La coalición de gobierno mantiene su plan de darle celeridad al proyecto de ley de reparación a víctimas de “hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976”. La iniciativa fue de Cabildo Abierto (CA), que propuso enviar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que este redactara un proyecto de ley. Así fue, y el Senado le dio media sanción con los votos de la coalición y la postura contraria del Frente Amplio (FA). En una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados, el texto entró en consideración de la cámara baja.
En la sesión de este miércoles en la comisión, la coalición de gobierno acordó que el 29 de marzo se realice una sesión extraordinaria para aprobar el proyecto y pasarlo al Plenario. La velocidad del tratamiento parlamentario llamó la atención del FA, que planteó la sospecha de que los socios de CA en la coalición quieren aprobar el proyecto para que los liderados por Guido Manini Ríos aseguren sus votos a la reforma jubilatoria, iniciativa sobre la que plantearon varias discrepancias.
Diego Echeverría, uno de los diputados del Partido Nacional en la comisión, dijo a la diaria que la idea “es darle celeridad a un proyecto que se votó en el Senado en diciembre y entendemos que es prioridad en nuestra agenda legislativa” y en el que, por ende, se quiere “avanzar cuanto antes”. Tras la sesión de este miércoles, en la que se recibió a seis delegaciones para que dieran sus opiniones sobre el proyecto, dijo que “la idea es empezar ya” a “trabajar en el texto final”. De la versión que vino del Senado “hay algunas modificaciones” que se entienden “pertinentes desde la coalición”, y en principio se incorporarían la semana que viene.
Consultado acerca de esas modificaciones, Echeverría señaló que no refieren a “lo sustancial” y “son más que nada cuestiones de redacción”. Una de las críticas esgrimidas desde otras fuerzas políticas es que el texto no establece el tipo ni el monto de las reparaciones económicas a brindar a las víctimas, que se fijarían en la reglamentación del Poder Ejecutivo, y negó que ese sea uno de los puntos a modificar, sino que “ese criterio se mantiene” o, al menos, “se mantendría”. “En eso nosotros tenemos una postura tomada de que es una cuestión demasiado específica como para incluirla en el texto de la ley; en todas las leyes pasa lo mismo, hay cuestiones que son mucho más prácticas si se dejan a la reglamentación del Poder Ejecutivo”, expresó.
Conceptos imprecisos
En cambio, el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, presidente de la comisión, dijo que “va a ser indispensable que el proyecto vuelva al Senado porque va a haber cambios” y “es necesario precisar algunos conceptos que no están definidos”. “Tenemos que reunirnos los integrantes de la mayoría que estamos a favor del proyecto, ponernos de acuerdo en lo que sería la definición de esos conceptos todavía imprecisos, elaborar los textos correspondientes, pasárselos a los legisladores del FA para que los conozcan con la necesaria anticipación para formar opinión al respecto, y después el 29 votaremos”, adelantó.
Consultado acerca de esas indefiniciones, dijo que habría que ajustar “la naturaleza y el monto de la reparación”. “¿Estamos hablando de una reparación consistente en un monto que se entregue por única vez a las personas que acrediten legitimación para recibirlo o estamos hablando de una prestación periódica tipo pensión, que se paga durante tiempo indeterminado? Eso no está claro”, apuntó. Luego agregó que también “hay un vacío en lo que tiene que ver con la definición del monto de esa prestación, ya sea una indemnización por única vez” o “una pensión”. Pasquet afirmó que “no se puede, a nuestro juicio, votar algo así”, sin “una definición en ese terreno”, en el sentido de que “no puede quedar librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. De todas formas, ratificó que “es la intención” aprobarlo el 29 de marzo.
El FA, en tanto, ya definió que no acompañará el proyecto que está en discusión, aunque luego estudiará el texto sustitutivo que presente la coalición de gobierno. El diputado frenteamplista Mariano Tucci dijo a la diaria que luego de la comparecencia de diversas delegaciones se ratifica que “el proyecto de ley tiene problemas de diseño, en primer lugar porque no establece con meridiana claridad el universo de eventuales reparados”, también porque se abre “un margen de discrecionalidad para el Poder Ejecutivo para establecer el monto de la reparación”, y porque hay cuestionamientos a las fechas elegidas para determinar el período que se toma como referencia.
“Lo que está a consideración en este momento en la comisión no está bien fundamentado, y en la medida en que no está bien fundamentado no es viable al momento que el FA pueda acompañarlo”, expresó. Esta posición fue ratificada a la diaria por otros diputados de la fuerza política.
Debate entre los diputados
Una de las delegaciones que comparecieron este miércoles fue la organización autodenominada Familiares de Prisioneros Políticos, integrada por allegados a procesados y condenados por crímenes de la dictadura. Luego de su comparecencia, a raíz del discurso de la delegación, Tucci consideró que debía “hacer la aclaración” de que “no es equiparable bajo ningún punto de vista el terrorismo de Estado”, o sea, “la acción que se emprende de manera organizada desde el Estado”, con “la acción o la operativa de grupos de la vida social”.
“Lo tuvimos que aclarar a texto expreso, porque hubo ahí en el discurso de esta organización una especie de equiparación de una realidad y de otra”, dijo, y agregó que el FA mantiene su pedido de que este proyecto de ley “debería recoger a texto expreso que en Uruguay hubo terrorismo de Estado”.
Consultado sobre este punto, Pasquet recordó que en la sesión le respondió al diputado del FA. “Me parece que hay un error de enfoque, porque no estamos discutiendo acerca de los victimarios, no estamos discutiendo acerca de qué fue lo que hizo la guerrilla, qué fue lo que hicieron los militares o los policías. Acá de lo que se trata es de las víctimas, y desde el punto de vista de las víctimas yo creo que vale tanto el dolor de una madre que pierde a su hijo porque lo mató un militar o un policía como el dolor de una madre que pierde a su hijo porque lo mató un guerrillero. Desde el punto de vista de las víctimas, esas diferencias que señalaba el diputado Tucci a mi juicio carecen de relevancia”.