A un mes de su presentación, inserta en la salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, empezó a tratarse la segunda versión del proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA) para crear un mecanismo de “reestructuración de deudas de personas físicas”.
El martes compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado un equipo de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), que criticó los puntos centrales de la iniciativa. Luego de la sesión, el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA) comunicaron nuevamente su rechazo al proyecto.
El texto de CA propone la creación de un procedimiento administrativo para reestructurar las deudas en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El nuevo acuerdo deberá reservar “un ingreso mínimo al deudor para su sustentación”, no menor al 70% de sus ingresos mensuales. Si no hay acuerdo entre deudor y acreedor en el MEF, la negociación continúa en el ámbito judicial, y en última instancia un juez civil “impondrá por sentencia una reestructuración judicial forzosa de la deuda” en función, entre otras cosas, de lo que a su “criterio” resulte de “factible cumplimiento por el deudor”.
Podrán recurrir al proceso de reestructuración aquellas personas que no tengan un activo inmobiliario superior a 238.000 dólares, que no sean titulares de vehículos con un valor mayor a 22.300 dólares y que no tengan ingresos mensuales de más de 116.000 pesos.
Según planteó AEBU en un informe, al que tuvo acceso la diaria, estas tres condiciones las reúne el 90% de la población, por lo tanto, el proyecto “pone en jaque tanto la capacidad del ministerio como del Poder Judicial de atender los casos”. El informe sostiene que las personas de menores ingresos “son las que tienen mayores problemas de acceso al crédito, además de pagar mayores tasas de interés por el riesgo asociado que el mercado les asigna”.
Aparte de su “criterio”, el juez deberá considerar en la reestructuración el concepto de “deuda justa”, definido en el proyecto como el monto inicial del préstamo convertido a unidades indexadas, más una tasa efectiva anual del 2% y menos los pagos ya efectuados por el deudor. Según la traducción de AEBU, esto determinaría “una tasa inexistente actualmente en el mercado de créditos”, que podría “incentivar al deudor a no pagar”.
Asimismo, al margen del mecanismo de reestructuración, el texto de CA establece un tope de interés máximo “equivalente a cuatro veces el valor de las tasas a las que se endeuda el Estado”. El informe de AEBU estima que con dicho tope el interés máximo “rondaría el 44%”, y advierte que en el pasado mes de abril el 52% de las operaciones “se realizaron con tasas por encima del tope propuesto”.
AEBU admite que esta limitación del interés sería “una baja significativa en las tasas que actualmente se asumen para determinados créditos”, pero señala que al mismo tiempo “puede terminar desincentivando a las empresas a ofrecer créditos”. Esto, a su vez, “aumenta el riesgo de que muchas personas enfrenten barreras para acceder a un crédito en el sistema formal, viéndose excluidos y, por lo tanto, obligados a recurrir a mecanismos informales”, los cuales “pueden alcanzar el 1.000%” de interés en los préstamos “a veces llamados 'gota a gota'”.
El representante de CA en la comisión, el senador Marcos Methol, respondió a estas advertencias de AEBU. De acuerdo a la versión taquigráfica, a la que tuvo acceso la diaria, dijo haber leído “los discursos de los legisladores que votaron la ley” de usura en 2007, y “estoy seguro de que lo hicieron con la mejor buena fe”, pero “cuando uno ve los resultados después de muchos años creo que es difícil sostener que se haya logrado efectivamente plasmar ese espíritu del legislador”. El informe de AEBU consigna que, en mayo, el promedio de las tasas cobradas a los créditos con autorización de descuento fue del 72%.
La información disponible “no es suficiente”
AEBU remarcó que la información disponible sobre el nivel de endeudamiento de las personas “no es suficiente”. Únicamente con base en los datos que reportan las instituciones financieras del sistema formal al Banco Central surge que cerca de 690.000 personas son consideradas como “deudores problemáticos”.
Para AEBU, la situación requiere “políticas políticas” y “un enfoque de largo plazo”, aparte de “medidas de carácter más urgente”. A modo de ejemplo, planteó constituir “un fondo de garantía para reestructuración de deudas de sectores vulnerables”. El proyecto de CA, sostiene el informe, “puede generar grandes distorsiones” en el mercado financiero, “perjudicando a aquellas personas en condiciones más vulnerables” y “restringiendo aún más el acceso al crédito en el sistema formal”.
Al respecto, Methol aseguró que, gracias a “los efectos no deseados de esa ley de 2007”, actualmente ya existe una “gran expulsión al sector informal de miles de personas”. Y lanzó varias preguntas: “¿Cómo hacen hoy para acceder al crédito esas personas que están en las categorías 4 y 5 del Banco Central como deudores irrecuperables, o las que están en el Clearing por alguna situación de incumplimiento? ¿No les parece que el actual es un número significativo como para generar una modificación radical de ese cálculo?”.
Graciela Bianchi: “No lo consideramos viable”
“La conclusión que sacamos nosotros es que no podemos acompañar el proyecto de CA porque prácticamente abarca a todo el sistema”, dijo el senador del FA Charles Carrera en rueda de prensa, tras la visita de AEBU. A su criterio, la iniciativa cabildante “es inviable”. Recordó que los proyectos anteriores tenían como grupo objetivo a personas con salarios inferiores a 40.000 pesos.
“Desde el FA, a principios de este año, presentamos un proyecto que tiende al más vulnerable, es decir, a ese millón de uruguayos que está en el Clearing, a esas personas que por falta de información de las instituciones fueron víctimas de publicidad engañosa”, afirmó Carrera, y opinó que CA está buscando “su razón de ser” para “diferenciarse” del resto de la coalición.
La senadora del PN Graciela Bianchi coincidió en rueda de prensa en que, sin modificaciones, “este nuevo proyecto que presentó CA no lo consideramos viable”. Dijo que se pretende abordar un problema “sin segmentar situaciones diversas” y que podría colocarse al sistema financiero en “una situación compleja”. Bianchi reiteró que el Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto alternativo “que sea viable”.