El último fin de semana cruzaron por todos los pasos fronterizos con Argentina “unos 80.000 uruguayos” que dejaron “entre 200 y 300 dólares” del otro lado, según dijo a la diaria el intendente de Salto, Andrés Lima, sobre la base de información que le solicitó a la Dirección Nacional de Migración.
“No son sólo uruguayos del litoral, tenés uruguayos de todo el país”, lo que es índice, a entender de Lima, de que “el gobierno no está viendo cómo va in crescendo esta problemática” generada por la diferencia cambiaria con Argentina. Por otra parte, según información de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Entre Ríos, en los últimos 18 meses “se han firmado 2.000 contratos de alquiler” por parte de uruguayos en distintas ciudades, explicó Lima.
No es sólo el número de cruces de frontera o la cantidad de familias uruguayas que se instalan en Argentina lo que da cuenta de la situación en el litoral del país. El desempleo, por ejemplo, se ubica en 14,2% en Salto, en 13,4% en Río Negro, en 12% en Soriano y en 10,5% en Paysandú, según datos del Instituto Nacional de Estadística respecto del trimestre comprendido entre diciembre 2022 y febrero de 2023. Si se compara con los números de 2019, la tasa de desempleo en Salto era de 12,5%, en Río Negro de 8,3%, en Soriano de 11% y en Paysandú de 9,2%.
Tanto los intendentes y los centros comerciales de los departamentos del litoral, como la Cámara Uruguaya de Industrias y más recientemente la bancada de diputados del Frente Amplio reclamaron medidas para paliar la situación.
Este miércoles de tarde, finalmente, los intendentes de Paysandú y Río Negro –Nicolás Olivera y Omar Lafluf, respectivamente– se reunieron con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. En el encuentro las autoridades les adelantaron las medidas que tomará el Poder Ejecutivo.
En primera instancia, el gobierno prevé ampliar la “ley de frontera” basándose en una facultad otorgada por la misma ley, que dio beneficios durante la pandemia a empresas ubicadas en zonas fronterizas. Esto implica que los emprendimientos ubicados “dentro de un radio máximo de 60 kilómetros del paso de frontera”, que se dediquen al “comercio al por menor” y cuyos ingresos brutos no estén por encima de 1.300.000 dólares anuales, serán exoneradas de “100% de los aportes patronales jubilatorios”, así como del pago de otros impuestos.
Asimismo, se implementará un “aumento del monto correspondiente a la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi)” a las estaciones de servicio de la frontera. Desde 2022 la reducción era de 30%; sin embargo, “dada la modificación de los precios relativos de las naftas en la región, se aumenta la reducción del Imesi a 40% del precio de venta”, además de “monitorear la evolución de las ventas de nafta en estos puntos”, informó Presidencia.
Por su parte, el Banco República comenzará a aplicar la campaña “beneficios para vos” a pequeñas farmacias del litoral, lo que implicará compras “con un descuento de 30% en las compras con su tarjeta Mastercard BROU Recompensa, los días martes y jueves, desde el 16 de mayo y hasta fin del mes de agosto de 2023”.
Asimismo, en diálogo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y por intermedio de la Dirección Nacional de Empleo, se incluirá “de modo excepcional” a quienes residan en estos departamentos “en el Programa Colectivos en Situación de Vulnerabilidad”, lo que implica que si una empresa contrata a un trabajador que tenga entre 15 y 29 años, o sea mayor de 45, y “pertenezca a un hogar que esté por debajo de la línea de pobreza”, el empleador “obtendrá un subsidio, por un lapso de entre seis y 12 meses, de 60% del salario si la persona es varón, o de 80% si es mujer”.
Consultado por la diaria, Lafluf indicó que junto con Olivera quedaron “conformes”, más allá de que “no alcanza, porque podemos tomar 200 medidas y nunca vamos a emparejar a Argentina, porque la diferencia que tenemos es muy grande”.
En tanto, Olivera entendió que “la gente, en uso de su libertad, cruza porque es más barato, y no se reduce sólo a la mercadería, sino también a nafta, estética, gastronomía, ópticas”; si bien agradeció la “sensibilidad del Poder Ejecutivo”, consideró que la diferencia es “tan abismal” que se vuelve “difícil de compensar”.