La causa que investiga el acuerdo entre el gobierno y la multinacional belga Katoen Natie fue archivada el 28 de noviembre de 2022 por la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno, que consideró que no tenía elementos para probar el dolo en la actuación de los investigados. Ya en ese momento los legisladores frenteamplistas denunciantes, Charles Carrera, Mario Bergara y Enrique Rubio, habían anunciado que pedirían que la causa fuera revisada por otro fiscal. El 7 de febrero de 2023, se dispuso el reexamen del asunto y se asignó el caso a la Fiscalía de 2º turno, a cargo de Silvia Porteiro.
En un escrito presentado el jueves 27 de abril ante dicha sede, al que accedió la diaria, los senadores frenteamplistas denunciantes reclamaron que se incorpore como elementos probatorios a la causa nueva evidencia recolectada en torno a la actuación del presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.
Los legisladores argumentan que Curbelo actuó “con dolo” cuando decidió “eludir el pasaje de la decisión” de la prórroga de la concesión de la terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo a Katoen Natie hasta 2081. Sostienen que el presidente de la ANP “actuó de espaldas al directorio que preside” y que su accionar no fue acorde con la normativa vigente.
El aspecto que señalan con más fuerza los denunciantes es que Curbelo no informó al directorio de la ANP sobre el acuerdo de la concesión y que este se enteró por la prensa del contrato. “Para mí es muy claro que el asesoramiento no debía pasar por el directorio porque entendimos en su momento que los servicios, tanto Jurídica como el Departamento Comercial, hicieron sus informes y nosotros lo elevamos a quien lo solicitó”, manifestó en su momento Curbelo, cuando asistió a la Fiscalía a declarar.
Cuando procedió al archivo de la causa en 2022, el fiscal Gilberto Rodríguez señaló en su dictamen que el asesoramiento de Curbelo al directorio de la ANP en este punto “no reúne las condiciones de un ‘asesoramiento’ en debida forma como es reclamado tanto por la Ley de Puertos como por la Ley 19.355, de extensión de la prórroga”. Sin embargo, consideró que no hubo dolo, sino que se trató de un error del jerarca.
Las pruebas aportadas este jueves por los legisladores apuntan a probar que sí existió dolo y que Curbelo “sabía perfectamente que estaba actuando de manera ilegal cuando actuó de espaldas al directorio”.
Mencionan, en este sentido, el procedimiento para la extensión del plazo de concesión del depósito Nº 2 del puerto de Montevideo a la empresa Rilcomar SA, en el que sí se cumplió de manera correcta con el asesoramiento previsto en la ley. Para los denunciantes, esto muestra que Curbelo “conoce y entiende perfectamente la normativa que debía aplicarse, debiendo descartarse la existencia de cualquier tipo de error”.
En el caso de Rilcomar SA, la petición para la extensión de la concesión pasó por las áreas de Comercialización, Infraestructuras y Jurídico Notarial, así como por la División Desarrollo Comercial. El informe del Área Jurídico Notarial concluye que no debería modificarse el área de concesión a la empresa porque esto no sería acorde con el pliego de la licitación, y hacerlo vulneraría “el principio de igualdad de los oferentes que debe regir no sólo en la apertura de la licitación sino durante la ejecución contractual”. “Para que el operador pueda realizar servicios portuarios en esa zona debería otorgarse un permiso independiente de la concesión”, concluyen los técnicos. La ANP tomó en consideración este informe para denegar la concesión de las nuevas áreas solicitadas por la empresa.
En este sentido, los senadores frenteamplistas recuerdan en su escrito que en el acuerdo entre el Estado uruguayo y Katoen Natie la prórroga de la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo sí incorporó nuevas áreas y sin ninguna contraprestación. “Este punto es relevante porque también demuestra la dualidad de criterios aplicada por la misma administración, dependiendo de la empresa que se encuentra ‘del otro lado del mostrador’. Tal como se expresó en la denuncia, los jerarcas implicados omitieron solicitar cualquier tipo de informes previo a la firma del acuerdo (el más importante en la historia portuaria y probablemente el contrato público más lucrativo en la historia del país) porque eran plenamente conscientes de que los asesores alertarían acerca de las múltiples y evidentes ilegalidades en las que se estaba incurriendo”, sostienen los denunciantes.
