El coordinador de Ciudadanos –sector mayoritario del Partido Colorado–, el senador Adrián Peña, dijo el martes en rueda de prensa que, “así como está presentado”, el proyecto de prisión domiciliaria del Partido Nacional (PN) “difícilmente cuente con nuestro apoyo”. No obstante, señaló que su sector planteará “alguna modificación” que eventualmente “permita que lo acompañemos”. Juntos, Ciudadanos y el Frente Amplio (FA) –que ya expresó su rechazo a la propuesta– tienen mayoría suficiente en el Parlamento para bloquear la aprobación del proyecto.
El texto, que pretende una visión más integral respecto al proyecto original de Cabildo Abierto (CA), continúa a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, presidida justamente por Peña. De acuerdo a lo que informó el senador colorado, sólo falta escuchar la opinión del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, instancia prevista para el 13 de junio. “Ahí estaríamos concluyendo la tanda de invitados y citados para opinar sobre el proyecto”, comentó Peña. Luego cada partido fijaría posición y el proyecto podría votarse en comisión.
La iniciativa del PN propone modificar el Código del Proceso Penal para autorizar a los jueces a dictaminar la excarcelación a partir de los 65 años y/o en determinadas circunstancias. En cambio, a partir de los 70 años el beneficio “se impondrá de oficio y sin más trámites”, salvo en algunos casos, como por ejemplo, personas procesadas por delitos de abuso sexual, violación o crímenes de lesa humanidad.
El principal cuestionamiento a la iniciativa es que la mayoría de los represores de la dictadura cívico-militar no fueron imputados por crímenes de lesa humanidad, sino por delitos de homicidio, tortura y secuestro, entre otros. Por lo tanto, con la aprobación del proyecto se beneficiarían más de 20 represores condenados por violaciones de los derechos humanos recluidos en la cárcel de Domingo Arena.
Consultado al respecto, Peña manifestó: “No sé si es correcto legislar expresamente, pero entiendo lo que motiva el pedido y parece razonable. Hay que ver cómo eso se contempla desde el punto de vista legislativo”. Señaló que la bancada de Ciudadanos analizará el tema en los próximos días “y seguramente podamos proponer algún cambio” en ese aspecto.
Acerca de establecer a texto expreso que el beneficio no aplicará para los represores en Domingo Arena, la senadora del PN Graciela Bianchi había dicho a la diaria que “eso sería un mamarracho” desde el punto de vista jurídico, ya que sería legislar “con nombre y apellido”.
En tanto, el senador de CA Guillermo Domenech reconoció este martes, en rueda de prensa, que el proyecto de prisión domiciliaria “es un tema polémico”. “Es de público conocimiento que este proyecto ha tenido opiniones en contra y a favor, porque también ha tenido opiniones a favor de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República”, señaló, en referencia a la comparecencia ante la comisión del director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, Germán Aller.
Ciepur: “Un indulto encubierto”
El martes fue el turno del Centro de Investigaciones y Estudios Procesales del Uruguay (Ciepur). Tal como adelantó la diaria, Ciepur manifestó su rechazo al proyecto de prisión domiciliaria ante los senadores de la Comisión de Constitución y Legislación. El centro de estudios penales calificó la propuesta como “un indulto encubierto” para los represores de la dictadura y advirtió además que es un texto inconstitucional porque “exorbita” la competencia del Poder Legislativo.
Asimismo, Ciepur sostuvo que resulta “de difícil defensa el fundamento humanitario” que esgrime el proyecto, dado que el grupo objetivo –esto es, las personas privadas de libertad mayores de 65 años– “no son ni en número ni en las condiciones en que están recluidas quienes deberían provocar la reacción humanitaria y sanitaria” del sistema político. Sobre todo, en comparación con “la gente joven que vive hacinada en cárceles indignas, donde ya ha muerto un número récord de reclusos”.
Al término de la sesión, el senador del FA José Carlos Mahía dijo en rueda de prensa que la exposición de Ciepur “fue contundente”. “Se sostiene que esto es un indulto encubierto y yo comparto, porque es una forma de intentar que personas que fueron sentenciadas por la Justicia uruguaya por delitos tan graves como secuestros o violaciones por parte del Estado, sean excarceladas y enviadas a cumplir su condena a su casa”.
Mahía apuntó que el trabajo de la comisión va concluyendo y expresó que ahora “hay que ser claro” en cuanto al posicionamiento que tendrá cada uno de los partidos. En el FA, sostuvo, “no compartimos que se utilice ningún subterfugio para intentar dejar libre a personas que desde el Estado atormentaron, torturaron y secuestraron”.