“Declárase de interés general el diseño, promoción e implementación de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a los integrantes de la población afrodescendiente”, señala el artículo 2 de la Ley 19.122, que en su artículo 4 establece la obligación para los poderes del Estado, organismos de contralor y electorales, gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y personas de derecho público no estatal de destinar el 8% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año para ser ocupados por personas afrodescendientes.
Sin embargo, esta ley aprobada en 2013 sigue sin cumplirse. Según un informe elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y remitido en los últimos días al Parlamento, en ocasión de la discusión de la Rendición de Cuentas, solo cinco de 81 organismos estatales obligados en 2025 a incorporar personas afrodescendientes cumplieron con la cuota del 8%: la Fiscalía General de la Nación, UTE, la Intendencia de Durazno, la Caja Notarial de la Seguridad Social y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Según el informe al que accedió la diaria, en 2025 deberían haber ingresado al Estado 1.798 personas afrodescendientes y se incorporó a 406 (23%).
En tanto, la Ley Integral para Personas Trans aprobada en 2018 dispuso en su artículo 12 la reserva del 1% de los cargos estatales para esta colectividad. Solo cumplieron con la norma cuatro organismos de 45 que estaban obligados a hacerlo en función de la cantidad de gente que ingresó a trabajar en ellos: el Poder Legislativo, el Banco de Seguros del Estado, OSE y la Intendencia de Montevideo. De 217 personas trans que tendrían que haber ingresado al Estado en 2025, lo hicieron 26 (12%).
En tanto, el artículo 49 de la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad aprobada en 2010 establece que los organismos estatales “están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas en una proporción mínima no inferior al 4% de los puestos a ser llenados”. Solo seis organismos de 75 obligados cumplieron con esta cuota: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco Central del Uruguay, el Banco Hipotecario del Uruguay, la Administración de Ferrocarriles del Estado, la Intendencia de Flores y la Caja Notarial de la Seguridad Social. De 731 personas con discapacidad que deberían haber ingresado al Estado en 2025, solo lo hicieron 56 (8%).