El jueves pasado la asociación civil Redes-Amigos de la Tierra Uruguay presentó un recurso administrativo de revocación y anulación ante el Poder Ejecutivo contra el llamado a licitación pública 23.980/2023 para la construcción de una usina y obras anexas de abastecimiento de agua en el área metropolitana de Arazatí, en San José, que fue publicado el 7 de marzo y vence el 4 de mayo.
El documento de impugnación, al que accedió la diaria, dirigido al directorio de OSE, señala que el artículo 73 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera establece que los recursos administrativos tienen efectos suspensivos sobre las contrataciones. El texto será distribuido a los integrantes del directorio de OSE este miércoles, según supo la diaria.
Según lo expresado en el texto, OSE no puede rechazar el pedido de suspensión de la licitación ya que la normativa establece que debe acreditarse que de esa forma afectaría “inaplazables necesidades del servicio” o que causaría “graves perjuicios”. “Por el contrario, se producirían graves daños financieros, ambientales, laborales y transgresiones graves a la normativa constitucional y legal vigente si se prosiguiera con el procedimiento de contratación administrativa sin que se proceda al análisis del contenido de los presentes recursos”, argumentaron.
María Selva Ortiz, licenciada en Sociología e integrante de Redes-Amigos de la Tierra, recordó que junto a otras organizaciones sociales presentaron recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Suprema Corte de Justicia, pero en esa oportunidad el directorio de OSE no dio lugar a la impugnación, ya que justificó que no refería a la resolución de la licitación, sino a la resolución con la que se aprobó el proyecto Neptuno, que es anterior.
Ortiz consideró que, en este caso, OSE debería suspender la licitación y que no hay “por qué agotar” las posibilidades por la vía administrativa. No obstante, adelantó que “si OSE no nos habilita, rápidamente pensamos accionar vía juicios”.
“Entendemos que el proyecto Neptuno está violando derechos humanos fundamentales, por ejemplo, no hubo participación, no hubo acceso a la información de en qué consistía el proyecto”, planteó la activista ambiental, y agregó que el gobierno tampoco cumplió con lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, respecto de la participación de los usuarios y la sociedad civil en “todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos estableciéndose las cuencas hidrográficas”, así como con la obligación de que los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua sean “prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
“Entendemos que este proyecto es inconstitucional porque se basa en una ley, la 17.555, de 2002, para iniciativas privadas. Después de esta ley vino la reforma constitucional de 2004, en la que la población por 64,8% aprobó que todos los servicios públicos de agua y saneamiento tienen que ser prestados por personas jurídicas, públicas y estatales, exclusiva y directamente”, argumentó Ortiz.
Para la integrante de Redes-Amigos de la Tierra, además de violar los preceptos de la Constitución, el proyecto Neptuno “es una falsa solución”, que implica hipotecar por 20 años 50% de la capacidad de inversión de OSE y que no podría hacer frente a una crisis hídrica como la que atraviesa el país en este momento, dado que “los niveles de salinidad del Río de la Plata han sido muy altos, lo que no permite potabilizar”, indicó.