ingresos”. Recordó que desde la reforma constitucional de 1989 las pasividades deben ajustarse, “por lo menos”, igual que los salarios. Sin embargo, desde el inicio de esta administración “han caído los salarios, principal fuente de ingresos para la inmensa mayoría de la población”.
“Esa es una razón de la caída de las jubilaciones y pensiones y la otra son las propias medidas de rebaja de pasividades. Por ejemplo, el monto establecido para las pasividades mínimas en 3,05 BPC [Base de Prestaciones y Contribuciones] en julio de 2020 es igual al de julio del año pasado. Sin duda, una parte sustancial del pregonado ahorro del gasto público y disminución del déficit fiscal tiene allí su causa, en perjuicio no sólo de jubilados y pensionistas, sino también del consumo, del comercio y productores nacionales”.
Apuntó que el ajuste que se dio a inicios de este año “es sólo una insuficiente leve modificación al proceso, que no altera la enorme pérdida registrada para la población” desde 2020. “Casualmente esta actitud del Poder Ejecutivo de rebaja de las pasividades mínimas que afectan a 140.000 personas se da simultáneamente al anuncio de eventuales mejoras del monto a futuro de algunas pasividades mínimas con la proyectada reforma. ¿Es casual? Creemos que no”, expuso.
Asimismo, recordó que en la reciente exposición del gobierno en la Cámara de Diputados “sus propias proyecciones indican que hacia 2050 habrá 45.000 personas jubiladas menos, unas 2.000 menos por año”.
Otras vías y formas de financiamiento
Murro apuntó que en el documento del Ejecutivo no se buscan otras vías de financiamiento y formas complementarias a los “tradicionales aportes” de los trabajadores. Agregó, en ese marco, que Uruguay es el país que tiene el porcentaje “más alto” de América Latina y uno de “los mayores del mundo” en aportes personales. “En el proyecto se promueve que aumenten por aportes ‘voluntarios y complementarios’, por ahorro decretado, y considerando que las cámaras empresariales ya han reiterado, que no ponen un peso más, algo que también lo ha reafirmado el gobierno”, estableció.
Por otro lado, se quejó de que “al barrer” aumente la edad de retiro de 60 a 65 años y que se rebaje el monto a percibir para la “mayoría” de las personas. “Aumentan también los años de trabajo para algunas otras posibilidades de jubilación y para pensiones de viudez o sobrevivencia. En general, y salvo situaciones especiales, son cinco años más para la jubilación común y hasta 15 años más para la pensión de viuda de por vida”.
A modo de ejemplo, pidió que se imagine a alguien que se queda sin trabajo “a los 50 y pico o a los 60 y poco”: “¿Cómo espera a los 65? Son aproximadamente un millón de personas que hoy están trabajando, que se verán afectadas, aproximadamente dos de cada tres en actividad, contrariamente a lo expresado reiteradamente en su campaña electoral y más recientemente, por el presidente de la República”, Luis Lacalle Pou, que en su momento aclaró que en 2019 no tenía los informes del gasto en el sistema jubilatorio: “Decían que en 2060 se iba a llegar a la situación que estamos en la actualidad”, había dicho.
Partidario de un “enfoque multidimensional”
Murro se mostró partidario de un “enfoque multidimensional” del envejecimiento como lo ha planteado sistemáticamente la Organización Internacional del Trabajo: “Las realidades de los trabajadores mayores se caracterizan por su heterogeneidad. El estado de salud e invalidez, capacidades y el ambiente laboral varían sustantivamente de persona a persona, y a su vez se enlazan con condiciones socioeconómicas y el sector específico en que se relacionan las personas mayores”.
Según el exministro, una “dimensión importante” de esta heterogeneidad son las diferencias significativas en la expectativa de vida entre diferentes grupos socioeconómicos. “Mientras que aumentar la edad de retiro es visto como una solución a la sostenibilidad financiera, la edad de retiro efectiva en la mayoría de los países de altos ingresos continúa por debajo de la edad de retiro legal”, indicó, citando la postura de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo -más conocida como Eurofound-, una organización tripartita de la Unión Europea.
Esto sugiere que se requiere un conjunto de “políticas más amplias” para aumentar la edad de retiro efectiva, “más allá de un simple cambio a los parámetros de los sistemas de jubilaciones y pensiones”.
Por otra parte, un dato “inédito” refiere a las rentas previsionales -la parte de jubilación que se genera por AFAP y que paga el Banco de Seguros del Estado-. Por ejemplo, Murro citó informes del gobierno donde “se supone” que en una jubilación común, la parte de BPS aporta el doble que la parte de AFAP. “En los ejemplos citados 8.000 pesos y 10.000 pesos de BPS y 4.000 pesos y 5.000 pesos de AFAP. Sin embargo, según información del BSE, “que es quien paga en general esa parte de jubilación o renta previsional, de un total de 19.000 rentas vitalicias generadas más recientemente, las que tienen más años de aportes, entre 2018 y 2020, unas 13.000 -es decir, el 68 %- son por un monto inferior a 5.000 pesos y con un promedio en ellas, de 1.800 pesos”.