La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato, en 1974, de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, conocidas como las “muchachas de abril”, y las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González González obliga al Estado uruguayo a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad institucional” con las cabezas de los tres poderes y familiares de las víctimas.
Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores había manifestado su intención de cumplir con el acto en diciembre del año pasado, los familiares de las víctimas rechazaron en su momento la propuesta por entender que “no se habían generado los espacios de diálogo adecuados”, además de señalar que se debían “acordar las demás obligaciones a cumplir por parte del Estado para que el mismo no se transforme en un mero acto protocolar”.
Según informó Búsqueda, la reparación económica que determinó la sentencia ya fue acordada con el Ministerio de Economía y Finanzas, y estaba previsto que este jueves se llevara a cabo una reunión para ultimar los detalles del acto.
Cuando todo parecía encaminado a llegar a un acuerdo y hacer el acto el 11 de mayo en el Palacio Legislativo, familiares de las “muchachas de abril” informaron mediante un correo enviado al Parlamento que ponían en suspenso el acto, puesto que no se prevé que concurra el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Martín Fernández, que representa a los familiares, dijo a la diaria que venían “negociando las condiciones del acuerdo como dice la sentencia”, que especifica que en el acto participen “las más altas jerarquías de los tres poderes” y que, en sucesivas notas enviadas a “reparticiones del Estado”, no han tenido “respuestas por escrito”.
Finalmente, “en el día de ayer nos dicen que no se va a atender esta situación, que va a ser la vicepresidenta [Beatriz Argimón] y que el acto es el 11 de mayo”, por lo que “pedimos que se revise esta situación, que sigue siendo necesaria la presencia del presidente”, explicó Fernández.
A raíz de esta negativa, Ielsur envió una carta a la Corte IDH, a la que accedió la diaria, en la que informa sobre “el estado del intercambio entre el Estado uruguayo y esta parte en cuanto a la celebración del acto público de reconocimiento de responsabilidad” y señala que la presencia de Lacalle Pou “resulta un aspecto central para convertir la instancia en un verdadero acto de reparación a las víctimas”, así como una forma de “enviar un mensaje a la sociedad, y en especial a las Fuerzas Armadas, que son quienes en su mayoría tienen la información necesaria para dar con el paradero de los restos de las personas desaparecidas”.
“Entendemos que el proceder del Estado no es respetuoso de la dinámica que este asunto exige y esperamos, en todo caso, ser convocados a una nueva reunión de coordinación que revista la correspondiente voluntad de intercambio y acuerdo con esta parte”, sentencia la misiva.
Fernández también indicó que la intención de los familiares es que el acto sea “en un espacio público, no en el Palacio Legislativo”, pero que “hay una falta de comprensión de la condena de la Corte IDH” por parte del gobierno. El abogado aclaró, de todas formas, que “no se está responsabilizando a este gobierno”, sino “al Estado uruguayo”.
Horacio Raggio, hermano de Laura Raggio, participó en las reuniones con la cancillería y siguió de cerca las idas y vueltas en la negociación. Consultado por la diaria, sostuvo que desde la coalición ”están haciendo lo que ellos quieren”.
“Nosotros acordamos en un montón de cosas” con tal de que el acto se llevara a cabo, aseguró. “Pedimos que fuera el presidente y nos dicen que va a ir la vicepresidenta, pedimos que fuera en la plaza Libertad y nos dijeron que no”, sentenció Raggio; el acto, sostuvo, es para que “se sepan unas cuantas cosas” de la sentencia y la investigación.
Asimismo, entendió que la voluntad del gobierno de llevar a cabo el acto “es sólo por cumplir con un compromiso de decir que el Estado cumplió, y no hay mucho más interés”. Según Raggio, “algunas cosas de la sentencia van a cumplirlas”, como la reparación económica, pero “en la parte moral para los familiares no sentimos que cumplan, es un trámite” por algo que “estamos esperando hace 49 años”.
Pero, por otro lado, la cuestión se ha estirado porque -a entender de Raggio- “atrás de todo esto hay un socio de la coalición que les está exigiendo un cambio de estrategia: es Cabildo Abierto [CA], que está haciendo valer esos votos que el gobierno necesita y lo obliga a cambiar la estrategia”.
Domenech “discrepa” con “un acto que tergiversa la verdad de las cosas”
Naturalmente, cuando parecía que el acto se iba a realizar, los focos miraron hacia Cabildo Abierto (CA), el socio de la coalición de gobierno que se ha mostrado más de una vez en contra de este tipo de sentencias y ha apostado por abonar otro tipo de relatos en relación con la última dictadura.
Consultado por la diaria, el senador y presidente de CA, Guillermo Domenech, dijo que “discrepa” con “un acto que tergiversa la verdad de las cosas”. “No eran ningunas muchachas, eran personas que formaban parte de un movimiento guerrillero que se había alzado”,dijo, e insistió con que se trató de un “enfrentamiento”, puesto que “repelieron la intervención militar con armas”.
A entender de Domenech, “estamos transitando por un mal camino de pretender deformar la historia con una finalidad política y económica” y, para ello, “se están utilizando instituciones de carácter internacional”. El legislador cabildante dijo, además, que tiene “la convicción” de que Uruguay “no se defendió bien” durante el juicio ante la Corte IDH “porque en el gobierno había personas que eran camaradas de las víctimas”. Sin embargo, aún falta que “el plenario de Cabildo defina” si participará en el acto o no, según Domenech.
Bianchi: “Hay que decir toda la verdad de esas cosas”
La senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi indicó que “es una voluntad del presidente” y que cuando se está dentro “de un organismo internacional que tiene potestades para indicarnos determinadas cosas, hay que cumplirlo”.
“Lo que sí considero es que hay que decir toda la verdad de esas cosas; yo me acuerdo de ese episodio y fue un enfrentamiento”, matizó Bianchi, lo que “no quita que hayamos sentido un profundo dolor por lo que pasó, porque eran tres muchachas jóvenes; son episodios que todos lamentamos y hay que cerrarlos”.
De todas formas, “la historia es una ciencia social; hay una verdad y hay una historia reciente que no se contó totalmente como fue”, sostuvo. “A mí me robaron la adolescencia y la juventud”, planteó sobre las consecuencias de “la guerrilla” en su generación.
Familiares: “No hay dos verdades”
La asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos publicó un comunicado en rechazo de las expresiones del sector liderado por Manini Ríos. “Rechazamos de forma categórica que representantes nacionales realicen declaraciones de semejante magnitud, donde se justifica y hace loas al Terrorismo de Estado y sus atroces crímenes. Nada justifica el asesinato cobarde de tres muchachas en su hogar (una de ellas embarazada), ni tampoco hay lugar a reivindicar el rol de unas Fuerzas Armadas represivas y criminales”, expresaron.
Asimismo, la asociación sostuvo que no admite la “distorsión de la historia” y que “no hay dos verdades”. “La sentencia de la CIDH es contundente y el Estado uruguayo asumió su responsabilidad ante la misma, por lo que no es admisible que miembros de este parlamento realicen este tipo de declaraciones contrarias a los propios avances de nuestro Estado en materia de verdad”.