A pocos días del fin del procedimiento competitivo para la adjudicación de tres bloques de espectro 5G, persiste el malestar entre las empresas interesadas. Se anunció que se presentarán recursos administrativos contra el pliego de la subasta y no se descarta elevar el reclamo al ámbito judicial. El director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en representación del Frente Amplio, Pablo Siris, entiende que es momento de poner el proceso “en pausa” para evitar “resultados onerosísimos para el Estado”.
Por decreto del Poder Ejecutivo, la Ursec debe realizar la subasta para la asignación de tres bloques de espectro radioeléctrico de 100 Mhz -en términos comerciales 5G, tecnología que permite una mayor velocidad de conexión- antes de fines de abril. Según el pliego elaborado por la Ursec y aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), uno de los bloques ya está reservado para Antel. Las otras empresas que han participado en el proceso son Movistar, Claro, Dedicado, GSMA, 5G Americas y Asiet.
En entrevista con El País, el directivo regional de Claro, Alejandro Quiroga López, cuestionó los términos de la subasta y anunció que la empresa transnacional presentará un recurso administrativo contra el pliego, sobre todo contra el precio base de la subasta. El decreto del Poder Ejecutivo fijó el precio base de cada bloque en 28 millones de dólares. Según el representante de Claro, dicho monto “no está fundamentado” y “es altamente negativo para Uruguay porque va a destruir valor”. Afirmó además que el pliego refleja que “no hubo tiempo de leer todas las consideraciones de todos los interesados” y no desestimó recurrir eventualmente a la vía judicial. Del mismo modo, desde Movistar señalaron a El País que evalúan tomar acciones frente a una subasta que, a su modo de ver, no “facilita” un “despliegue competitivo”.
En diálogo con la diaria, Siris sostuvo que la disconformidad de las empresas “era absolutamente previsible”, porque el proceso no ha tenido “mecanismos de diálogo previo”, ni tampoco “instancias en las que se puedan expresar tanto los requerimientos de las empresas como las necesidades del país”. “La forma en que se hicieron las cosas está tan mal que no hay posibilidad de un resultado distinto, que todas las partes queden enfrentadas por distintas cosas”, expresó.
Respecto al precio base, el director de la oposición, quien advierte que en el exterior hubo subastas de características similares en el entorno de los 50 millones de dólares, manifestó: “Yo no comparto el criterio de Claro, pero lo entiendo. Dicen que si se realizan condiciones de despliegue importantes, esto debería considerarse en el precio, pero en la subasta las condiciones de despliegue consideradas son absurdas, ridículamente pequeñas”.
Fuentes del oficialismo en la Ursec señalaron a la diaria que el precio base ha recibido distintos cuestionamientos, ya que “para algunos es muy caro”, pero “para otros es muy barato”, “hay posiciones de los dos lados”. Asimismo, mencionaron que el Poder Ejecutivo “dio vista” a los aportes de las empresas.
Además de las críticas de Claro y Movistar, Dedicado expresó a través de un comunicado que “se siente excluida de la subasta del espectro 5G por los requisitos impuestos por el MIEM”. La empresa de “capitales nacionales” sostiene que el pliego “favorece a las empresas multinacionales y significa una entrega a extranjeros de la soberanía del espectro radioeléctrico”. El CEO de Dedicado, Arturo Vargas, afirmó que la empresa “va a buscar todos los caminos posibles para proteger y defender el trabajo de los uruguayos”.
Consultado al respecto, Siris señaló que las condiciones de la subasta “hacen imposible que participe una empresa nacional”; y agregó que, en caso de adjudicarse a una empresa internacional, el espectro “se mantiene extranjerizado prácticamente a perpetuidad” dado que para la renovación “lo único que se requiere es que las empresas manifiesten su voluntad”. En principio, el plazo de concesión del derecho del uso de las frecuencias es de 25 años.
En pausa
Acerca de la posibilidad de que las empresas presenten recursos administrativos, desde la Ursec explicaron que en cualquier caso esto correspondería al Poder Ejecutivo, que es el encargado del “acto administrativo”. Este martes la diaria intentó comunicarse con el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, pero no obtuvo respuesta. De todos modos, desde la Ursec señalaron que en anteriores procedimientos competitivos también se presentaron recursos de este tipo.
Siris reconoció que hay antecedentes de impugnaciones, pero sostuvo que “es difícil” encontrar argumentos “tan sólidos como los que se plantean” respecto a la subasta de 5G. A su criterio, si una de las empresas efectiviza el reclamo, el gobierno debería detener el proceso. “Si luego de que se asigne el espectro el TCA [Tribunal de lo Contencioso Administrativo] dice que por ejemplo el señor de Dedicado tiene razón, ¿cómo se resuelve la situación?”. La marcha atrás es una opción, “pero los resultados son onerosísimos para el Estado”, señaló. “Yo pondría el proceso en pausa hasta que se resuelvan los recursos, pero obviamente no es la intención del Poder Ejecutivo, ni de la mayoría del directorio de la Ursec”, expresó Siris.