A partir de que Cabildo Abierto (CA) presentó un nuevo proyecto de ley para reestructurar deudas de personas físicas, el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos no paró de recibir críticas. A la espera de un anunciado proyecto del Poder Ejecutivo sobre el mismo tema que hasta el momento se desconoce, CA se apresta a iniciar el camino de una recolección de firmas para ir a un plebiscito que plasme sus medidas en la Constitución, para lo que se requiere juntar las adhesiones de 10% del padrón electoral antes de abril de 2024, seis meses antes de la próxima elección nacional.
Quien pareció ubicarse como un posible aliado de CA en este tema, tiempo atrás, fue el Frente Amplio (FA), que presentó dos proyectos de ley sobre la misma materia luego de que el proyecto original de CA no reuniera el consenso necesario en el Parlamento. Pero en las últimas horas sus diferentes integrantes explicitaron que no acompañarán la nueva propuesta del partido de Manini Ríos.
En diálogo con la diaria, el senador del FA Mario Bergara aseguró que no ve “viable” lo planteado por CA porque “se violentan contratos ya hechos, cosa que en la normativa y en la jurídica uruguaya no es razonable”. Pero, además, apuntó a un aspecto señalado por varios dirigentes y es que si se aprueba el proyecto, las empresas prestamistas elevarán los requisitos para acceder a un crédito. En este sentido, advirtió que “el riesgo de imponer ciertas restricciones puede llevar a que ese sector de la población, que está sufriendo más este tema, deje de tener acceso al financiamiento en las instituciones formales y termine endeudado en el usurero del barrio”, lo cual sería “una situación mucho peor”.
Si bien dijo que hay que ser “absolutamente solidarios con situaciones de sobreendeudamiento de muchas familias”, no se puede “redefinir la tasa de interés de un contrato que se hizo hace tres años”. “Eso es inviable totalmente”, expresó Bergara, y se preguntó “hasta cuándo este proyecto es de verdad, cuando ya se sabe desde el principio que no tiene viabilidad alguna”. En su opinión, “tiene más apariencia de gestualidad política demagógica que de una búsqueda sincera y real de resolución de situaciones críticas”.
Por su parte, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo a la diaria que este “es un proyecto que no tiene ninguna relación con el original”, del cual el FA había procurado “levantar las observaciones” para redactar uno nuevo. Dijo que en el original “el objetivo específico” era atender la problemática vinculada a créditos de consumo, pero en el nuevo “se suman todas las deudas”, incluso las hipotecarias y prendarias, “y no hay un límite de deuda que pueda ser objeto de este proceso”. En cambio, “el único límite” es que quien puede acudir a mecanismos de solución, tanto administrativos como judiciales, “no puede tener un bien que supere los 240.000 dólares, un vehículo que supere los 22.000 dólares ni un salario que supere los 3.000 dólares”, lo que, a su entender, no apunta al “vulnerable”.
Carrera dijo que se cambió “lo que podría ser consensuado” en el Parlamento. Consideró que este proyecto “es como para no llegar a un consenso, es para romper el consenso”, y que el objetivo de CA es “marcar perfil”.
Similares son las opiniones en la coalición de gobierno; así lo explicó, por ejemplo, el senador del Partido Nacional Sergio Botana. Dijo que, por “una cuestión de formas”, puede “terminar atentando contra los pobres”, porque si bien se propone “combatir abusos de intereses de las financieras”, el articulado no está limitado a las financieras, “sino que abarca todo el crédito”. Pero, además, entiende que la iniciativa “puede terminar atentando contra el crédito” en el sentido de que posteriormente se limite su acceso, y “al crédito lo necesita más el más pobre”.
Para Botana, “está bien ir contra el abuso financiero, está mal ir contra el cŕedito”. Más allá de eso, también cuestiona los “mecanismos” de resolución de conflictos planteados en el proyecto, porque “le pondremos a Defensa del Consumidor y a los juzgados cientos de miles de casos que no sabemos si el sistema está dispuesto a soportar”.
Manini Ríos: “Se está armando una olla de presión que si no tiene una válvula de escape” terminará “reventando”
Manini Ríos, por su parte, comentó a la diaria que las posiciones contrarias, incluso del FA, “no sorprenden para nada”. “El FA en cierta forma es el padre de la criatura: aprobó una ley en 2007, la 18.212, en la cual se amparan las instituciones prestamistas al día de hoy para cobrar intereses, a nuestro entender, de usura”. “La Constitución de la República en el artículo 52 dice claramente que está prohibida la usura, y ¿cómo se le llama a un interés del ciento y pico por ciento, que llegó a cerca de 200%, en un país donde la inflación no llega a 10%? Para nosotros hay sólo una palabra que define eso, y es usura”.
Para el excomandante en jefe del Ejército, dada “la magnitud del problema” y “la cantidad de gente afectada”, luego de analizar la propuesta “es probable que algún partido” adhiera a la iniciativa, que afirmó que “es mejorable”. En caso contrario, el partido irá por un “plebiscito constitucional” que implicaría “incluir en la Constitución disposiciones que en los hechos generen el efecto” que busca esta ley, que se votaría junto a las elecciones de 2024. Para eso es necesario juntar las firmas de 10% del padrón electoral, y Manini afirmó que CA podrá “juntar esas firmas” porque el número no implica un “obstáculo”.
El líder de CA dijo que “aquí se está armando una olla de presión que si no tiene una válvula de escape”, terminará “reventando”, y “no queremos que reviente acá en Uruguay”. Explicó que “las familias están cada vez más comprometidas, acogotadas, de manos atadas sin poder acceder al crédito, con los haberes del trabajador y del jubilado totalmente menguados por los intereses de usura”, y que esto será una combinación que generará “un ambiente de tensión social que, como ha pasado en otros países”, se encenderá por “una chispa”.
“En Chile fue la suba del subte, en otros lugares la suba del pan; por un hecho de apariencia menor termina reventando. Nosotros no queremos que eso ocurra acá en Uruguay, pensamos que hay que encontrar una solución”, dijo, y rebatió que no se puedan cambiar las reglas de los préstamos una vez entregados: “Las reglas de juego no las estableció ni Moisés ni Jesús, las estableció el gobierno anterior a este, así que este gobierno puede cambiarlas perfectamente”.