“No podemos exonerar para hacer 25 metros cuadrados”, dijo Gustavo González sobre el proyecto para aumentar la superficie mínima habitable

Luego de que el Frente Amplio presentara un proyecto de ley para regular el metraje mínimo de las viviendas, el senador frenteamplista Gustavo González, promotor de la iniciativa, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que el “argumento de que se quiere destruir los monoambientes no es cierto”, sino que lo que se busca es volver a lo que planteaba la Ley Nacional de Vivienda (13.728) antes de la Rendición de Cuentas de 2021: que “la superficie habitable de una vivienda no será inferior en ningún caso a 35 metros cuadrados”.

Además, se establece que el mínimo dispuesto será aplicable “a las viviendas que tengan un dormitorio”, en lugar de a “las viviendas con tipología monoambiente”, como dispone la norma actual, que desde el período anterior tiene fijado ese mínimo en 25 metros cuadrados. El objetivo es que las construcciones tipo monoambiente no sean abarcadas por la Ley de Vivienda Promovida, en el entendido de que muchas veces no se utilizan para fines habitacionales, sino como consultorios, oficinas, etcétera.

González argumentó que resulta “una barbaridad que se exonere a la industria de la construcción para construir 25 metros cuadrados”, en el entendido de que hay “un gran negocio detrás” que “no bajó en una vivienda el déficit habitacional del país”. Según González, cada año el Estado resigna 24 millones de dólares de impuestos mediante la Ley de Vivienda Promovida.

El senador desestimó las críticas de representantes del sector empresarial a la iniciativa, a quienes definió como “los terroristas enemigos de vivir en una vivienda digna y adecuada que reivindican los 25 metros cuadrados”: “No podemos exonerar para hacer 25 metros cuadrados. ¿La industria de la construcción quiere hacer monoambientes de diez metros? Que los haga, pero no con una exoneración fiscal, como pocas industrias tienen, prácticamente de todos los impuestos del país”, argumentó.

González señaló que una vivienda de dos dormitorios tiene 75 metros cuadrados y un valor de 150.000 dólares, mientras que tres monoambientes de 25 metros ascienden a 100.000 dólares cada uno, por lo que su propietario “se hace de 300.000” dólares. “Están enojados por eso”, acusó el legislador. “No me parece que Uruguay pueda defender 25 metros cuadrados y cobrar 100.000 dólares por eso”, dijo. En la opinión del legislador, la Ley de Vivienda Promovida funcionó “en términos de dar trabajo”, pero no en el acceso a la vivienda para sectores vulnerables, y tampoco cumplió con el objetivo de “construir en los espacios urbanos que tienen todos los servicios”, sino que lo han hecho “en todos lados”.

Más allá de los 35 metros como superficie mínima, el proyecto también establece que la vivienda debe tener un dormitorio. El frenteamplista dijo que con ese metraje “se puede hacer y es lo lógico”, además de que este requisito “se exige a todos los programas sociales del país”, como las cooperativas de vivienda: “¿Por qué a un programa social le exigimos eso y al monoambiente no?”, se preguntó, y lo tildó de “absolutamente injusto”. También cuestionó que muchas veces los monoambientes exonerados terminen siendo consultorios u oficinas, algo que “no es correcto”.

Por otro lado, González criticó el argumento de que los monoambientes son utilizados por estudiantes, a la luz de que “no hay ningún control en el crecimiento de la familia”. En esa línea, señaló que “ese es un porcentaje”, pero hay otro “que ya tiene una familia ahí adentro”, y reflexionó: “Quién le va a negar a una persona que lleve a su pareja y mañana tenga un hijo”, siendo que “si no tiene plata para irse a otro lado se va a quedar alquilando ahí”. Sobre el número de monoambientes construidos al amparo de la Ley de Vivienda Promovida, González respondió que así sean dos “es injusto” y no importa “si fue el 10%, el 15% o el 12%”, en respuesta a lo que señaló el MVOT, en el sentido de que solamente el 10% corresponde a monoambientes.

“Nunca pensé que este proyecto de ley llevara tanto debate, pero se ve que hay un gran negocio. Tiemblan con que se les saque este negoción para la industria de la construcción”, acusó.

Sobre el trámite parlamentario, indicó que “puede haber opositores” y se trata de “los representantes del capital en el Parlamento”, que “hablan de los ganaderos hasta para nombrar a una localidad o pueblo”. González está “convencido de que sería bueno” que la iniciativa se apruebe, pero puntualizó que ya cumplió el objetivo de abrir al debate, por lo que “si no se aprobara porque no hay votos, nuestro pueblo tendrá que sacar la conclusión de que hay una mayoría que quiere que la gente viva en 25 metros cuadrados”.

Gustavo González trabaja en un proyecto de ley para regular los precios de los alquileres

De prosperar, lo que recaudaría el Estado al dejar de exonerar la construcción de monoambientes se debería destinar “también a vivienda”, consideró González, ya que una persona sin capacidad de ahorro “solo puede llegar a la vivienda a través de algún programa del Estado”, porque “está concebida como una gran mercancía”.

Respecto de los precios de los alquileres, el senador adelantó que trabaja en un proyecto de ley que ya remitió a la titular del MVOT, Tamara Paseyro, que es “una nueva regulación sobre alquileres”, porque el libre mercado “lleva a muchos problemas para la gente”, como el acceso a una garantía de las personas que participan en la economía informal.

“No va a derogar lo que hay”, adelantó. Dijo que atenderá a propietarios medianos y pequeños que no cuentan con capital para realizar reparaciones en una vivienda que prevé alquilar: “Entonces, que pueda tener un crédito del Estado –que lo devuelva– y que pueda refaccionar su vivienda para poder tenerla en el mercado de alquileres”. Por otro lado, adelantó que prevé que “nadie podría pagar por una vivienda más del 25% de su salario” y que implicaría “topear las zonas” a través de un estudio catastral.

“Concebir la vivienda como un derecho” y no como “una mercancía”

González enumeró algunas modificaciones para consolidar un mejor acceso a la vivienda en Uruguay. Por un lado, exhortó a “volver a tener un verdadero Fondo Nacional de Vivienda” y calificó al actual como “un bluff”, ya que desde la crisis financiera de 2002 quedó sin fondos, “nunca más se reconstruyó” y funciona con “partidas presupuestales, lo que vote el Parlamento”.

Por otro lado, dijo que es necesaria una propuesta para “concebir la vivienda como un derecho”, algo “difícil en este sistema”, y dejar de verla como “una mercancía más”. “Que sean cuotas accesibles. Si no se hubiera mutilado esa ley de 1968 tanto como la fueron mutilando, tendríamos otra realidad. Era una ley que daba varios programas –podés acceder a una cooperativa de ahorro y crédito o a una de ayuda mutua– y ponía un tope de ingresos para el salario que te tenían que afectar”, indicó.

Finalmente, llamó a “ligar” problemas de vivienda con los de salud y educación, ya que si “la vivienda se llueve no hay salud”, y “no les podemos pedir rendimiento escolar a los pibes que viven ahí”. “Hasta que no se conciba así la vivienda, vamos a tener las dificultades que se tienen”, advirtió.