Desde el 29 de marzo, cuando fue aprobado en comisión, con los votos de la coalición y el rechazo del Frente Amplio (FA), el proyecto para indemnizar a “víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos” entre 1962 y 1976 estaba listo para tratarse –y aprobarse– en el plenario de la Cámara de Diputados. Estaba dispuesto que se tratase el 7 de junio, es decir, el día después del hallazgo de restos óseos en el Batallón de Infantería 14, pero a último momento se postergó, en principio, para el 4 de julio.
De una forma u otra, la aparición de los restos de una persona detenida desaparecida durante la dictadura cívico-militar frenó la votación del proyecto, sostienen varios legisladores, aunque con diferencias sobre el origen de la decisión. El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, que trabajó en el proyecto durante su pasaje por la comisión, dijo a la diaria que la votación en el plenario de la Cámara de Diputados se postergó a pedido de Cabildo Abierto (CA): “Se iba a votar la primera semana de junio, había fecha fijada, [pero] CA, que había impulsado el proyecto, pidió una postergación hasta la primera semana de julio”, señaló.
Consultado por las razones del pedido de CA, expresó que si bien “no fue explícito”, “estaba sobreentendido” que se debió al hallazgo en el Batallón 14. “Yo estaba dispuesto a votar de acuerdo a lo establecido”, afirmó Goñi, pero “cuando el que impulsa y promueve dice para posponerlo un mes, es de práctica parlamentaria que uno acceda al pedido”.
En cambio, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que eso es “completamente falso” y que la votación del proyecto –que estaba programada inicialmente para el 6 de junio, el mismo día que se encontraron los restos óseos– se pasó para el 7 “a pedido” del diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, “y después con el tema de la aparición de los restos no había ambiente por parte del resto de los partidos del oficialismo”. “Desde principio de año estamos reclamando votar el proyecto y siempre pasa algo que lo postergan”, agregó.
Pasquet confirmó a la diaria que él solicitó aplazar la votación un día por “un compromiso familiar”, pero sostuvo que la postergación de un mes “se decidió en coordinación”.
Por su parte, el presidente de la cámara, el nacionalista Sebastián Andújar, dijo a la diaria que además del hallazgo de restos pesó en la decisión “el reconocimiento del Estado por el caso “muchachas de abril” y el 50 aniversario del golpe [de Estado]”. “No era el mejor mes, yo encontré el consenso y lo postergamos a julio”, afirmó el diputado, y aseguró que encontró “100% respaldo por parte de todas las bancadas” en su criterio.
En tanto, desde el FA mencionaron a la diaria que cuando se conoció el hallazgo en el predio militar la bancada de la oposición solicitó “que no se discutiera” en el plenario de Diputados, dado que “no estaba bueno discutir ese tema tan delicado a la luz de lo que había sucedido”. De todos modos, en la oposición estiman que el proyecto será aprobado tarde o temprano con los votos de la coalición de gobierno.
En tal sentido, Goñi afirmó que “los votos estaban y los votos van a estar” el próximo 4 de julio, cuando se prevé el tratamiento definitivo del proyecto. “No veo ningún cambio de circunstancias. No hay dudas, o por lo menos nadie las ha planteado hasta ahora”.
Toda la Verdad: “Este tipo de postergación está dando un mensaje”
En diálogo con la diaria, Diego Burgueño, presidente de la Asociación Toda la Verdad –que agrupa a víctimas y familiares del “terrorismo sedicioso”, según su presentación–, afirmó que la postergación del proyecto a causa del hallazgo en el predio militar provocó “sorpresa” e “indignación” porque “no tiene nada que ver una cosa con la otra”.
“Este tipo de postergación está dando un mensaje, ya no subliminal sino directo, como que nosotros somos el polo opuesto, como que nosotros estamos en la vereda de enfrente y que somos casi el enemigo a la causa de los detenidos desaparecidos, y nada más lejos de la realidad“, expresó Burgueño, hijo de Carlos Burgueño, civil asesinado el 8 de octubre de 1969 por una bala perdida en un tiroteo entre policías y guerrilleros durante la llamada “toma de Pando” por parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
Comentó que los integrantes de Toda la Verdad se enteraron de la postergación “el mismo día de la votación”, bajo el argumento de que la discusión en el Parlamento podía “herir la sensibilidad por el hecho de haber encontrado recientemente restos de desaparecidos”.
El proyecto dispone principalmente una “reparación moral y patrimonial” a las víctimas de grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos, así como también “la construcción de monumentos que conserven su memoria”. El Estado pagará, por ejemplo, 150.000 dólares “a los causahabientes de quienes perdieron la vida”.
Desde la época de la dictadura el Estado ha participado de manera oficial en distintos reconocimientos a los “caídos” en la lucha contra la guerrilla y también ha aplicado reparaciones económicas a familiares de víctimas del ámbito militar, policial y civil.
Con los votos en contra de FA, que entiende que se está promoviendo una “visión hemipléjica del pasado reciente”, el proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla, enviado por el Poder Ejecutivo a instancias de Cabildo Abierto (CA), fue aprobado en el Senado a fines del año pasado. En caso de aprobarse en Diputados deberá volver al Senado por los cambios que se le hicieron en la comisión.
Según Burgueño, el FA “está presionando para postergarlo aún más”, en vista de que “después viene la discusión por el presupuesto [Rendición de Cuentas] y evidentemente eso puede dilatar más todavía”. “Quiero creer que el proyecto va a ser aprobado, pero no puedo asegurar que sea el 4 [de julio] porque lamentablemente esto fue presentado hace dos años y medio y se vino postergando. Llevamos tres o cuatro postergaciones. Honestamente, no me puedo fiar”, manifestó.