La modificación del artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC) –ratificada por la ciudadanía en referéndum– es un objetivo que comparten el Partido Colorado (PC), el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio (FA). En ese orden, cada uno de ellos ha presentado en el último tiempo alternativas en el Parlamento para desandar lo que provocó ese artículo: el restablecimiento del artículo 36 de la ley de estupefacientes de 1974, que establece una pena mínima de cuatro años por ingresar drogas a las cárceles. Para la redactora del primer proyecto reparatorio, la senadora colorada Carmen Sanguinetti, la existencia de tres proyectos distintos “complejiza” la solución al problema.
El artículo 36 de la ley de estupefacientes dispone la aplicación de cuatro a 15 años de penitenciaría “cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales, o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público”. La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay ha informado que 95% de las formalizaciones por microtráfico por este artículo recaen sobre mujeres.
El proyecto del PC, elaborado por Sanguinetti y los senadores Raúl Batlle y Pablo Lanz, elimina la palabra “cárceles” del artículo 36 y agrega, entre otras modificaciones, que “el intento de ingreso de sustancias estupefacientes a establecimientos carcelarios” será considerado un “acto preparatorio de suministro”, que será castigado con 12 meses a cinco años de prisión.
El proyecto que elaboró el Poder Ejecutivo –por intermedio del Ministerio del Interior– también propone que el ingreso de drogas a las cárceles sea interpretado como un acto preparatorio. En diálogo con la diaria, Sanguinetti indicó que ambos proyectos comparten “la calificación [del delito] como acto preparatorio”, pero aclaró que mientras que el PC plantea una pena mínima de 12 meses, el Poder Ejecutivo propone como castigo mínimo 16 meses.
Por último, el proyecto del FA, presentado por el senador Sebastián Sabini, propone volver a la legislación previa a la LUC, que no establecía penas tasadas y dejaba a criterio de los jueces “una razonable ponderación de la gravedad de la conducta”. Asimismo, entre otras cosas, la iniciativa involucra al Instituto de Regulación y Control del Cannabis en el acceso de cannabis psicoactivo de las personas privadas de libertad.
Domenech: “Ya hay un orden de prioridad establecido y este tema no está”
Consultada por el proyecto del FA, Sanguinetti manifestó “sorpresa” porque, según dijo, en conversaciones con legisladores frenteamplistas ellos le dijeron “que estaban para respaldar el proyecto que había presentado” ella, y opinó que la aparición de una nueva propuesta “lo único que hace es complejizar” la resolución del asunto. “Nosotros lo trabajamos durante muchísimos meses con el respaldo del comisionado penitenciario, fiscales y exfiscales. Fue un proyecto que nos llevó mucho tiempo. Ojalá se trate con celeridad y se apruebe pronto. Lamento muchísimo que se haya presentado otro proyecto más”, expresó.
El senador del FA Enrique Rubio, miembro de la Comisión de Constitución y Legislación que estudiará los proyectos, dijo a la diaria que “hay que buscar un punto de equilibrio” entre las tres propuestas para “modificar esa legislación que introdujo la LUC y que ha tenido una consecuencia muy mala”. La pena mínima de cuatro años, sostuvo, “es una pena altísima” que afecta a “cientos de mujeres” por tratar de “introducir 30 o 40 gramos de marihuana”. “La LUC restableció una legislación draconiana sobre este tema”, subrayó.
Rubio señaló que el FA propuso que el tema del microtráfico fuese prioridad en la agenda de la comisión, lo cual fue rechazado por la coalición de gobierno y “el PC no dijo nada”. Al respecto, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, también miembro de la comisión, dijo a la diaria que “ya hay un orden de prioridad establecido y este tema no está”. Este martes la comisión tratará el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, el de reestructuración de deudas de personas físicas y el de reconocimiento de la libertad de conciencia e ideario.
“El ingreso de drogas a las cárceles es un tema muy delicado, porque tampoco se trata de facilitar que eso suceda: es muy grave ingresar droga a una cárcel. La verdad es que no lo tengo estudiado, habría que consultar a la gente que es responsable de las cárceles cómo se da el problema, qué importancia tiene para el sistema carcelario que se ingresen drogas, y eso no lo hemos hecho todavía”, manifestó Domenech.
El presidente de la Comisión de Constitución y Legislación es el exministro de Ambiente y ahora senador colorado Adrián Peña, quien retomará el martes su trabajo parlamentario. Hasta ahora quien estuvo al frente de la comisión fue la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien en comisión afirmó que el tema del microtráfico será tratado cuando se agoten “los temas que votamos como prioridad”. Y, como una “opinión de abogada”, agregó: “Si los jueces quieren, tienen facultades para dar prisión domiciliaria [...] los jueces siguen teniendo facultades en la consideración del caso concreto para dar prisión domiciliaria”.
Según Sanguinetti, el regreso de Peña, quien “está súper al tanto de la importancia de este proyecto”, implicará un reordenamiento de la agenda de la comisión.
El resultado del referéndum
El artículo 74 de la LUC fue uno de los 135 artículos que fueron sometidos a consulta popular el 27 de marzo de 2022. Para Domenech, esto “es un elemento a tener en cuenta” en el tratamiento de cualquier proyecto por “un tema de coherencia”, de “respetar los pronunciamientos populares”. Tanto Sanguinetti como Rubio opinan distinto.
Para la senadora colorada se trata de “una cuestión muy puntual”. La modificación del artículo, sostuvo, sería “una señal de madurez y pragmatismo” del sistema político, es decir, “de cambiar lo que haya que cambiar”. “No veo dónde está la cuestión escandalosa con respecto a eso. Uruguay está lleno de leyes que no logran los objetivos para los cuales fueron sancionadas y nadie hace nada al respecto”, afirmó.
En tanto, Rubio apuntó que desde el punto de vista jurídico constitucional “no hay ningún problema”. Aclaró que “sin duda” el resultado de un referéndum tiene un “valor político”, pero afirmó que a nivel legislativo “no hay ninguna exigencia que obligue a dejar inamovible una cuestión que fue ratificada por un referéndum”. Mencionó como ejemplo la trayectoria de la ley de caducidad, dos veces refrendada en las urnas, pero que “el FA propuso derogarla y lo hizo”.