El proceso de licitación para la extensión de la ruta 102 -más conocida como el anillo perimetral- hasta la ruta 1, recibió una única oferta que al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) no le convenció y, por lo tanto, la obra deberá esperar. El titular de la cartera, José Luis Falero, sostuvo en rueda de prensa que la propuesta recibida supera en 100 millones de dólares el costo estipulado por técnicos del MTOP, de 170 millones de dólares, y en ese sentido afirmó que “no se va a adjudicar” porque “no parece correcto” y quiere “más competencia”.
“Hemos dicho desde el primer día que cuando una obra, por más que la querramos hacer, no está dentro de los parámetros de lo razonable de los precios de mercado no estamos dispuestos a que esto suceda”, expresó Falero. Asimismo, dijo que no quiere “cometer los mismos errores como país” y mencionó como ejemplo el caso de la construcción del Antel Arena, que al final costó “cuatro veces más” que lo estimado originalmente. “A mí no me puede pasar”, enfatizó.
Falero negó rotundamente que esta decisión estuviera vinculada al pedido de suspender el proceso de licitación por parte de la Intendencia de Montevideo. Unos meses atrás, el 8 de frebrero, la intendenta de la comuna capitalina, Carolina Cosse, envió una carta a Falero en la que argumentó que este tipo de obras tienen que ser autorizadas por el gobierno departamental y que no lo harían hasta que se levantaran “las observaciones formuladas y haya consenso en que la obra propuesta se ajusta y es compatible con las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial”.
Por otra parte, investigadores y técnicos de las áreas de agronomía, botánica, biología de la conservación, ecología y zoología también habían expresado su “total oposición al proyecto” por medio de una carta dirigida al Ministerio de Ambiente. En la misiva los expertos argumentan que este proyecto “generaría graves impactos ambientales, y por lo tanto debería ser rechazado o relocalizado”. Uno de sus principales planteos es que resultaría afectado el Parque Natural Humedales de Santa Lucía, que es un área protegida. En relación a los reparos ambientales presentados, Falero sostuvo que “no hay riesgo ambiental alguno”.
También vecinos de la zona que sufrirán la expropiación de sus casas mostraron su preocupación por el desarrollo de la obra y la incertidumbre que despierta la falta de diálogo con las autoridades.
Ante estos planteo, Falero había dicho que no suspendería la licitación porque la obra “hay que hacerla”. De hecho, durante la rueda de prensa de este martes remarcó que el proyecto se va a volver a licitar porque “es prioridad para la movilidad”.
La semana pasada, la obra también fue cuestionada por la Mesa Departamental del Frente Amplio (FA), que acompañó el planteo de la IM en uso de sus potestades y competencias legales establecidas.
Para la oposición el trazado hecho por el gobierno “es violatorio de normativas vigentes sobre zonas de preservación ambiental legalmente establecidas”. Además, asegura que “generará una situación problemática a los productores de la zona rural de Montevideo”. La Mesa también había cuestionado que fueron “escasas” las instancias de participación e información a vecinos y a las organizaciones sociales de la zona, que ya cuestionaron dicho proyecto.