“Lo sucedido en el proceso Rilcomar a partir de la participación de la Asesoría Jurídica de la ANP deja en evidencia qué es lo que los denunciados temían cuando decidieron omitir los procedimientos debidos al prorrogar la concesión al grupo KNG, incluyendo la elevación del asunto al directorio de la ANP tal como lo exige la ley”, añaden.
Para los denunciantes, Curbelo tenía conocimiento de la normativa y “dolosamente decidió ignorarla, con abuso de sus funciones y en perjuicio de la Administración”.
Perjuicios económicos para el Estado
Por otra parte, los legisladores presentan pruebas del perjuicio económico que le causó al Estado el acuerdo con Katoen Natie. Señalan que en 2022 se registró el primer ejercicio cerrado bajo la nueva normativa portuaria, y que según un informe elaborado por la directora vocal Alejandra Koch, entre 2021 y 2022 la ANP redujo sus ingresos “en casi tres millones de dólares por movimientos de contenedores en el puerto de Montevideo, a pesar de que 2022 fue un año récord debido al crecimiento de las exportaciones”.
Explican que esto sucede porque “cuando un contenedor se opera en los muelles públicos administrados por la ANP (donde opera principalmente la empresa Montecon, pero en los que era libre la entrada de cualquier empresa hasta la firma del acuerdo), la Administración percibe ciertos ingresos por el uso de esos muelles; en cambio, cuando el contenedor se opera en la terminal privada, la mayor parte de esos ingresos pasan a ser percibidos por el concesionario (Katoen Natie)”.
Los senadores denunciantes remarcan que esta pérdida de ingresos “no es resultado de decisiones libres de los agentes económicos, sino que es el resultado de haberse eliminado el régimen legal de libre competencia que existía anteriormente, sustituyéndolo por otro ilegal que consagra una supuesta ‘preferencia’ decidida administrativamente (en contra de lo previsto en la ley) que en los hechos va a derivar necesariamente en un monopolio”.
Estas pérdidas para el Estado, sostienen, tuvieron su correlato en ganancias de la multinacional belga, que en 2022 llegaron a aproximadamente 20 millones de dólares, lo que representa un incremento de 50% en sus márgenes de utilidad.
Los legisladores frenteamplistas advierten que estas cifras, “si bien son importantísimas, no reflejan todavía los verdaderos perjuicios que sufrirá el Estado y los verdaderos beneficios ilegales que percibirá el grupo KNG, los cuales sólo se verán concretados cuando se construya la ampliación de la terminal que consolidará el monopolio”. En este sentido, mencionan un informe adjunto a la denuncia, realizado por los economistas Jorge Polgar y Martín Vallcorba, que concluye que los beneficios obtenidos por Katoen Natie ascienden a 2.388 millones de dólares debido a las ganancias adicionales fruto del acuerdo y al aumento de valor de la terminal.
“Los primeros datos reales que ya tenemos y se exponen en el informe de la directora Koch demuestran que la estimación de los economistas es correcta o incluso conservadora, ya que el grupo KNG ya vio incrementada su ganancia anual en US$ 20 millones adicionales sin haber invertido aún absolutamente nada, por el solo efecto de la decisión administrativa de ‘derivar’ clientes que operaban en la terminal pública (muelles públicos) a la terminal privada. Y, desde luego, estas cifras todavía no reflejan el perjuicio para la economía nacional que se produciría cuando efectivamente una única empresa tenga el control de la entrada y salida de casi toda la mercadería que sale e ingresa al país”, remarcan los denunciantes.