Mientras a nivel político los integrantes de la coalición de gobierno definen cuándo votar la reforma jubilatoria -aún sujeta a modificaciones-, la comisión especial que analiza el proyecto en la Cámara de Diputados recibe en estos días a las últimas delegaciones. El lunes fue el turno de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), organización que nuclea a un centenar de asociaciones de fomento rural y representa a unas 15.000 unidades productivas.
Su presidente, Fernando López, afirmó a la diaria que “tiene que haber una reforma” y valoró que la propuesta del gobierno prevé un tratamiento diferencial para el sector agropecuario, el cual “no se puede equiparar a ninguno de los otros sectores”. Sin embargo, la delegación de la CNFR también planteó una serie de cuestionamientos ante la comisión especial.
Respecto al artículo 37 del proyecto, que a modo de excepción excluye a los trabajadores rurales y de la construcción de la suba de la edad mínima de retiro de 60 a 65 años, López señaló que “no queda claro cuál es el procedimiento, y además hay que tener una justificación”. A su parecer, “estaría bien que se pudiera atender de forma diferencial, pero lo que no queda establecido es el procedimiento para la jubilación anticipada”.
El artículo 37 establece, entre otros requisitos, que 20 de los 30 años de aportes “correspondan a servicios cumplidos en los puestos de trabajo amparados” y que en sus últimos diez años de aportes el trabajador “cuente con al menos cinco años en la industria o sector de actividad de que se trate”, ya sea la actividad rural o la construcción.
Por otra parte, López cuestionó la modificación del cálculo jubilatorio, que en caso de aprobarse la reforma, sería en función de los mejores 25 años de trabajo, en vez de los últimos diez o los mejores 20, como permite el régimen vigente. “Nosotros entendemos que es un período demasiado largo, sobre todo para el sector rural”, afirmó. Este punto es una de las principales críticas de Cabildo Abierto a la reforma.
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Asimismo, el presidente de la CNFR advirtió sobre el artículo 284 del proyecto, que dispone la creación de una “comisión técnica de revisión de exoneraciones de contribuciones especiales de seguridad social” con el cometido, justamente, de “rever las normas y situaciones que se encuentren exoneradas por aplicación de las normas constitucionales o legales vigentes”. Según López, “nunca se realizan revisiones para aumentar” las exoneraciones, “sino más bien para recortarlas”. No obstante, aclaró que la idea de crear una comisión “es buena”, siempre y cuando “se convoque a los productores familiares”.
Consultado sobre la tributación del sector rural, que entre 2018 y 2019 tuvo una alícuota efectiva de aporte patronal de 2%, esto es, casi cuatro veces menos que el régimen general de la industria y el comercio, López consideró que “no se puede emparejar y hacer tabla rasa”. Sostuvo que los pequeños productores “tienen un rol”, que “ahora se ve con la sequía y la generación de alimentos”, que exige que su tributación “no se pueda tratar como un comercio cualquiera”. Además, apuntó que “no todo el agro tributa con ese 2%; hay un ficto hasta ciertas hectáreas y después se paga diferente”.
Crysol sobre el proyecto: “Una medida simbólica para generar inquietud y nerviosismo”
El mismo lunes compareció ante la comisión especial la asociación de ex presos políticos Crysol. El proyecto, marcaron en un documento durante su exposición, “debería ser rechazado de plano” porque “obliga a trabajar más años, alarga la vida laboral de las personas, no asegura mayores ingresos y, lo que es peor, es fácil corroborar que los ingresos serán inferiores a los actuales”.
En particular, criticaron el artículo 65 del proyecto, que fija el haber de pensión base “en todos los casos” en 66% del sueldo básico de pensión para viudas, concubinos o hijos del fallecido; y en 50% del sueldo básico de pensión para “personas divorciadas o padres” del fallecido. Para Crysol, este artículo es “un acto de ensañamiento hacia las y los familiares” de ex presos políticos, dado que “afecta” y “reduce” el monto de las prestaciones -pensión especial reparatoria (PER)- de “las futuras viudas de ex presos políticos, al tiempo que las obliga a renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones”.
“Los cónyuges y los hijos de las y los ex presos políticos son los únicos en el BPS y en todo el sistema previsional que deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para acceder a la pensión de sobrevivencia, algo que debe ser modificado a la mayor brevedad”, reclamó la asociación ante los legisladores.
En diálogo con la diaria, el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, afirmó que el artículo 65 “afecta potencialmente a unas 1.800 viudas”, compañeras actuales de “los 1.800 ex presos políticos que estamos cobrando la PER; somos un universo mayoritariamente masculino porque era la realidad histórica de aquel momento”. Mencionó que el promedio de edad del colectivo está en 75 años.
Según Grisoni, el artículo 65 “es una medida simbólica para generar inquietud y nerviosismo, con poco resultado práctico. Lo hacen con esa finalidad, además de mentir descaradamente, porque son unos mentirosos”. Asimismo, recordó que recientemente una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos “le dio la razón a Crysol” en cuanto a que la PER “sea compatible con cualquier beneficio previsional”.