El Senado aprobó por unanimidad este miércoles la extensión del Programa Oportunidad Laboral, mejor conocido como jornales solidarios, en sus fases cuatro y cinco, que se extenderán desde junio de este año hasta diciembre de 2024 y serán subdivididas, a su vez, en cuatro etapas: junio a setiembre de 2023; octubre de 2023 a enero de 2024; mayo a agosto de 2024 y setiembre a diciembre de 2024. Pero pese a la unanimidad –que traía de comisión–, el proyecto del Poder Ejecutivo fue puntapié para un debate sobre las contrataciones en las intendencias departamentales.
El Frente Amplio (FA) acompañó el proyecto pero manifestó algunos reparos. El senador Daniel Caggiani señaló la preocupación en particular de sus intendentes –de Montevideo, Canelones y Salto– “en el sentido de que este proyecto disminuye el porcentaje de aporte que hace el gobierno nacional a la financiación del programa y aumenta la carga de ese programa, que debería ser nacional, a las intendencias, pasando de 70% de financiación nacional a 30% de financiación departamental”. Además, resaltó que “reduce el número de cupos: antes eran 15.000 personas que podían verse beneficiadas, hoy son solamente 9.000”.
Caggiani también llamó la atención sobre el monto de la remuneración que recibirán los beneficiarios, por 13.000 pesos nominales, “lo cual por 12 jornales será la menor en poder de compra desde el inicio del programa y se disminuirá en 2024 porque no tiene ajuste”. Asimismo, señaló que “cada cupo deberá ser ocupado por dos beneficiarios, cuatro meses cada uno, debilitando la capacidad de asistencia del programa edición tras edición”.
Las apreciaciones de Caggiani fueron cuestionadas por el senador blanco Sebastián Da Silva, quien subrayó que “intendentes de todo color han pedido la renovación” del programa desde su primera edición. “Yo me acuerdo de algún intendente del FA [que fue] a la Torre Ejecutiva a pedir la renovación de los jornales solidarios, y hoy se pone en tela de juicio”, apuntó.
“Lo que se vive es un desmadre”
El debate se agudizó cuando, en su intervención, el senador colorado Germán Coutinho –exintendente de Salto– se refirió a las contrataciones “que hace el intendente de Salto”, el frenteamplista Andrés Lima, “que contrata hasta por tres meses en forma directa a salteños que, por lo general, también tienen actividades políticas” y “ha contratado directamente a dirigentes políticos en forma directa con grados 10, 11, 12, pasando las carreras de funcionarios que tienen 30 y 40 años en la Intendencia de Salto”. “Por un lado reclaman jornales solidarios, mejores y más recursos, y por otro lado hacen los contratos que quieren”, lanzó Coutinho.
A su planteo respondió el senador frenteamplista Óscar Andrade, quien leyó las cifras de contrataciones directas por parte de las intendencias, entre las que destacan por mayor cantidad las de Soriano, Treinta y Tres y Durazno, todas nacionalistas, y quien recogió el guante luego fue el blanco Sergio Botana, exintendente de Cerro Largo, quien le respondió que son cifras mal sistematizadas por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil, porque, aseguró, se trata de renovaciones y no de nuevos ingresos.
“A mí me parecería una cosa muy sana que traigamos acá al director del Servicio Civil y a quienes hacen los registros, porque es verdad que en algún momento me ha tocado sufrir ese modo de registrar, rebuscado, equivocado, con tecnicismos adaptados a los que están más cercanos y bastante alejados de la realidad”, apuntó Botana.
En ese marco, el colorado Adrián Peña anunció que estará presentando “proyectos que vayan a ordenar estos temas a nivel de las intendencias, porque lo que se vive es un desmadre, y este debate evidencia que ese tema lo tenemos que tratar con seriedad”.