Como estaba previsto, el 31 de mayo fue el último día en el que los talleristas del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) dieron clases a los jóvenes privados de libertad en las dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Un día antes, el 30, realizaron un cierre con todos –talleristas y alumnos– en la Colonia Berro para ponerle un punto final luego de 30 años al Proyecto Nexo, a través del cual se impartían las clases de informática, gastronomía, maquillaje artístico –que se daban en los centros–, barbería, alfabetización laboral y serigrafía –que se impartían fuera del predio para quienes obtuvieran los permisos–.
La decisión, tomada en enero por el directorio de Inisa, fue por “un tema de costos”, según dijo la presidenta de Inisa, Rosanna de Olivera, a la diaria luego de salir de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde el mes pasado ya estuvo Serpaj. “Teníamos nueve talleristas con 56 horas de Serpaj”, mientras que esperan, a través de una licitación que se abrirá, “tener cinco talleristas con 100 horas semanales”.
En una comparecencia anterior, ante la comisión de Población y Desarrollo de Diputados, de Olivera había explicado que “en enero de 2022 hubo 39 adolescentes” que cursaron los talleres de Serpaj y se pagaron “497.600 pesos” mientras que “en febrero se atendió a 63 adolescentes y pagamos 454.000 pesos”.
“Lo que nos importa es la cantidad de horas que le llegan de taller al adolescente, si lo dan cinco o lo dan nueve es algo que no nos interesa, venimos a este lugar como presidenta del Inisa a tener un Estado eficiente”, aseguró el martes, al tiempo que señaló los otros talleres que imparte Inisa a través de convenios como con “Fundación Movistar, Halcones, Don Bosco”.
A través de un convenio con UTU se pueden “acreditar saberes”, es decir, “todos los talleristas nuestros les enseñan a los chiquilines diferentes oficios, viene la UTU y los acredita” puesto que al entender de la jerarca “no es lo mismo tener un diploma que diga INISA o Serpaj que uno que diga UTU”; asimismo, los que se imparten “son cursos cortos, estos chiquilines necesitan salir a trabajar”.
Según De Olivera, hoy en día son “360 adolescentes que están con medidas alternativas contra 270 que tienen medidas privativas”, pero en la rendición de cuentas irán “por poder cumplir finalmente la ley de creación de Inisa” que establece que es el organismo el que “tiene que administrar las medidas alternativas” algo que “en algunas partes del país lo está haciendo INAU [Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay]”.
No es “solamente un tema de sueldos”
“Todos los días había talleres en Serpaj”, sentenció Andrea Sorondo, integrante de la organización, en diálogo con la diaria. Además, se dictaban “los 365 días del año, hasta cuando había vacaciones en secundaria”.
A la hora de pensar los cursos y la “gestión de la política pública”, se hace “difícil” llevarla “sólo desde una perspectiva, porque no se pueden quedar solamente en lo económico”, más allá de que fuera “un presupuesto que ya estaba establecido para el quinquenio”.
Según Sorondo, “la trayectoria que ha tenido el Programa Nexo es porque también ha tenido recursos”, y no es “solamente un tema de sueldos”. “Por ejemplo en el taller de gastronomía que se dictaba de lunes a viernes en dos turnos: no es solamente el suelo del docente, sino además es la materia prima, las elaboraciones”, insistió; en este sentido, se debe “pensar en la calidad y el contenido de los cursos” en lo que fue “un trabajo sumamente serio”.
“Lo económico se visualizaba en la calidad de los cursos y eso es un proceso que requiere un montón de herramientas, tenían recursos materiales” algo que notaron “ahora que estamos haciendo inventarios” para entregar los materiales.
“En el mismo sentido de recorte”
Consultada por la diaria, la senadora Sandra Lazo, del Frente Amplio, indicó que Inisa les explicó en la comisión que “es el triple del costo” de lo que se prevé, pero “en realidad tiene una forma bastante compleja de discriminarse” el gasto puesto que, “existe un rubro dentro de lo que es el Inisa, que abarca todos los contratos con las organizaciones sociales, tal es el caso de Serpaj”.
Sobre esto, explicó Lazo, es que pidieron la información por escrito a las integrantes del directorio aunque le “deja muchas dudas el hecho de que haya un rubro dentro de Inisa que no sea el rubro cero, el de sueldos, en el cual están contemplados esos dineros para la contratación con una organización como Serpaj”.
Al mismo tiempo, indicó que desde Inisa les dijeron “que podríamos pensar que es por una cuestión de índole ideológico político” pero reiteraron que era de índole presupuestal; para Lazo, esto “viene en el mismo sentido de recorte que en otras áreas de la administración pública” y en Inisa “lo hicieron por ahí”.