La Mesa Departamental del Frente Amplio (FA) se manifestó en contra de la apertura de la licitación, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para la construcción del tramo norte, entre las rutas 1 y 5, de la ruta 102, más conocida como perimetral.
La Intendencia de Montevideo ya había observado esta licitación e, incluso, hizo requerimientos. Semanas atrás, una vez que se anunció que se llamaría a que las empresas presentaran su propuestas, la intendenta capitalina, Carolina Cosse, envió una carta a la secretaría de Estado, en la que advirtió que “las obras públicas proyectadas por todo órgano del Estado o persona pública estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deberán ajustarse y compatibilizarse con las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial”.
Asimismo, en el mismo texto agregó que “el Poder Ejecutivo se abstendrá de promover la declaración prevista y de ejecutar el proyecto”, si es que este “resulta incompatible con las Directrices Nacionales o las Estrategias Regionales vigentes y aplicables”.
Para el FA, el trazado hecho por el gobierno “es violatorio de normativas vigentes sobre zonas de preservación ambiental legalmente establecidas”. Además, aseguran que “generará una situación problemática a los productores de la zona rural de Montevideo” y que se “someterá al pueblo de Santiago Vázquez y su entorno a una parálisis urbana, cercándolo con vías de tránsito veloz y de carga, y generará impedimentos al desarrollo de otras actividades posibles en la zona”.
“Afectará la vida de los animales del parque Lecocq y generará cambios negativos en el hábitat de la fauna salvaje, autóctona o de paso de la zona”, agregaron.
La mesa departamental cuestionó, a su vez, que fueron “escasas” las instancias de participación e información a vecinos y a las organizaciones sociales de la zona, que ya cuestionaron dicho proyecto.
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En la declaración, el FA dice que apoya la demanda de la Intendencia de Montevideo, en uso de potestades y competencias legales establecidas, de “corrección de los problemas que causará el actual trazado, así como en su defensa de definiciones legales de protección de territorios sensibles como este”. “La no respuesta del MTOP, sobre tales demandas, establece un mecanismo de relacionamiento institucional perverso e inaceptable”, añadieron, y exhortaron a la cartera a que cumpla con la Ley 18.308, establecida para la realización de obras públicas que “afecten los territorios”.
Por último, solicitaron la previsión de “tiempos necesarios, incluyendo la suspensión de la licitación, para cumplir con los procedimientos y requisitos legales, sociales e institucionales, a los efectos de mitigar la mayor parte posible de las afectaciones que se reseñan más arriba, en el trazado del tramo de ruta mencionado”.
Además, apunta que las organizaciones e instituciones sociales, académicas, políticas y de gobierno deberán trabajar en conjunto “para definir y acordar un nuevo trazado de este tramo de ruta, con los menores perjuicios posibles”.